José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”

Funcionarios de Estados Unidos están investigando las transacciones bancarias y el origen de las finanzas de Chepe Diablo, quien fue añadido a la lista de capos (Kingpin List) del país a principios de este año. Él tiene importantes acciones en empresas de importación de cereales, hoteles y en una empresa de construcción en El Salvador, escribe el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos. ¿Qué podrían desenterrar sobre el presunto líder del Cartel Texis?

Fue el dinero. No fue la droga que investigaciones de la policía salvadoreña vinculaba a algunos de sus socios. Fue la plata la que llamó la atención de los investigadores de varias agencias federales de aplicación de la ley en Washington y San Salvador. José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, era un hombre con demasiado dinero en una economía que, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, es muy vulnerable al lavado de activos.

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“Hay aún mucho dinero que él [Salazar] no es capaz de justificar. Eso es lo más importante en estas investigaciones”, confirmó en la capital estadounidense un agente federal relacionado con las pesquisas en torno a Chepe Diablo, tanto en San Salvador como en Washington.

Una investigación de un periódico reveló que Salazar Umaña había quintuplicado sus rentas en seis años: de reportar 2,7 millones de dólares en 2004 pasó a reportar 13,06 millones en 2010.

“Eso no es en principio ilegal, pero hay buena parte de ese dinero para el que no hay explicación, y hay más plata que está fuera de las declaraciones [que Salazar hizo al fisco salvadoreño]”, dijo un investigador salvadoreño que ha estudiado las finanzas de Chepe Diablo desde principios del 2000.

El agente federal estadounidense, quien habló con condición de anonimato para poder discutir una investigación en curso como esta, aseguró también que varias agencias del gobierno estadounidense participan de las pesquisas: el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Fue OFAC la que informó a la Casa Blanca sobre Salazar Umaña y su dinero, y fue basado en ese informe que el presidente Barack Obama incluyó el 31 de mayo pasado al empresario salvadoreño en la lista de capos internacionales del narcotráfico.

A partir de la designación hecha por Obama, según el investigador federal y otras dos fuentes que han estado relacionadas con el caso, la OFAC ha enviado cartas a proveedores estadounidenses que tenían tratos comerciales con Salazar Umaña, sus empresas o algunos de sus socios para que los terminen.

Al menos dos empresas, Chevron y ADM, han recibido comunicaciones de la OFAC, según las fuentes estadounidenses. La primera empresa, petrolera, vendía a Salazar Umaña, quien llegó a tener en propiedad al menos ocho gasolineras. La segunda empresa, de insumos agrícolas, abastecía a Gumarsal, empresa de la que Salazar Umaña fue socio fundador, según consta en el Registro de Comercio y en archivos policiales en El Salvador.

El agente federal estadounidense confirmó, también, que las pesquisas se extienden ahora a más empresas de Salazar Umaña, sobre todo en el rubro hotelero.

Más dinero que droga

El Salvador es un país que, según el Departemento de Estado, provoca preocupación a las autoridades estadounidenses por su potencial para servir como base a lavadores de dinero del narcotráfico y otros ilícitos relacionados al crimen organizado en Centroamérica. En 2014, el Departamento de Estado incluyó al país, por cuarto año consecutivo, en una lista de países que no cumplen con algunas regulaciones para vigilar dineros sospechosos, como los de Salazar Umaña.

En su informe sobre lavado de dinero y activos de 2014, el Departamento de Estado dice: “En El Salvador, las organizaciones de crimen organizado emplean los siguientes mecanismos para lavar dinero: el uso de compañías fachada, estacionamientos, agencias de viaje, remesas, importación y exportación de bienes y transporte de carga”.

El Cartel de Texis, la organización criminal con la que las autoridades salvadoreñas relacionan a Salazar Umaña desde al menos 2008, maneja en su portafolio legal empresas dedicadas a la importación y exportación, la hotelería, el transporte de carga y la producción agrícola.

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Según una fuente salvadoreña del Ministerio de Hacienda que ha colaborado con las investigaciones estadounidenses en torno a Salazar Umaña y al grupo de narcotráfico al que se le asocia, el Cartel de Texis se especializó, desde mediados de la década pasada, en el lavado de activos. Este investigador que también estudió las finanzas de "Los Perrones", el grupo de narcotráfico del oriente salvadoreño, hace la siguiente comparación:

“Los Perrones movían droga sobre todo, ahí están las condenas por eso, y habían empezado con algunas empresas pequeñas para lavar ganancias, pero la gente de [el Cartel de] Texis tiene un esquema más complejo de empresas y relaciones comerciales que son como muchas empresas del país que no reportan todo lo que les entra... en el país hay circulando mucha plata que no sabemos de dónde viene”.

Una vieja investigación

El nombre de José Adán Salazar Umaña, sus datos generales, su alias y sus empresas aparecen en el anexo 16 de un informe que el Centro de Inteligencia Policial elaboró entre 2008 y 2010 sobre grupos de narcotráfico y lavado en el occidente del país. Al principio, el informe llevó el título “Límites”.

“Era una organización grande, que trabajaba sobre todo en la frontera, por eso le pusimos ese nombre”, dice uno de los policías que participó en la investigación.

En la página 60 de ese documento -de 128 páginas- empieza un cuadro que resume las actividades económicas y comerciales de Chepe Diablo hasta 2009.

Dice el informe que a partir de ese año, Salazar Umaña fue autorizado como importador de lubricantes y combustibles y que tenía participación directa en 4 sociedades: Hoteles Salvadoreños S.A. De C.V., con el 60 por ciento de las acciones; Servicios Logísticos S.A. De C.V., dedicada al transprote de carga y personas y a trámites aduanales, con el 34 por ciento de las acciones; Inversiones Salazar S.A. De C.V., dedicada a la compra de carteras de inversiones, con el 70 por ciento; y Servicios Turísticos S.A. De C.V., dedicada a la administración de hoteles, con el 70 por ciento de las acciones.

El informe también consigna que, en 2009, Salazar Umaña era dueño de 2.448.078 metros cuadrados de tierras, repartidos en seis propiedades rurales y dos urbanas.

Además, su hijo, José Adán Salazar Martínez, era en 2009 dueño del 25 por ciento de acciones de Agroindustrias Gumarsal S.A. De C.V., la agroimportadora que Chepe Diablo había fundado una década atrás junto a uno de sus más importantes socios: Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, señalado también por las autoridades salvadoreñas de pertenecer al Cartel de Texis.

Siguiendo a otros dos socios del Cartel de Texis

José Misael Cisneros, alias “Medio Millón” y miembro de la clica Fulton Locos Salvadruchos (FLS) de la Mara Salvatrucha (MS13), está a punto de salir de prisión: la Fiscalía salvadoreña nunca construyó un caso fuerte contra este hombre, asociado al Cartel de Texis, y acusado de participar en varios homicidios en Nueva Concepción, en el departamento salvadoreño de Chalatanango. Cuando la Policía lo capturó en 2012, el entonces presidente Mauricio Funes dijo que era uno de los narcotraficantes más importantes de El Salvador. Hoy está a punto de salir libre.

Medio Millón era, según las investigaciones de la policía salvadoreña, parte del músculo del Cartel de Texis: él gestionaba homicidios y proveía armas a la FLS y a los narcotraficantes.

Roberto Antonio Herrera Hernández era músculo, pero también manejaba algunas de las relaciones públicas del Cartel de Texis. Herrera, a quienes sus socios y las autoridades conocen como el “Burro”, tenía sus propios micromercados de droga en el departamento de Santa Ana, según las investigaciones iniciales en torno al Cartel de Texis consignadas en el expediente Límites.

Para 2011, la DEA y el FBI ya tenían al Burro en el radar. Ese año, el 17 de febrero, el Centro de Inteligencia Policial retuvo a Herrera durante unas horas mientras el laboratorio de la Policia Nacional Civil (PNC) de El Salvador cotejaba sus huellas digitales para comprobar que era la misma persona a la que Estados Unidos buscaba por crimenes relacionados al robo de vehículos. Al final, la DEA dijo a los policías salvadoreños que las órdenes de captura contra Herrera en el norte habían caducado. Esa vez, el Burro, salió libre.

La Fiscalía ordenó la recaptura de Herrera en julio de 2013. La acusaron de liderar una banda internacional de robo de vehículos. En ese operativo también participó Estados Unidos, sobre todo a través del centro de monitoreo de llamadas telefónicas en el que Washington invirtió US$5 millones.

El Burro, dice el expediente Límites y confirmaron en su momento fuentes cercanas al despacho del Fiscal General, era también el encargado de sobornar a jefes policiales destacados en el occidente del país entre 2004 y 2009.

Hoy, desde que Obama designó a Chepe Diablo como capo internaional del narcotráfico, las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos han vuelto a poner atención a los socios del Cartel de Texis, sobre todo a los que, según las investigaciones, han manejado los hilos financieros, las empresas y el lavado de dinero.

*Héctor Silva Ávalos es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University (CLALS, por sus siglas en inglés) en Washington, DC.