Luis Alberto Ortíz Cabezas, alias "Pepe"

Un exguerrillero de las FARC ha sido asesinado en Nariño, un turbulento departamento en el suroeste de Colombia, lo que pone de presente los riesgos políticos y criminales que enfrentan los excombatientes que buscan desmovilizarse y los esfuerzos del país en su transición hacia la paz.

Luis Alberto Ortíz Cabezas, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murió el 16 de abril en La Guayacana, vereda del municipio de Tumaco, Nariño, según informaron las FARC en un comunicado. Las autoridades de gobierno confirmaron el homicidio, y el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, envió una unidad especial a Tumaco para investigar el asesinato, informó El Espectador.

Ortíz, también conocido como "Pepe", había sido encarcelado en la penitenciaría de Villahermosa en la ciudad de Cali, pero fue liberado a finales de marzo como parte de una ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el 28 de diciembre de 2016. La ley fue incluida dentro de los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el que hasta entonces era el grupo guerrillero más antiguo y más grande del hemisferio.

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La ley pretende ofrecer garantías judiciales para los exguerrilleros que entreguen sus armas como parte del proceso de desmovilización, que también comenzó en diciembre de 2016. Concede indultos para miles de guerrilleros que no son culpables de crímenes de lesa humanidad, así como la libertad para muchos guerrilleros encarcelados, como era el caso de Ortíz.

Las FARC atribuyeron el asesinato a un combatiente paramilitar conocido como "Renol", presuntamente responsable de otras amenazas y asesinatos en la región, según afirma el grupo exguerrillero. Las FARC también instaron al gobierno a ejercer más presión sobre los grupos paramilitares.

"Incumplimiento al combate de paras es de gran riesgo al proceso [de paz]", escribió en un tuit el jefe supremo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", el pasado 20 de abril.

Análisis de InSight Crime

Los integrantes de las FARC tienen razones para estar preocupados. Actualmente se encuentran conformando su aparato político, que podría ser independiente o estar alineado con movimientos políticos existentes, como Marcha Patriótica, descendiente de la Unión Patriótica (UP), un partido político creado por las FARC a mediados de los ochenta, durante un proceso de paz con un gobierno anterior. La UP había ganado 5 escaños en el Senado y 9 en la Cámara de Representantes en 1986. Pero en los años siguientes unos 4.000 miembros del partido (incluyendo dos candidatos presidenciales) fueron exterminados sistemáticamente por paramilitares de extrema derecha y sus aliados de las fuerzas armadas.

Marcha Patriótica cumplió su quinto aniversario el pasado 21 de abril, y han sido en verdad cinco años bastante sangrientos: unos 124 de sus miembros han sido asesinados, según dice el grupo.

Al mismo tiempo, los líderes sociales han sido atacados supuestamente por grupos armados ilegales que han ingresado a antiguos territorios de los guerrilleros  y ejercen control sobre las economías criminales que las FARC abandonaron. Según un informe de la organización de derechos humanos Somos Defensores, el número de líderes sociales asesinados en 2016 aumentó 27 por ciento, pasando de 63 en 2015 a 80 en 2016. Y según cálculos del gobierno, solo en los primeros tres meses de 2017 han muerto 17 líderes sociales.

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El asesinato sistemático de líderes comunitarios y nacionales, algunos de las cuales pueden estar trabajando con los exguerrilleros para llevar a cabo trabajo político, pone a las FARC en un dilema adicional: quedarse quietos y ver cómo son asesinados, o reaccionar violentamente y romper los acuerdos de paz. Algunos líderes de las FARC supuestamente les han dicho a sus combatientes que deberían prepararse para conformar sus propios grupos de autodefensa, en caso de que la violencia contra ellos se intensifique.

Pero el asesinato de Ortíz también podría ser el resultado de la continua lucha por el poder en una zona estratégica para los grupos del crimen organizado colombiano. Tumaco —que en el más reciente estudio de caso de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) se identifica como el municipio del país con la mayor cantidad de coca, la materia prima para la cocaína— ha sido un bastión crucial de las FARC.

Cuando los guerrilleros empezaron a desmovilizarse, las autoridades indicaron que otros grupos armados comenzaron a enfrentarse por los antiguos territorios de los guerrilleros, en particular la organización neoparamilitar conocida como Los Urabeños y el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La combinación de motivos criminales y políticos para llevar a cabo violentas represalias podría complicar aún más las cosas.