La sustitución de cultivos de coca ha sido una de las pocas campañas exitosas en la historia de Colombia —aunque estuvo liderada por los grupos armados y una economía ilegal—. Pero la transición de los cultivos de coca a la minería ilegal del oro en el norte del país ha dado marcha atrás, y las regiones donde la producción de cocaína estaba disminuyendo están experimentando un resurgimiento de la coca.
La más reciente encuesta sobre coca llevada a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (pdf) mostró que en año 2014 se presentó un enorme aumento en el cultivo de coca en Colombia —un incremento que los investigadores atribuyen a una interacción compleja de diversas condiciones—.
Sin embargo, incluso el 44 por ciento del aumento total se queda pequeño comparado con el aumento en el departamento de Antioquia, donde los cultivos incrementaron un 131 por ciento. Quienes están en el epicentro de la producción antioqueña —la subregión del Bajo Cauca— consideran que ello se presentó por una razón en especial: el deterioro de la minería ilegal del oro.
“Mucha gente dejó el negocio de la coca y la cocaína y se involucró en la minería”, dijo Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca. “Y ahora es al revés, el oro ha disminuido y mucha gente dice que preferirían volver a donde estaban, que la coca es lo único rentable”.
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Esta transición del trabajo ilegal se debe en gran parte a las fuerzas del mercado, pero los habitantes de la región dicen que es también consecuencia directa de las políticas del Estado. Y aunque estas políticas podrían haber ayudado a frenar la expansión del comercio de la minería ilegal, el regreso de la coca es una señal de que dichas políticas han hecho poco por romper el círculo vicioso de la pobreza y la economía criminal que afecta a regiones como el Bajo Cauca.
Sustitución de cultivos criminales
Conformado por seis municipios del norte antioqueño, el Bajo Cauca es una de las muchas áreas de Colombia maldecidas por la riqueza de sus recursos y sus fértiles tierras. Las aisladas colinas que rodean la región poseen ricos suelos y un clima perfecto para el cultivo de coca, mientras que los valles de los ríos en las regiones bajas contienen una gran cantidad de oro.
Estos recursos, junto con la ubicación estratégica del Bajo Cauca como un corredor para transportar drogas hacia los puntos de distribución costeros, han atraído a los grupos armados ilegales por mucho tiempo. Durante las últimas dos décadas, los paramilitares y sus sucesores criminales han ocupado la mayor parte de la zona central y las áreas urbanas, mientras que los guerrilleros se movilizan en las montañas, selvas y campos de coca circundantes.
Según la ONUDD, los cultivos de coca en Antioquia alcanzaron un pico de 9.926 hectáreas en 2007, y el Bajo Cauca ocupó el centro de este negocio. En 2008 comenzó a disminuir, alcanzando un mínimo de sólo 991 hectáreas en 2013.
Dada esta disminución en la producción de coca, el antiguo sector de la minería informal de la región comenzó a crecer rápidamente, impulsado por un aumento en los precios internacionales del oro, que pasó de US$731,75 por onza en 2008 a un máximo de US$1.889,7 en 2011.
Este trabajo no era tan seguro como el cultivo de la coca, pero prometía una rentabilidad mayor para quienes quisieran probar suerte. En ese momento también había menos riesgo de que fuera perseguido, dado que las fuerzas de seguridad estaban mucho más preocupadas por erradicar la coca que por prevenir la explotación minera.
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Los grupos armados pronto se dieron cuenta de que el auge de la minería informal representaba una nueva oportunidad para diversificar sus fuentes de ingresos criminales; todo lo que tenían que hacer era intimidar a los mineros para obligarlos a pagar lo que en Colombia se conoce como “vacunas”, o cuotas de extorsión.
Sin embargo, su interés no se limitaba a la extorsión. Los guerrilleros y narcoparamilitares de la región también vieron las ventajas de operar en una economía atrapada entre lo legal y lo ilegal, un turbio mundo en el que ciertas molestias, como los títulos de propiedad formales, las licencias ambientales o los requisitos de comprobación de orígenes, eran más bien escasas.
“La minería los favorece en el sentido de que es en parte legal y en parte ilegal, y se escudan y se camuflan detrás de los lavadores de oro y otros mineros”, dijo el teniente coronel Luis León, director de los Carabineros, una operación contra la minería en el Bajo Cauca.
Aunque el dinero fácil de la extorsión seguía siendo su interés principal, los grupos armados también comenzaron a infiltrarse en el sector informal y a explotarlo directamente con el fin de extraer más ganancias y lavar el dinero proveniente de la droga. Según la policía local, comenzaron a invertir en maquinaria de minería, que alquilaban o enviaban a sitios productivos. También iniciaron su participación en la dirección de minas, no sólo cobrando vacunas sino también regulando las minas y utilizando testaferros como administradores.
“Tenían el dinero para comprar máquinas y apoderarse de algunos territorios”, dijo el teniente coronel Javier Guerrero, comandante de la división de policía del Bajo Cauca. “Invirtiendo dinero en maquinaria, trabajadores y tecnología, empezaron a incursionar en la minería del oro”.
Los tres principales grupos armados de Colombia —los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero de menor tamaño Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los narco-paramilitares conocidos como Los Urabeños—se benefician actualmente del comercio de la minería ilegal en el Bajo Cauca.
La transición inversa
Las estadísticas más recientes sobre coca confirman una tendencia que ha sido de conocimiento popular en Antioquia: la transición de la coca al oro se está dando ahora de manera inversa. En 2014, la ONUDD registró una producción de más del doble de hectáreas cultivadas con respecto al año previo, cifra que ascendió a 2.293 hectáreas.
La nueva transición de la coca a la minería está influenciada en gran parte por los precios internacionales del oro, que han caído 37 por ciento desde su nivel más alto en 2011. En una industria como la minería, donde los gastos generales pueden ser altos y los resultados no están garantizados, tales fluctuaciones de precio pueden afectar los márgenes de ganancia, lo cual hace que los mineros busquen trabajo en otros sectores y obliga a los grupos criminales a reevaluar sus prioridades económicas.
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Sin embargo, el precio del oro sigue siendo de unos US$1.200 la onza —niveles que se habían alcanzado por última vez a mediados de 2010, cuando la minería criminal ya estaba en auge y los cultivos de coca en Antioquia llevaban ya casi la mitad de sus siete años de disminución constante—. Según mineros, fuerzas de seguridad y autoridades locales del Bajo Cauca, no se trata sólo de menores ganancias, sino también de que el Estado asumió mayores riesgos en su ataque frontal al sector de la minería informal.
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Fotos: James Bargent y Michael Norby
En los últimos dos años, Colombia ha intensificado exponencialmente sus esfuerzos por combatir la minería ilegal, y los resultados están a la vista. Según cifras del Ministerio de Defensa obtenidas por El Tiempo, en 2014 las fuerzas de seguridad incautaron 739 kilos de oro sospechoso, en contraste con 11 kilos el año anterior y sólo tres en 2011, cuando los precios estaban en su nivel más alto. Además confiscaron o destruyeron 542 máquinas —frente a 237 en 2013—, detuvieron a 1.757 personas y cerraron 655 minas.
“Los temas del control de los equipos y la legislación que nos permite establecer conexiones criminales entre minas y grupos del crimen organizado nos han permitido darles duros golpes a estos grupos”, dijo el teniente coronel Guerrero. “Ello ha disminuido su capacidad para ocultar su dinero [en el sector minero]”.
Y también ha sido un factor decisivo en la transición del oro a la coca, agregó.
“Esta es la respuesta de estos criminales; hay controles más estrictos sobre la minería ilegal, y entonces dicen que regresarán a los cultivos ilegales”, dijo.
Sin embargo, el regreso a los cultivos de coca no se genera necesariamente por órdenes de los líderes de los grupos armados preocupados por los flujos de efectivo.
La dinámica de trabajo de la minería ilegal y del cultivo de coca implica que quienes están en la parte inferior de la cadena, los que recogen la coca y zarandean el oro, no son miembros de grupos armados, sino trabajadores itinerantes de las únicas economías disponibles en sus municipios. Y muchos de los trabajadores del sector minero se sienten injusta e indiscriminadamente atacados por las fuerzas de seguridad —lo cual hace de la coca una opción más atractiva—.
“Vienen y destruyen [las máquinas], cierran las minas, se llevan a la gente y la enjuician”, dijo un minero, que no quiso que su nombre fuera divulgado.— “Imagínese, las personas buscando ganarse la vida y las tratan como si fueran criminales”.
La policía dice que las explotaciones se identifican con cuidado y se investigan exhaustivamente. Sin embargo, alrededor del sitio donde los mineros trabajan yacen sorprendentes evidencias de que éste no es siempre el caso: restos carbonizados de cientos de miles de dólares en equipos de minería enterrados en el lodo. Esta maquinaria pertenece a una mina que participa en un programa piloto de formalización.
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El sector de la minería informal también se está reduciendo en los puntos de venta. En el último año, el gobierno ha introducido una serie de normas y regulaciones que buscan restringir el flujo del oro ilegal.
“Muchos compradores de oro han cerrado [los negocios] porque no tienen los documentos legales”, dijo un comerciante de oro del municipio de Caucasia, que no quiso divulgar su nombre. “Muy pocos se ven completamente abiertos y operando dentro de los requisitos legales que exige el gobierno”.
Si bien los mineros han encontrado formas de evadir las restricciones —usualmente mediante la venta a intermediarios que disponen de la documentación adecuada o alegando que el oro es un producto de la minería artesanal y no mecanizada —esto en sí mismo implica costos y riesgos adicionales—.
El auge de la minería ilegal en el Bajo Cauca está lejos de terminar; en la región quedan unas 1.100 explotaciones mineras en las que se emplean directamente unas 45.000 personas, según la asociación de mineros. Pero hay una creciente sensación de que el sector está en picada.
También ha aumentado la sensación de fracaso debido al éxito en la campaña contra la minería ilegal en Colombia —la misma sensación que ha acompañado los esfuerzos de Colombia para erradicar la coca durante décadas—. En sus guerras contra la coca y la minería ilegal, las autoridades se han enfocado implacablemente en el peldaño inferior de la cadena de suministro, lo cual ha permitido un éxito a corto plazo. Pero las condiciones subyacentes de pobreza y falta de oportunidades, así como el control de los grupos armados en las zonas ricas en oro y coca, han permanecido sin resolver —y mientras esto sea así, las economías ilegales continuarán llenando los vacíos.