Colombia está empezando a hacer frente a la amenaza de la minería ilegal con una serie de medidas de seguridad, pero para que éstas sean eficaces también tendrán que superar décadas de abandono estatal y malas políticas públicas que han permitido que poderosos grupos criminales prosperen.
En junio, las autoridades anunciaron la creación de una nueva unidad de la policía: la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal (Unimic), para “combatir a quienes se dediquen a la sustracción, tráfico y venta ilegal de productos mineros en el país”. El cuerpo concentrará los esfuerzos en departamentos como Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, donde el comercio de la minería ilegal -y la participación de actores criminales- es particularmente fuerte.
Poco después, el nuevo jefe de la Contraloría de Colombia, Edgardo Maya Villazón, dijo que la minería ilegal y el medio ambiente serían unas de las prioridades del organismo de control del gobierno. Esto se dio tras la publicación de dos nuevos informes (pdf – 1, 2), publicados por este organismo, los cuales destacan los impactos negativos de la minería tanto legal como ilegal, así como la necesidad de mejorar la legislación en esta materia.
La decisión de crear la nueva fuerza y la atención enfocada en el asunto por parte del contralor son sólo las últimas de una serie de iniciativas destinadas a reprimir un comercio social y ambientalmente devastador.
Desde 2012, las fuerzas de seguridad también han estado atacando la maquinaria que se utiliza en la minería ilegal, bajo un decreto que fue ratificado recientemente cuando un tribunal anuló una demanda judicial en contra de tales medidas. Para mayo, la policía había destruido 52 máquinas en 2014.
Entre tanto, desde la creación de la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de los Carabineros en 2010, el organismo ha intervenido alrededor de 3.000 minas -de las cuales más de 1.000 fueron suspendidas o cerradas- y ha arrestado a unas 5.500 personas.
Estos esfuerzos ponen de relieve la preocupación por un comercio que en los últimos años se ha convertido en un espacio lucrativo de la actividad criminal vinculada a los grupos armados más poderosos de Colombia. Según el general José Gerardo Acevedo, el jefe de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de Colombia, en algunas partes del país la minería se ha vuelto más lucrativa que el tráfico de drogas para grupos como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y organizaciones híbridas paramilitares y criminales como los Urabeños y los Rastrojos. Su participación es especialmente aguda en Antioquia y Chocó, los departamentos en donde se lleva a cabo la mayor parte de la extracción de oro. Las FARC también están involucradas en el comercio de coltán en los departamentos de Vichada y Guainía.
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En muchas áreas, la minería informal tradicional ha sido absorbida por organizaciones criminales. “Hace rato, la minería en Chocó dejó de ser de la gente”, dijo María Luisa Mosquera, miembro del consejo comunitario de negritudes Cocomacer, a El Tiempo recientemente, refiriéndose al creciente control de los grupos criminales y de los actores armados ilegales sobre lo que solía ser la minería artesanal a pequeña escala en la selva del Chocó. El resultado ha sido un aumento en el uso no regulado de las retroexcavadoras, excavadoras, dragas y productos químicos como el mercurio -que contaminan los ríos y destruyen los bosques.
Mientras que las autoridades son incapaces de calcular con precisión la escala de la minería ilegal o la participación de los grupos criminales, funcionarios estimaron en una encuesta de 2011 que el 63 por ciento de la minería en Colombia no tenía licencia. Por su parte, la policía calcula que la minería ilegal se lleva a cabo en 308 municipios de 28 de los 32 departamentos del país.
Análisis de InSight Crime
Si las autoridades quieren contraatacar contundentemente a los grupos ilegales que se benefician de la minería, tendrán que lidiar con una larga historia de legislaciones fallidas, la ausencia del Estado en las regiones mineras y la diferenciación inadecuada entre la minería ilegal e informal –elementos que se mantienen hoy en día.
Según la Contraloría, por más de 30 años el gobierno ha estado creando de manera involuntaria las condiciones para que los actores criminales se involucren en la minería, al no formalizar el sector de la minería, a pesar de una serie de legislaciones que han buscado atacar las operaciones mineras ilegales.
“[El Estado] no llegó a tener el control de [los recursos naturales del país] y los diversos programas adelantados para formalizar la actividad fueron fracasando consecutivamente, por lo que predominaba en el territorio nacional la informalidad y la ilegalidad. Se trataba de un contexto más que favorable para los hechos que habrían de sobrevenir a partir de la primera década del siglo XXI “, escribió el organismo en un informe el año pasado.
Los “eventos” en cuestión son los movimientos de los grupos armados ilegales en la industria minera; una participación que se ha profundizado desde por lo menos 2003. Lo que comenzó como la extorsión a empresas y personas dedicadas a la minería –cobrando tarifas tanto por la maquinaria como por el producto- y el secuestro del personal por el pago de un rescate, ha evolucionado desde entonces hasta el punto en el que estos grupos están ejerciendo control sobre el proceso de extracción. Según Semana, esto generalmente se hace en nombre de un tercero, lo que permite a los grupos criminales ocultar su participación. En 2012, la policía colombiana estimó que las FARC y las BACRIM controlaban las minas ilegales en casi la mitad de los municipios de Colombia, ya fuera directamente o a través de la extorsión.
La historia de fracasos estatales que han permitido la participación de estos grupos se remontan a 1970, cuando Colombia aprobó la primera legislación integral dirigida a la formalización del sector minero y abrió un proceso para que los mineros no registrados solicitaran y recibieran licencias si cumplían con una serie de requisitos básicos. A través de los años ochenta y noventa, varios decretos adicionales proporcionaron un período de gracia para que los mineros sin licencia se formalizaran. Un decreto de 1988 fue el primero en introducir formalmente el concepto de la minería sin licencia como “minería ilegal.” El proceso de autorización se amplió en la legislación de 2001 y 2010, y la provisión que se hizo era que las operaciones mineras no podían ser cerradas o sancionadas mientras se estuviera procesando una solicitud.
Sin embargo, el organismo minero del gobierno Ingeominas no logró procesar la mayor parte de las solicitudes, por lo que aquellos que habían aplicado continuaron operando sin licencia pero protegidos legalmente. Entre 2002 y 2010 fueron legalizadas sólo 158 minas. Muchos mineros también solicitaron licencias con el fin de tomar ventaja de esta amnistía, sin ninguna intención real de legalización. En el municipio antioqueño de Anorí, las autoridades dijeron en 2012 que sabían de sólo 20 personas que estaban buscando completar el proceso de concesión de licencias.
Otro problema es que la legislación de 2001 abrió la industria minera a grandes empresas y redujo el papel del gobierno central a la de una autoridad reguladora y fiscal. Esto colocó a los gobiernos locales, que a menudo carecen de los recursos o la voluntad política para hacer algo al respecto, a la cabeza de la lucha contra la minería ilegal y abrió el camino para que las autoridades locales corruptas actuaran acorde a sus propios intereses -que en muchos casos ha significado activa o pasivamente permitir que continúe la actividad minera ilícita.
No es sólo el proceso de extracción el que necesita ser monitoreado más de cerca –el oro y otros minerales extraídos ilegalmente son fácilmente “lavados” y vendidos en el mercado legal. Los intermediarios venden pequeñas cantidades de diversas fuentes a empresas exportadoras, y existe poca vigilancia en cuanto a donde proviene el material. Una vez se ha mezclado con el oro de origen legal, es muy difícil rastrear los orígenes del mismo; un fenómeno que también se observa en la industria minera ilegal en Perú.
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En 2011, la revista Dinero culpó de este problema a una legislación de 2010 que dio una definición amplia al término “minería tradicional”, lo que le permite abarcar cualquier actividad minera que haya tenido lugar durante 10 años. La ley “favorece el lavado de la minería ilegal a través de la figura de la “minería tradicional’”, dijo.
La terminología también ha sido un problema. La legislación de 2007 fusiona la minería “ilegal” e “informal”, y la lucha del gobierno contra la minería ilegal a menudo hace lo mismo, dice la Contraloría. Entre tanto, un proyecto legal de 2010 del gobierno, que investigó la participación de actores ilegales en la minería y habría definido el término “minería criminal”, nunca fue aprobado.
Agréguese a esto la falta de presencia del Estado en muchas zonas en las que hay minería ilegal -a menudo en regiones selváticas u otras zonas que son de difícil acceso para las fuerzas de seguridad- y los controles inadecuados sobre los productos químicos utilizados en la minería, que indican que el pronóstico no es bueno.
Mientras la administración del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la lucha contra la minería ilegal es un objetivo importante, sigue en pie la misma legislación anticuada que la Contraloría dijo que había creado las condiciones adecuadas para los actores ilegales. Es poco probable que medidas “duras” -como la destrucción de maquinaria o la creación de nuevas unidades de policía- tengan un efecto duradero si éstas no van acompañadas de cambios en los regímenes jurídicos y sociales que rigen la minería.