Brasil en estado de "emergencia nacional" por el aumento de la inseguridad

El presidente brasileño describió la crisis de inseguridad en la que se sume cada vez más el país, como una "emergencia nacional". Pero contrario al discurso oficial, el gobierno no parece tener un plan coherente para resolver los principales factores del crimen y la violencia.

En una carta abierta enviada a los gobernadores brasileños reunidos en un consejo sobre seguridad pública el 27 de octubre, el presidente Michel Temer declaró que la inseguridad en Brasil constituye una "emergencia nacional" que debe abordarse mediante una "convergencia de esfuerzos".

Tanto el encuentro de gobernadores como la carta de presidente se centraron en el fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad del país para combatir la creciente violencia desarticulando las bandas y obstruyendo actividades criminales, como el expendio de estupefacientes y el tráfico de armas.

La carta de Temer afirma que para "combatir la violencia en las ciudades [brasileñas], debe impedirse el ingreso de armas a nuestro país".

El presidente también escribió que "para desarticular las facciones criminales es preciso atacar su principal fuente de recursos: las drogas, que también ingresan por nuestras fronteras, y alimentan a las pandillas que diariamente comprometen la paz y la tranquilidad de nuestras familias".

En la carta, Temer escribió que los servicios de inteligencia, así como el ejército y la policía federal del país tienen un "empeño absoluto" en la confrontación conjunta al crimen. El presidente también afirmó que "se han movilizado" recursos del gobierno para "traducir en acciones concretas la prioridad de devolver la seguridad a los ciudadanos brasileños".

Temer señaló que la estrategia de seguridad del gobierno no descuidaría "aspectos de desarrollo social", y que la lucha contra el crimen organizado recibiría la misma atención que le ha dado el gobierno a "vencer la recesión económica" de la que solo hace poco salió Brasil.

Análisis de InSight Crime

Aunque Temer reconoció que la inseguridad en Brasil es una "emergencia nacional" que demanda mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad del país y el enfoque en el desarrollo social, el gobierno aún no desarrolla un plan holístico para resolver los complejos e imbricados factores que contribuyen a que persistan el crimen y la violencia.

En una visita reciente a Brasil, InSight Crime observaba señales manifiestas de preocupación pública por el aumento de la inseguridad en el país. Las noticias de encuentros violentos entre la policía y presuntos criminales dominaban los titulares de los periódicos más importantes. Sin embargo, reflejando las palabras del gobierno sobre la inseguridad, la cobertura de los medios se centraba sin excepción en los síntomas de la incapacidad para detener el crimen y la violencia crecientes más que en los factores que refuerzan esta dinámica.

Por ejemplo, es cierto que el tráfico de armas contribuye a armar a los grupos criminales brasileños. Y la competencia por el control de lucrativas rutas de narcotráfico sin duda ha exacerbado la violencia en ciertas partes del país, en particular con la batalla que libran las dos pandillas con más poder del país —Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando Capital (PCC)— con violentos enfrentamientos en las cárceles y en las calles.

Sin embargo, es poco probable que el gobierno pueda detener el flujo de armas o estupefacientes al país mediante la intensificación de sus esfuerzos de control. Expertos internacionales han recomendado con insistencia a las autoridades que reconsideren las estrategias centradas en controlar el consumo de narcóticos a favor de adoptar estrategias "no punitivas", dirigidas a reducir la demanda. Siguiendo una lógica similar, reducir la demanda de estupefacientes podría reducir el incentivo para la competencia violenta por el tráfico de drogas, lo que a su vez limitará la demanda de armas que supongan un refuerzo de posición en conflictos por tráfico de drogas.

Adicionalmente, el gran énfasis en las actividades de tráfico y armamento deja de reconocer la amplia variedad de factores que contribuyen a la violencia en diferentes lugares del país. Por ejemplo, grupos criminales implicados en la minería aurífera ilegal en la zona rural del Amazonas, en el norte, atacaron hace poco a dos organismos ambientales del gobierno en retaliación por un allanamiento a su lugar de operaciones. Y varias denuncias indican que el sur, más urbano, experimenta un repunte de los ataques violentos motivados por la intolerancia racial y religiosa.

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En suma, la actual estrategia del gobierno frente a la insguridad ha sido en gran medida reactiva en lugar de proactiva, centrada casi por completo en el despliegue de fuerzas de seguridad a los puntos calientes existentes en lugar de implementar programas orientados a reducir y prevenir el crimen y la violencia. Esto es más notorio tal vez en la ciudad de Rio de Janeiro, donde una "guerra" contra las pandillas y los narcotraficantes ha derivado en alzas en los números de homicidios de agentes de seguridad y perpetrados por estos, sin que se observe algún logro en el freno a la inseguridad. La iniciativa de seguridad emblemática de la ciudad, conocida como el programa de Unidad de Policía Pacificadora (UPP), no logró resultados sostenibles en gran parte por un enfoque desproporcionado en la retoma del control físico de los territorios controlados por grupos criminales.

Como ya lo ha informado InSight Crime, las circunstancias socioeconómicas, entre ellas la pobreza y la falta de acceso a servicios sociales, son un factor importante en el aumento de la violencia en el país, la cual golpea de manera desproporcionada a los jóvenes y afrobrasileños, en especial los que habitan en las regiones del norte de Brasil. Por lo anterior, preocupa de manera específica la afirmación de Temer de que la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad se perseguirán de la misma forma como el gobierno abordó la crisis económica. La actual administración ha implementado medidas de austeridad que han recortado gastos en programas que buscaban brindar ayuda a los más pobres y los sectores más marginados de la sociedad brasileña, lo que deja a muchos ciudadanos sin alternativas legítimas a las oportunidades que les ofrece el hampa.

Es importante que el gobierno brasileño reconozca la seriedad de la situación de seguridad, pero sin un plan coherente que haga frente a los multifacéticos motores del crimen y la violencia, es probable que estos problemas sigan azotando al país más grande de Latinoamérica.