Logo de Odebrecht, la gigante constructora brasileña venida a menos

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el conglomerado de la construcción brasileño Odebrecht llegaron a un acuerdo sin precedentes en la lucha contra la corrupción, mediante el cual se hizo evidente que Odebrecht hizo sobornos por cientos de millones de dólares con el fin de obtener contratos de obras públicas en doce países de tres continentes. Medio año más tarde, InSight Crime hace un profundo análisis de la naturaleza de las actividades corruptas de Odebrecht en Latinoamérica, la extensión de sus prácticas ilícitas, el estado de varias investigaciones actualmente en curso sobre la empresa y sus proyectos, y la red de corrupción que continúa salpicando a algunas de las élites políticas más poderosas de la región.

Desde comienzos de 2014, Odebrecht, que para entonces era la constructora transnacional más grande de Latinoamérica, comenzó a ser acusada de participar en actividades ilícitas con la gigante petrolera estatal de Brasil, Petrobras, en relación con la investigación conocida como "Operación lavado de autos" ("Operação Lava Jato"). Lo que inició como una investigación de lavado de dinero local, al poco tiempo se convirtió en un escándalo de corrupción internacional, cuando las autoridades brasileñas descubrieron evidencias de que Odebrecht había pagado sobornos a las élites políticas de Perú y Argentina.

En realidad, el esquema se remonta a por lo menos el año 2001. Pero no fue sino hasta finales de 2016 cuando se dio a conocer por completo la magnitud de la red de corrupción, después de una investigación que adelantaron de manera conjunta las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, y luego de la cual Odebrecht y su filial Braskem se declararon culpables de cargos criminales y entre ambas aceptaron pagar multas por US$3,5 mil millones. Específicamente, Odebrecht admitió haber pagado al menos US$788 millones en sobornos a funcionarios del gobierno y partidos políticos para que les ayudaran a conseguir contratos de obras públicas. De ese total, aproximadamente US$735 millones corresponden a sobornos hechos a lo largo de más de una década en 10 países latinoamericanos.

Con base en estas cifras, es posible hacer un cálculo aproximado del "retorno de la inversión" que Odebrecht recibió por los sobornos pagados. La compañía obtuvo el mayor retorno de inversión en Argentina, donde por cada dólar invertido en sobornos la compañía recibió un poco menos de US$8. Odebrecht obtuvo su peor retorno en República Dominicana, donde por cada dólar invertido en sobornos, la compañía obtuvo solamente US$1,80. (Vea el gráfico de InSight Crime abajo).

 

Pero la cantidad de sobornos que Odebrecht pagó podría ser incluso mayor que la reportada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según funcionarios involucrados en las investigaciones de Odebrecht en varios países de la región.

En Colombia, por ejemplo, las autoridades han dicho que el verdadero valor de los sobornos pagados podría ser casi el doble de lo que Odebrecht ha admitido; las estimaciones van desde US$22 a 27 millones. En Guatemala, las autoridades creen que puede haber unos US$4 millones en sobornos que no se incluyeron en el acuerdo de declaración de culpabilidad. Y en Ecuador, según la organización de investigaciones MilHojas, el verdadero valor de los sobornos pagados podría ascender a los US$300 millones, casi nueve veces lo que estima el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Todavía hay mucha tela por cortar, como seguramente lo demostrarán las investigaciones actuales y futuras. Y quizá nunca se llegue a conocer el valor total de los sobornos que realizó Odebrecht. Pero lo que ha quedado claro es que la compañía orquestó una masiva y altamente sofisticada empresa criminal que operó durante años a la sombra de algunas de las altas esferas del gobierno y la industria.

El Modus Operandi de Odebrecht

El éxito del amplio esquema de sobornos y lavado de dinero de Odebrecht dependía de un sistema complejo y en múltiples niveles, que incluía el uso de cuentas bancarias registradas a nombre de sociedades en paraísos fiscales y otras trampas contables diseñadas para ocultar los flujos financieros ilícitos. Pero, básicamente, la empresa obtenía sus ganancias ilegales mediante el uso de tres mecanismos simples: sobornos, retrasos y recargos.

Según la detallada investigación llevada a cabo de manera independiente por InSight Crime, durante el período de 15 años que se estableció en el acuerdo de culpabilidad antes mencionado, Odebrecht fue responsable de más de 155 proyectos de construcción, de los cuales por lo menos 45 estaban en Brasil, y los otros 110 dispersos por toda la región.

Estos proyectos eran similares, en tanto muchos estaban relacionados con la construcción: carreteras, puertos, acueductos, sistemas de energía y otros similares —muchos de los cuales se obtuvieron por medio de sobornos—. Pero un vistazo más de cerca a los contratos permite apreciar cómo los retrasos y los recargos contribuían a los inflados beneficios que Odebrecht obtenía en sus sucios negocios.

El país donde es más evidente el sorprendente grado de retrasos de los proyectos de Odebrecht es Venezuela, donde hasta la fecha la empresa ha dejado inacabados o detenidos unos 23 de sus 32 multimillonarios proyectos, algunos de los cuales se supone que han estado en construcción desde principios o mediados de la década pasada.

Odebrecht ha culpado al gobierno por el estado de sus proyectos en Venezuela, alegando que nunca recibieron fondos para estos proyectos. Pero esta declaración ha sido contradicha por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien recientemente afirmó que al menos 11 de los proyectos que aún no se han terminado recibieron aproximadamente US$30 mil millones de fondos del gobierno. La Fiscalía General de Venezuela había estado investigando actos corruptos relacionados con Odebrecht antes de la polémica destitución de Ortega a principios de agosto de 2017.

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Otro ejemplo de los retrasos que afectaron los proyectos de Odebrecht es el del proyecto del ferrocarril Sarmiento en Argentina, que solamente avanzó un tres por ciento en un período de ocho años y que Odebrecht ha abandonado. Está también el proyecto de la refinería de petróleo de Salamanca, en México, que debía concluirse en 2015 pero sólo ha avanzado en un 23 por ciento y se encuentra suspendido temporalmente.

A su vez, estos retrasos estuvieron asociados regularmente a sobrecostos que eran a menudo un producto de las modificaciones en los contratos. Se ha confirmado que por lo menos US$6,26 mil millones en sobrecostos están asociados con proyectos de Odebrecht, según cálculos del medio de periodismo investigativo Convoca.

Los casos de la hidroeléctrica de Pinalito en la República Dominicana y el único proyecto de Odebrecht en Guatemala, la carretera CA-2 Occidente, ofrecen un claro ejemplo de las modificaciones de los contratos por sobrecostos.

En el caso de la planta hidroeléctrica de la República Dominicana, Odebrecht hizo seis modificaciones al contrato durante un período de cinco años, lo que aumentó el costo del proyecto por la escandalosa suma de US$230,2 millones, casi el triple del costo original del proyecto.

Del mismo modo, las modificaciones que Odebrecht hizo al contrato de la carretera CA-2 Occidente en Guatemala llevaron a que el costo por kilómetro pasara de US$2,8 millones a US$8,3 millones, lo que significa que solamente 48 kilómetros de los 140 que se habían planeado originalmente pudieron ser construidos utilizando el precio original.

Blindado por los sobornos

Aunque la magnitud de la red criminal de Odebrecht apenas está empezando a ser revelada por la Operación Lavado de Autos y otras investigaciones, durante muchos años la empresa ha estado involucrada en varias controversias en varios países de Latinoamérica, lo que indica que la compañía no solamente compró empresas, sino además protección política mediante sus actividades corruptas.

Uno de los escándalos más grandes que involucró a Odebrecht años antes de que se iniciara la Operación Lavado de Auto ocurrió en 2008 en Ecuador, cuando el gobierno expulsó a la compañía del país debido a graves defectos en el proyecto de la planta hidroeléctrica de San Francisco. La expulsión duró casi tres años hasta que el entonces presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, negoció el regreso de Odebrecht al país, después de lo cual la empresa continuó con sus actividades de corrupción.

El castigo que tuvo Odebrecht en Ecuador fue breve, pero en el resto de Latinoamérica fue prácticamente inexistente.

En Colombia, ya en el año 2009, Óscar Ortiz, el zar anticorrupción del país, señaló los posibles sobornos que Odebrecht había pagado para adquirir el interceptor de aguas residuales del río Bogotá y pidió que se suspendiera el contrato, pero aun así se llevó a cabo. Años más tarde, el gobierno se vio obligado a pagarle a Odebrecht 12 mil millones de pesos (unos US$4 millones) durante una disputa legal en torno a este proyecto, que Odebrecht dejó incompleto. En el país ha habido cuatro conflictos legales como éste entre Odebrecht y sus contratistas, los cuales han sido arbitrados a favor de la empresa.

 

Odebrecht ha estado involucrada en varias controversias en varios países de Latinoamérica, lo que indica que la compañía no solamente compró empresas, sino además protección política mediante sus actividades corruptas.

 

Una situación similar se presentó en México en el año 2010, con un proyecto cuyo contrato, según los auditores federales, tuvo varias sobrevaloraciones y otras irregularidades. En las 19 audiencias de conciliación, Pemex, la petrolera estatal mexicana, siempre falló a favor de Odebrecht. Funcionarios de ambos países que actualmente hacen parte de las investigaciones de Odebrecht creen que la compañía pudo haber sobornado a individuos para que fallaran a su favor, como una manera de aumentar sus márgenes de ganancia.

En la República Dominicana, en el año 2012 la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) encontró gastos excesivos en la terminación de la autopista del Coral por parte de Odebrecht, y solicitó que se hiciera una auditoría e investigación sobre el proyecto. Pero, una vez más, el caso no condujo a ninguna parte. Dos años más tarde, Odebrecht estuvo de nuevo en el foco de atención del país, cuando otros contratistas de obras públicas acusaron al gobierno de favoritismo, después de haberle adjudicado a Odebrecht el contrato para la construcción de una central eléctrica de carbón, a pesar de que la empresa tenía las más bajas cualificaciones técnicas y pedía el precio más alto para el proyecto, que incluso sobrepasaba el monto establecido por el Congreso.

Estos ejemplos muestran que Odebrecht utilizó los sobornos no sólo como un método para obtener contratos lucrativos, sino también como un medio para mantener ventajas competitivas potencialmente injustas sobre empresas rivales en la región.

Una oferta a la que 'ninguno' se podría resistir

¿Cuántos políticos rechazaron las propuestas de Odebrecht?

"Ninguno", dijo Rodrigo Tacla Durán, exdirector del "Departamento de Sobornos" de Odebrecht, según un informe del diario La Estrella de Panamá.

De hecho, un gran número de altos funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos de diversas orientaciones políticas han sido relacionados con sobornos de Odebrecht. Así mismo, relativamente pocos funcionarios han sido detenidos o procesados, y en varios países las investigaciones en torno a Odebrecht han sido politizadas.

Los ejemplos más claros se encuentran quizá en México y Venezuela. En el primero de estos países, al parecer dos importantes partidos políticos han acordado evitar hablar sobre el caso, y el procurador general se ha negado a revelar detalles sobre el estado de la investigación, alegando restricciones de confidencialidad. Y en el atribulado país suramericano, a la fiscal general de la nación se le prohibió levantar cargos contra individuos en relación con el caso Odebrecht sin previa autorización del gobierno. Después de eso fue destituida.

Incluso en países como la República Dominicana, donde 14 personas fueron implicadas en sobornos relacionados con Odebrecht y deberán enfrentar un juicio, los fiscales han sido acusados de favorecer al partido político gobernante. El caso de Odebrecht ha incluso generado masivas manifestaciones públicas en las que se exige que la empresa sea expulsada del país y que se abra una investigación sobre el presidente.

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Al menos dos países han tenido resultados tangibles y significativos en términos de juzgar actos corruptos relacionados con Odebrecht: Brasil, donde el expresidente Lula recibió una condena de cárcel, y Perú, donde el fiscal general ordenó el arresto del expresidente Alejandro Toledo y la detención preventiva del expresidente Humala. Existen otras investigaciones en varios países de la región, pero en muchos casos es probable que su progreso sea lento.

La reputación de Odebrecht se ha ido al traste tras la revelación del escándalo, y la poderosa empresa constructora venida a menos ha recibido un golpe tan fuerte que las consecuencias contribuyeron a la peor crisis económica en la historia moderna de Brasil. Quizá esta experiencia sirva como una advertencia para otras empresas que están considerando actuar de manera similar. Pero además se debe juzgar a los políticos que participaron en la red de sobornos de Odebrecht, con el fin de disuadir a los funcionarios públicos de ofrecer la protección política que durante tanto tiempo sostuvo las operaciones criminales de la empresa.