Muchas muertes son inevitables. Los desastres naturales y las enfermedades incurables pueden cobrar muchas vidas de repente y sin previo aviso. Pero hay una muerte que puede evitarse: el homicidio. Es el momento de que Latinoamérica y el Caribe establezcan una meta clara para reducir la tasa de homicidios.
La región es una de las más violentas del mundo. Alberga sólo el 8 por ciento de la población mundial, pero tiene el 33 por ciento de los homicidios. Y el problema está empeorando. Si no se hace nada al respecto, la tasa de homicidios regional continuará aumentando del 21 por 100.000 habitantes a 35 por 100.000 habitantes en 2030 —por lo menos siete veces más que la media global—.
En el Instituto Igarapé y en el Banco Interamericano de Desarrollo creemos que es posible disminuir la actual tasa de homicidios de Latinoamérica en un 50 por ciento en 10 años. Esto salvaría unas 413.000 vidas.
Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly y es reproducido con su autorización. Lea el artículo original aquí.
La tarea no será fácil. Los gobiernos suelen oponerse a las estrictas y cortas metas asociadas a la reducción del crimen. Los políticos les temen a las repercusiones políticas de los errores. Los activistas de derechos humanos también temen que establecer metas específicas puede justificar tácticas represivas por parte de la policía.
Los costos de la inacción son altos. A pesar de las mejoras en la gobernabilidad democrática y en la reducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, los crímenes violentos continúan saliéndose de control en muchos países y ciudades. Con el fin de reducir la violencia criminal, los gobiernos deben asumir algunos retos inaplazables.
Uno de los más importantes generadores de la violencia homicida en cualquier lugar es la desigualdad social y económica. En general, entre más desigual es un lugar, mayores son las tasas de violencia. Aunque la pobreza y la desigualdad han disminuido en la mayor parte de Latinoamérica, la desigualdad no lo ha hecho en la misma proporción. De hecho, 10 de los 15 países más desiguales del planeta se encuentran en la región.
Otro factor que influye en las altas tasas de homicidio es el desempleo juvenil. Aproximadamente el 13 por ciento de los 108 millones de jóvenes de Latinoamérica entre los 15 y 24 años están desempleados. Esto es, tres veces la cantidad de adultos. Más de la mitad de los trabajadores están vinculados a la economía informal. En total, más de 20 millones de jóvenes no reciben educación, formación ni empleo. En Brasil, un aumento del 1 por ciento en las tasas de desempleo masculino conduce a un aumento de 2.1 por ciento en los asesinatos.
Las altas tasas de violencia en Latinoamérica y el Caribe también están fuertemente relacionadas con instituciones de justicia débiles e ilegítimas. Es bien conocido que las instituciones abusivas, corruptas y poco confiables pueden generar el crimen (y viceversa). Y en lugar de hacer cuantiosas inversiones en sectores como la seguridad, en la región las instituciones policiales, judiciales y penales son de bajo rendimiento. En Latinoamérica, sólo dos de cada 10 asesinatos son condenados: la tasa a nivel global es del doble.
Un factor importante que influye en la impunidad generalizada y sistémica es el crimen organizado. Todos los países de Latinoamérica y el Caribe están afectados en diversos grados por las organizaciones criminales, especialmente por los carteles de la droga, que manejan ingresos por unos US$330 mil millones anualmente. Estas organizaciones pueden tener un efecto corrosivo en las instituciones policiales, judiciales, penales y aduaneras.
La gran cantidad de armas de fuego sin licencia, incluyendo las que se trafican desde Estados Unidos o se filtran al interior de los países, también están asociadas con las altísimas tasas de violencia armada en la región. Por otra parte, se sabe que las normas sociales que aprueban el machismo y las relaciones de género desiguales son causantes de las altas tasas de violencia intrafamiliar.
Cabe señalar que la violencia está hiperconcentrada en lugares específicos. Cerca de 170 de las ciudades de Latinoamérica con una población de más de 250.000 habitantes tienen tasas de homicidio superiores a 25 por cada 100.000 personas. Los gobiernos y la sociedad civil de Latinoamérica harían bien en iniciar estrategias para reducir los homicidios.
Es más, en las ciudades grandes y medianas de la región, aproximadamente el 80 por ciento de los asesinatos se concentran en menos del 2 por ciento de los barrios. Las autoridades públicas deben concentrar sus limitados recursos en el desarrollo de soluciones integrales específicamente para estas áreas. Y no pueden hacerlo solas: necesitan trabajar en conjunto con el sector privado y las comunidades locales.
La buena noticia es que en toda la región se están propagando las soluciones innovadoras. Las administraciones públicas, los empresarios y los académicos están experimentando con soluciones basadas en datos y evidencias, y orientadas a los problemas. Poco a poco han ido aprendiendo las lecciones.
Las estrategias más exitosas son las integrales —aquellas que se centran en datos policiales y en el acceso a la justicia, y a la vez incluyen programas sociales y económicos específicos para la prevención de la violencia y centrados en la juventud en riesgo. Algunas de esas estrategias también incluyen planes de renovación urbana y la mejora del transporte público en los barrios más afectados.
Un consorcio de organizaciones de toda Latinoamérica iniciará una nueva campaña en 2017 para incluir la reducción de los homicidios en la agenda regional. Con el fin de reducir la tasa de homicidios en un 50 por ciento en 10 años, nos enfocaremos en los siete países con las tasas de homicidio más altas —Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela—.
La principal prioridad consiste en generar un diálogo sobre los homicidios y sus complejas causas. En segundo lugar, los gobiernos y la sociedad civil necesitan establecer objetivos claramente definidos con medidores de logros específicos. En conjunto con el sector privado, deben dirigir las inversiones a las políticas y los programas de prevención de la violencia basados en evidencias. Estas medidas serán la clave para acabar con la epidemia de homicidios en la región de una vez por todas.
*Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly y es reproducido con su autorización. Lea el artículo original aquí.