Al menos cuatro grupos criminales estarían manejando las economías ilegales en el puerto de Tumaco en la costa pacífica de Colombia, lo que está dando lugar a homicidios y desplazamiento masivo de la comunidad.
A medida que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se reúnen en zonas de preconcentración en donde prepararán para su transición a la desmovilizacion, estan renunciando al control territorial en la capital del departamento de Nariño, Tumaco. Esto ha precipitado una sangrienta batalla entre varias organizaciones criminales quienes buscan apoderarse del antiguo territorio de la guerrilla.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Verdad Abierta. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
Están llegando grupos armados ilegales como Los Urabeños y la guerrilla del ELN a los lugares donde antes operaban los frentes subversivos 8 y 29 de las FARC, así como las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre. Tambien han aparecido bandas locales que están generando afectaciones a la población civil, como el desplazamiento masivo que ocurrió el pasado 5 de enero en la vereda Pital de Costa, en la zona norte del municipio de Tumaco.
“En la noche llegaron 30 hombres de camuflado y con armas de fuego”, detalló un defensor de derechos humanos que pidió la reserva de su nombre. “Tuvieron una reunión con la comunidad para decirle que ellos eran los que iban a controlar la zona y el tema de narcotráfico”.
La reacción de muchos de los pobladores fue huir hacia el casco urbano y a los municipios vecinos de Mosquera y Francisco Pizarro, según el informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus iniciales en inglés). Por su parte la Personería de Tumaco reportó 142 familias desplazadas hacia la cabecera municipal y otras 27 al municipio de Mosquera.
El defensor de derechos humanos consultado por Verdad Abierta sostuvo que aunque se desconoce el número, se sabe que otros lugares de refugio son Playa San Juan, Guachal de la Costa (en Tumaco), Cocal Jiménez, Cocal Payán, Tasquita (en Mosquera) y Satinga (en Olaya Herrera).
Anny Castillo, personera de Tumaco, afirmó que a las decenas de personas que llegaron al casco urbano, la Alcaldía les ha brindado comida y una ayuda para el alojamiento. Sin embargo, la funcionaria reconoció que el Municipio no tiene la capacidad para atender a todos los desplazados durante los tres meses que exige la ley, y mientras la Unidad de Víctimas los registra. Ante esas dificultades, están solicitando apoyo a organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos departamental y nacional.
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“Empezamos [la semana pasada] con la entrega de la ayuda humanitaria, la cual consta de un mercado para 15 días, entregado conjuntamente con otras instituciones que nos apoyarán para ir mitigando la situación en cuanto al tema humanitario.” Al respecto, el secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma, explicó a medios locales cómo está actuando la Alcaldía ante esta situación “Otra de las medidas es poder definir un auxilio de arrendamiento para que estas familias puedan alojarse en unas condiciones más dignas en el municipio de Tumaco y en eso estamos”.
“Más de 100 personas se quedaron en Pital y hoy están confinados sin nada qué comer.” señaló el defensor consultado a Verdad Abierta. “Los pocos tenderos que había, se fueron, y a la gente le da miedo irse al campo a hacer sus faenas porque se puede encontrar con los actores armados”.
OCHA también reportó el confinamiento y expresó, además, que la población teme una retaliación por parte del grupo armado ilegal que ahora domina la zona. Entre tanto, según la Personera Castillo, funcionarios de varias entidades estatales esperan un parte de seguridad de la Policía Nacional para poder ingresar a la vereda y atender a los pobladores.
Verdad Abierta contactó al comandante de la Policía de Tumaco, coronel Carlos Castellanos, para hablar al respecto. Inicialmente dijo que estaba en consejo de seguridad y pese a la insistencia para solicitar una entrevista y conocer su opinión, al cierre de esta no fue posible que atendiera las llamadas.
Vacío estatal
Más allá de la ayuda humanitaria, queda la pregunta de qué tanta capacidad a largo plazo tiene el Estado para ocupar los territorios que están dejando las FARC. Para muchos líderes, así como para la personera municipal, es claro que estos hechos de violencia se relacionan con ese asunto.
“No es secreto que, en esas zonas dispersas, el control y el poder de normas de conducta viene directamente de las FARC.” afirmó Castillo “Ante su salida, quedó un vacío que el Estado no tuvo la capacidad de llenar; entonces ya esos grupos que tenían un pasado delincuencial y cierta afinidad con grupos armados organizados, incluso con la guerrilla, ven la oportunidad de fortalecerse y apropiarse del narcotráfico”.
Esta disputa por el dominio de la economía ilegal en Pital de la Costa no es nueva. La Personera explicó que ha sido un punto estratégico en el conflicto armado porque permite la navegación por mar y río, es una ruta cercana al Ecuador y está lo suficientemente alejado de la cabecera municipal: a tres horas en lancha por lo menos.
Fuentes consultadas por Verdad Abierta aseguraron que en 2000 llegaron los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur para apoderarse del rentable negocio del tráfico de cocaína. Un par de años después de su desmovilización, en 2005, el grupo armado ilegal conocido como Los Rastrojos, liderado por Nulver Sarria García, alias “Apache 5”, e Iller Numar Trujillo Díaz, “Apache 4”, se tomaron Pital de la Costa.
Esta facción de Los Rastrojos fue expulsada en 2011 por el Frente Daniel Aldana de las Farc y desde entonces ejerció el control en la vereda, por lo menos hasta mediados de 2016. En ese periodo, el guerrillero conocido como alias “Don Y” no se acogió al proceso de paz y se apoderó de algunos puntos estratégicos en el norte de Tumaco.
La disidencia de alias “Don Y” le significó su muerte. El guerrillero fue asesinado el 12 de noviembre de 2016 en la vereda San Pedro del Vino, del municipio Francisco Pizarro. Un mes después del hecho, Las FARC asumieron la responsabilidad, según el comunicado que emitió el Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
Armados y desconocidos
La amenaza que está representando para Tumaco la existencia de nuevos grupos ilegales y sus peleas constantes para hacerse al control del puerto ocasionaron otros tres desplazamientos masivos en el último año: dos a mediados de febrero de 2016 en las veredas Bajo Jagua y Alto Jagua; y otro en diciembre en la vereda Teherán. Un total de 220 familias fueron desterradas, según los cálculos de la Defensoría del Pueblo.
Otra evidencia de la crítica situación humanitaria y de alteración del orden público que atraviesa el municipio es que la tasa de homicidios allí es de 70 por cada 100 mil habitantes. Esta es una cifra alarmante si se tiene en cuenta que, según datos del Ministerio de Defensa, el promedio nacional es de 25 por 100 mil habitantes. En las primeras dos semanas de este año se presentaron siete homicidios, cuatro más que en igual periodo de 2016.
La situación ha empeorado en los últimos meses. Al interés del ELN por quedarse con algunas zonas abandonadas por las FARC, se suma la intención que han tenido Los Urabeños desde 2015 por consolidar su presencia en Tumaco. Pero no son los únicos.
“Algunas personas que presuntamente pertenecieron a las estructuras de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [organización paramilitar], Los Rastrojos y/o Águilas Negras [organización criminal]” estarían formando nuevos grupos para adueñarse de las rutas de narcotráfico y demás economías ilegales. Así lo denunció el pasado 8 de noviembre el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo mediante una nota de seguimiento conocida por Verdad Abierta.
Como si todos estos grupos no fueran suficientes para desestabilizar la seguridad en Tumaco, esta agencia del Ministerio Público agregó que también existen algunos guerrilleros “[presuntamente milicianos y algunos combatientes] que no quieren acogerse al proceso de paz, pretenden conformar nuevas estructuras que mantengan las rentas de economías ilegales y el control de territorios y poblaciones estratégicos para ese fin”
Por su parte, guerrilleros de las FARC reunidos en el Punto de Preagrupamiento de El Playón han emitido dos comunicados recientemente en los que denunciaron la presencia de supuestos paramilitares en los alrededores de este sitio, y estarían bajo el mando de tres hombres conocidos con los alias de “Cusumbo”, “Olindillo” y “Titano”.
“Otro grupo de 40 paramilitares de Los Urabeños se encuentran en la vereda El Seivito a cinco minutos de la vía Tumaco-Pasto y cerca de la base militar de Chivi.” aseveraron las FARC en sus comunicados. “Otro grupo paramilitar que se hace llamar ‘Los Negritos’, compuesto por unos 30 hombres, se encuentra en la vereda El Descolgadero sobre las bocanas del río Mira y Tumaco. Visten de civil y camuflado con armas cortas y largas”.
El SAT de la Defensoría del Pueblo identificó que en marzo de 2016 se conoció un panfleto a nombre de Los Negritos en el que se amenazaba a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco. Tres meses después circuló otro anónimo más en Llorente, pero esta vez firmado por la llamada “Organización Sicarial del Pacífico” para advertir de una “limpieza social”. Y el 3 de agosto un grupo autodenominado “La gente del orden” amenazó a quienes colaboraran con cualquier otra organización armada ilegal en el Puente del Pindo, en la cabecera municipal.
Todos estos grupos criminales aparecieron para disputarse el control de las rutas de narcotráfico, las rentas de la extracción ilegal del oro, el robo de petróleo del oleoducto Trasandino, que atraviesa el municipio, y la explotación sexual. Con las FARC congregadas y en camino a la legalidad, se pierde la “autoridad de facto que regulaba ese tipo de ‘situaciones’”, admitió la Defensoría del Pueblo.
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Hasta tal punto llega la inseguridad, que desde el pasado 17 de enero comenzaron a correr amenazas vía WhatsApp contra las estaciones de la Policía. Incluso, en una nota interna conocida por Verdad Abierta, esta Fuerza Pública les pide a los comandantes de estación que den “recomendaciones de seguridad al personal bajo su mando” pues temen ser “objeto de una acción ofensiva” que podría tratarse de un artefacto explosivo que lancen contra el plantel. El riesgo mayor es para la estación de La Espriella, ubicada en la vía Tumaco – Pasto, por los corregimientos de Chilví, Llorente y La Guayacana, según la nota.
No es entonces descabellado que los líderes sociales de Tumaco reclamen a gritos que los gobiernos local, departamental y nacional lleguen a todos los rincones del puerto nariñense para contrarrestar el objetivo de otros grupos criminales de tomarte a sangre y fuego este territorio.
“La cuestión”es que si el gobierno no pone una atención prioritaria a estas zonas, cubrir esos huecos con Fuerza Pública será muy difícil y regiones como Tumaco estarán peor en el posconflicto”, concluyó un líder local que solicitó la reserva de su nombre.
Verdad Abierta intentó en múltiples ocasiones comunicarse con Carlos Correa, alto consejero de Presidencia para las Regiones, y con Edwin Palma, secretario de Gobierno de Tumaco, para conocer su posición sobre la presencia institucional. Pero no respondieron.
*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Verdad Abierta. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.