El gobierno argentino coopera con Estados Unidos e Israel, en un avance de una estrategia cada vez más militarizada a la seguridad nacional, pese a los antecedentes irregulares que ha exhibido este tipo de estrategia en otros países latinoamericanos.
En una visita oficial a Argentina el 4 de agosto, el secretario de estado John Kerry se refirió a “la renovación de los esfuerzos en las áreas de seguridad y mantenimiento de la paz” entre Estados Unidos y Argentina, y llamó al crimen organizado y el narcotráfico “una de nuestras prioridades”.
Kerry anunció que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado dedicaría “de manera inmediata” US$1,5 millones en asistencia a Argentina para apoyar una “iniciativa de reforma en el sector de la policía y la justicia penal”. Según datos compilados por la organización de investigaciones Monitoreo de Asistencia en Seguridad, esa cifra es aproximadamente igual a la suma total de ayuda en seguridad que Estados Unidos entregó a Argentina en los últimos tres años juntos.
Kerry también señaló que Estados Unidos ha aceptado recientemente “más de una docena de participantes argentinos en la Academia de Policía Internacional del Departamento de Estado”, y añadió que la “cooperación entre nosotros va a intensificarse totalmente en los próximos meses”.
Como otra señal de mayor cooperación en materia de seguridad entre ambos países, Estados Unidos aprobó hace poco la venta de hasta dos docenas de aviones militares a Argentina, similares a los que aparecen en la imagen. El paquete de US$300 millones sería la mayor venta de armas de Estados Unidos a Argentina en más de una década, de acuerdo con el Monitoreo de Asistencia en Seguridad.
Los comentarios de Kerry se dan varios meses después de que el presidente estadounidense Barack Obama viajara a Argentina para una visita que incluyó la firma de varios acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina
La administración del presidente Mauricio Macri también ha estado intensificando su relación de seguridad con Israel, informó La Nación.
Según funcionarios anónimos del ministerio de relaciones exteriores citados por el medio noticioso, Argentina ha firmado un acuerdo para el intercambio de “información sensible” con el gobierno israelí, y la ministra de seguridad Patricia Bullrich viajó hace unos días a Tel Aviv para participar en un congreso sobre seguridad interna e informática.
La Nación señaló además que funcionarios argentinos han tratado convenios de cooperación en seguridad con sus homólogos españoles y brasileños.
Estas novedades coinciden con una expansión del rol del ejército en el escenario de la seguridad interna en Argentina, como lo ilustró la cooperación reciente entre el ejército y la policía en las zonas limítrofes.
En una cena anual el 31 de julio, con motivo de la celebración de las fuerzas armadas, el presidente Mauricio Macri repitió declaraciones anteriores que demandan que el ejército tenga un rol mayor en la lucha contra el crimen.
“Los argentinos necesitamos una participación activa de las fuerzas [armadas]”, comentó Macri en un discurso reproducido por La Nación. “Para que podamos crecer, desarrollarnos y generar empleo, tiene que haber paz y tranquilidad”.
Sin embargo, la administración de Macri ha sido cauta al presentar al ejército en el rol de prestar apoyo a las fuerzas de policía, en lugar de emprender directamente operativos de lucha contra el crimen. Según el ministro de defensa Julio Martínez, la ley argentina prohíbe que las fuerzas armadas asuman un rol directo en la seguridad interna.
Análisis de InSight Crime
El ostensible deseo de la administración Macri de ahondar la cooperación con Israel y Estados Unidos en temas de seguridad suscita varias preocupaciones, en especial si se lo mira en conjunto con la militarización en curso de las iniciativas de combate a la delincuencia en el país.
Por un lado, las políticas de seguridad militarizada, como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, apoyados por Estados Unidos, distan mucho de tener historiales perfectos. De hecho, hay evidencia que indica que el despliegue de fuerzas castrenses para combatir el crimen puede terminar intensificando la violencia, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Además, los miembros del ejército están entrenados para eliminar a fuerzas opositoras. No suele entrenárselos para proteger los derechos civiles o para llevar a cabo investigaciones complejas que conduzcan a arrestos y procesos judiciales. Algunos expertos en seguridad han insinuado que esta podría ser la razón por la que las estrategias militarizadas de seguridad interna muchas veces van de la mano de abusos contra los derechos humanos.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Políticas de Seguridad
En el caso de Argentina, esas inquietudes adquieren mayor relevancia por el aparente deseo del país de cooperar estrechamente con Estados Unidos e Israel —dos países cuyas fuerzas de seguridad internas han recibido repetidas condenas por su uso de tácticas policiales militarizadas, que de acuerdo con los críticos conllevan a violaciones a los derechos de los ciudadanos—. La historia de Argentina, con sus casos de dictaduras militares brutales, puede ser también relevante.
Sin embargo, parece haber un respaldo importante entre la población argentina hacia más políticas de seguridad militar. La percepción de inseguridad va en aumento en Argentina, factor que puede haber contribuido a la elección de Macri, dado que su propuesta de “duro contra el crimen” fue un puntal clave en la plataforma de su campaña. Más aún, una encuesta de 2014, adelantada por el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública, halló que más del 60 por ciento de los argentinos respaldaban la idea de involucrar al ejército en operativos contra el crimen.