Personas mostrando banderas salvadoreñas (Crédito: Salvador Meléndez/Revista Factum)

La administración de Donald Trump decidió el 6 de noviembre eliminar la protección migratoria conocida como TPS para unos 2.500 nicaragüenses amparados, y renovar seis meses más el beneficio para 57.000 hondureños mientras toma una decisión final en este último caso.

El 6 de noviembre se vencía el plazo legal que tenía el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus iniciales inglés) para decidir sobre hondureños y nicaragüenses; en enero de 2018 tiene que tomar una decisión sobre la renovación o no para unos 194.000 salvadoreños amparados.

El Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) es un beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo de Estados Unidos a migrantes indocumentados de países que han sufrido por guerras o desastres naturales, y cuya integridad física puede verse afectada si son obligados a retornar a sus lugares de origen. Para ampararse al beneficio los aplicantes deben cumplir requisitos estrictos de seguridad, no haber cometido delitos en Estados Unidos y registrarse siempre que el beneficio es renovado, lo que en general ocurre cada 18 meses.

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A hondureños y nicaragüenses el TPS los amparó en 1999, tras el paso del huracán Mitch por esos países.  A los salvadoreños fue en 2001 debido a dos terremotos que destruyeron buena parte del país aquel año.

Desde entonces, las administraciones de George W. Bush y Barack Obama renovaron varias veces el beneficio bajo el argumento de que las condiciones que generaron el riesgo para los beneficiarios no habían cambiado y que nuevas condiciones adversas, como la violencia, habían surgido en países como Honduras y El Salvador, lo cual impedía el retorno seguro de los tepesianos. Todo eso cambió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En abril de 2017, en línea con la plataforma antiinmigrante con la que compitió por la presidencia, la administración Trump dió los primeros pasos para acabar con el TPS otorgado a 50,000 haitianos en 2010 tras un devastador terremoto. Muchos analistas entendieron esa decisión como el prólogo de lo que sucedería con los TPS centroamericanos.

Por el momento, el DHS ha postergado la decisión sobre hondureños y tiene pendiente la que atañe a los salvadoreños. Si al final el gobierno estadounidense decide cancelar el beneficio cerca de 260.000 personas originarias de dos de los países más violentos del mundo quedarían desamparadas; sus destinos inmediatos más previsibles serían la deportación o el regreso al estatus de indocumentados. Todo esto tendría implicaciones importantes para la seguridad de la región y consecuencias en temas relacionados al crimen organizado. InSight Crime explora cinco de ellas:

1. Aumento en la trata de personas y el tráfico ilegal de seres humanos

Culminado el TPS, los beneficiarios pierden su estatus legal, con lo que automáticamente pasan a ser sujetos de deportación. Especialistas consultados por InSight Crime en Washington, DC no creen que haya deportaciones masivas en principio; sin embargo, a la luz del endurecimiento de las acciones de la Agencia de Migración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) durante la administración Trump, no hay garantías de que los ex TPS no se conviertan en objetivos para las autoridades migratorias federales, sobre todo si se toma en cuenta que el gobierno cuenta con toda la información sobre las viviendas de estas personas. Además, según cálculos del Centro de Recursos y Asistencia para Centroamericanos (CARECEN), alrededor de un 20 por ciento de los beneficiarios del TPS contaban con órdenes de deportación antes de recibir el beneficio, debido en su mayoría a faltas migratorias. Si el TPS termina, la orden de repatriación vuelve a estar vigente.

De ser deportados, los exbeneficiarios llegarían a vivir a países con los que ya casi no tienen vínculos y en los que la situación de seguridad ha empeorado drásticamente en las últimas dos décadas. En el caso salvadoreño, el gobierno asegura que programas de reinserción para repatriados han absorbido a unas 3.000 personas en el mercado laboral en los últimos años; sin embargo, El Salvador crea muy pocos empleos nuevos, con lo que es previsible que tepesianos recién llegados, más preparados en general que la mano de obra local, desplacen a salvadoreños que no han migrado.

En cualquiera de los casos, el cambio en la situación migratoria de los beneficiarios podría generar nuevos ciclos migratorios, tal como lo reconoció el canciller salvadoreño en Washington la semana pasada. "[Si Estados Unidos elimina el beneficio] sería una decisión disruptiva que podría generar una nueva oleada de migrantes", dijo el funcionario. De ser así, las redes de crimen organizado vinculadas al tráfico de personas tendrían nuevos mercados.

2. Redes de falsificación de documentos en Estados Unidos

Con el TPS, el gobierno estadounidense otorga un permiso de trabajo que ha permitido a los beneficiarios insertarse de lleno en mercados laborales mejor remunerados que aquellos a los que tienen acceso los indocumentados. El estatus también ha permitido a los tepesianos adquirir bienes raíces a través de hipotecas que han podido pagar gracias al acceso a mejores empleos. Activistas consultados en Washington creen que algunos beneficiarios, al verse excluidos de estos mercados laborales, intentarán acudir a documentos falsos para poder acceder a trabajos mejor remunerados. Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, cree que esto es una posibilidad real.

3. Incremento en actividad pandillera en Estados Unidos y El Salvador

Donald Trump y su fiscal general, Jeff Sessions, suelen decir que la MS13 y el crimen asociado a ella son problemas importados a Estados Unidos desde Centroamérica. Eso, en realidad, es mentira. No es solo que esa pandilla nació en Estados Unidos, hoy es también que las decisiones políticas de la actual administración están contribuyendo a que la MS13 amplíe sus campos de acción. Ya con la insistencia del Departamento de Justicia en acosar a las fuerzas de policía locales que no ayudan a ICE a deportar más indocumentados centroamericanos, los condados han perdido la confianza de sus comunidades y, con ello, la capacidad de atacar a la MS13 con mejor información sobre su líderes y actividades, tal como lo han reconocido jefes policiales en el Senado estadounidense. Hoy, si el TPS desampara a decenas de miles de hondureños y salvadoreños –dos de las nacionalidades entre las que la MS13 es más fuerte– muchos jóvenes quedarán expuestos a situaciones de vulnerabilidad económica y de estrés familiar que podrían aumentar la posibilidad de que sean reclutados por la pandilla en Estados Unidos. Un escenario similar podría preverse para el caso de repatriados a El Salvador u Honduras; después de todo, en el ciclo de vida de la MS13 los jóvenes deportados a barrios centroamericanos controlados por la pandilla han sido uno de los grupos de los que más reclutas han salido.

4. La extorsión

Una de las modalidades de chantaje en el que la MS13 se embarcó desde hace una década es la extorsión binacional coordinada desde Estados Unidos y ejecutada en El Salvador. En esencia, lo que ocurre es que miembros de la pandilla recogen la información y controlan el paradero, en El Salvador y Honduras, de personas que tienen familiares en Estados Unidos. Pandilleros residentes en ciudades estadounidenses utilizan esa información para cobrar peajes a los parientes en el norte a cambio de no dañar a los familiares en Centroamérica. El problema llegó a ser tan grave que en 2010 el gobierno de El Salvador abrió el programa “Denuncia Exprés” a través de su embajada en Washington para que un policía salvadoreño tomara la denuncia a las víctimas, lo que sirvió para perseguir a los pandilleros en El Salvador. La llegada de más deportados debido a la cancelación del TPS a pueblos y barrios dominados por pandillas los convertirá en víctimas potenciales de este tipo de extorsiones que pueden ser cobradas en Estados Unidos, o simplemente de chantajes cobrados en El Salvador.

5. El deterioro general de las condiciones de seguridad en Honduras y El Salvador

Las últimas proyecciones sobre homicidios indican que Honduras cerrará 2017 con una baja de alrededor del 20 por ciento en los asesinatos respecto al año anterior. La situación no es tan buena en El Salvador, donde la guerra abierta entre el Estado nacional y las pandillas hace que el promedio diario de homicidios no baje de 12 en el mejor de los casos. Esta violencia, según han reconocido los gobiernos de Estados Unidos y con más reticencia los tres del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), es una de las principales causas de la migración hacia el norte. En 2014, y luego del crecimiento en los flujos migratorios de menores sin compañía que llegaban en buena medida huyendo de las pandillas, Washington y sus homólogos centroamericanos lanzaron la Alianza para la Prosperidad, un programa de asistencia que se supone está orientado a disminuir las condiciones de violencia y pobreza que provocan la migración. La eliminación del TPS, que en principio impedirá a cientos de miles el acceso a mejores condiciones económicas y distorsionará aún más los ciclos migratorios y deportaciones, no contribuirá a los objetivos de ese plan; al contrario, provocará nuevas condiciones que alimentarán nuevos ciclos de violencia y criminalidad. De acuerdo con el canciller salvadoreño Martínez, la eliminación del TPS es una decisión que “va en contra de la estrategia prevista por la Alianza para la Prosperidad… [y] tendría una implicación para la estabilidad de El Salvador”.