La evidencia de "terrorismo islámico" en Latinoamérica no es concluyente.

En las dos últimas semanas, ha revivido una vieja historia: la amenaza del "terrorismo islámico" con origen en Latinoamérica, con la reactivación de una de sus subnarrativas más importantes: la amenaza planteada por las autoridades venezolanas que expiden pasaportes de manera ilegítima a presuntos terroristas del Medio Oriente.

Las denuncias se incluyeron en la justificación de una carta enviada a la administración Trump por representantes de ambos partidos en la que se le solicita ampliar la lista de funcionarios venezolanos a los que se han aplicado sanciones, según la Ley de 2014 por la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero su importancia se vio magnificada por un reportaje de CNN transmitido en dos partes en el horario estelar la semana anterior.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y se reproduce y traduce aquí con autorización. Este no representa necesariamente la opinión de InSight Crime. Consulte el original aquí.

La renovada atención surge en el primer mes de una nueva administración presidencial que ha incluido en su plataforma la seguridad de las fronteras estadounidenses y la prevención del terrorismo, y muchos en los círculos políticos de Washington esperan que se dé prioridad a esas denuncias. En la investigación de CNN, por ejemplo, Roger Noriega afirma con dramatismo: "Creo absolutamente, y lo sostengo en público, que si no tomamos parte en este problema, morirán personas".

En esta publicación analizamos la evidencia que se ha presentado para respaldar estas afirmaciones. Bajo cualquier estándar es insustancial.

Carta bipartidista de 34 legisladores para solicitar sanciones

El tema volvió a oírse como parte de una reciente carta del congreso firmada por representantes de ambos partidos y presentada a la administración Trump. El 8 de febrero, la representante Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) y el senador Bob Menéndez (D-NJ) redactaron una carta, que también firmaron otros 32 congresistas, en la que se solicitaba a la administración Trump que usara su autoridad para promover sanciones contra las autoridades corruptas del gobierno venezolano. Gran parte de la carta se centraba en los oficiales del ejército venezolano vinculados a la pavorosa corrupción en la distribución de alimentos, y a evidencia de participación del vicepresidente Tareck El Aissami en narcotráfico. Además, la carta planteaba denuncias de que El Aissami tiene vínculos con Hezbolá y Hamas y se ha visto involucrado en la emisión de pasaportes a estos y otros de Medio Oriente.

Como soporte de estas últimas afirmaciones, la carta cita "información de prensa" de American Interest y del Wall Street Journal. Un examen más minucioso, sin embargo, muestra que estas no son investigaciones periodísticas que presenten evidencia real.  La primera es en realidad la transcripción de comentarios dichos por el exfiscal de distrito de Nueva York Robert Morgenthau en 2009. La segunda es en realidad un editorial de la comentarista Mary Anastasia O'Grady, publicada en 2014.

La fuente de información de Morgenthau es confusa, pero allí él simplemente declara que El Aissami es "sospechoso de haber expedido pasaportes a miembros de Hamas y Hezbolá". El editorial de O'Grady cita un periódico publicado en junio de 2014 por el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por sus siglas en inglés). Según O'Grady, el artículo del SFS afirma que, en el desempeño de sus funciones en el Ministerio del Interior, "La oficina de El Aissami usó tecnología de la información desarrollada por la seguridad estatal cubana para dar nuevas identidades venezolanas a unos 173 individuos de Medio Oriente, las cuales son en extremo difíciles de rastrear".

Sin embargo, cuando se mira con detenimiento el artículo real del SFS citado por O'Grady, "Canadá en guardia: determinación de la amenaza de seguridad por inmigración de Irán, Venezuela y Cuba", la única evidencia real que cita es un "estimativo" de "agentes regionales de inteligencia" no nombrados de que 173 "individuos del Medio Oriente recibieron pasaportes e identificaciones nacionales en Venezuela en el periodo entre abril de 2008 y noviembre de 2012, que coincide con la ocupación de Tareck El Aissami" como ministro del interior.

"Pasaportes en las sombras" de CNN

El 8 de febrero, CNN comenzó a transmitir una investigación en dos partes llamada "Pasaportes en las sombras" en AC360° y CNN en Español, donde se exploraba en detalle las denuncias de que autoridades diplomáticas vendieron pasaportes venezolanos a personas que podrían haber tenido vínculos con organizaciones terroristas en Medio Oriente. En lo que parece una retaliación, el gobierno venezolano sacó a CNN en Español de las ondas radiofónicas de Venezuela, un claro acto de censura.

La fuente principal de la primera parte de la investigación es Misael López, exempleado de la Embajada venezolana en Iraq, de julio de 2013 a julio de 2015, quien desde entonces ha buscado asilo político en España. López afirmó y presentó evidencia de venta irregular de visas y pasaportes venezolanos a ciudadanos de Iraq, Siria, y otros países de Medio Oriente. Parece que hizo estas denuncias por primera vez a la periodista venezolana Andreína Flores en noviembre de 2015, y que posteriormente tomaron fuerza en inglés en Breitbart News.

Las afirmaciones de López parecen plausibles y son motivo de preocupación, pero también deben entenderse en su contexto.

En primer lugar, el fraude en pasaportes es un problema de seguridad de larga data y de ningún modo se limita a Venezuela. Ha habido informes de esquemas semejantes operados en Guatemala, Belice y otros lugares. Algunos incluso han hablado de una "epidemia" de pasaportes falsos de la Unión Europea.

En segundo lugar, para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos venezolanos no necesitan únicamente un pasaporte válido, sino también una visa válida. Por consiguiente, el ingreso de una persona con un pasaporte venezolano falso requeriría un grave desliz del mismo sistema de inmigración del gobierno estadounidense.

La segunda parte de la investigación de CNN entrevista a Marco Ferreira, brigadier general venezolano retirado que buscó exiliarse en Estados Unidos luego de participar en el intento de golpe de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Ferreira —quien entre 2001 y 2002 dirigió el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela— halló evidencia de irregularidades en el sistema, entre ellas "sospechosos de narcotráfico y pertenencia a grupos terroristas" con pasaportes venezolanos. Aun dejando de lado los posibles sesgos de un oficial del ejército que trató de derrocar al gobierno de Chávez, no es claro qué tan relevantes sean las denuncias de hace 15 años. Si esos pasaportes fueron usados por terroristas, es posible que ya lo hubiéramos sabido. Es más, cualquier pasaporte expedido en 2002 o antes ya habría expirado hace varios años.

Finalmente, la investigación de CNN cita lo que llama un "documento confidencial de inteligencia" que dice vincular a El Aissami con "173 pasaportes y cédulas venezolanas que fueron expedidas a personas de Oriente Medio, incluyendo personas relacionadas con el grupo terrorista Hezbolá". Si esa cifra suena familiar, es porque es la misma que mencionara el artículo de 2014 del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS). CNN no cita la fuente de este documento "confidencial", pero la versión del reportaje de CNN en Español afirma que la información se "presentó al Congreso en 2015" y muestra una imagen del director ejecutivo de SFS Joseph Humire rindiendo testimonio ante los legisladores (ver abajo).

 

Venezuela Testify

 

Resumen de la evidencia

La evidencia presentada en este nuevo intento de afirmar que se están entregando pasaportes venezolanos a terroristas es la siguiente:

Declaraciones de Robert Morgenthau de una presentación verbal, que citan evidencia no disponible al público.

Un artículo muy reciclado del SFS que cita a "oficiales regionales de inteligencia" no especificados.

Las declaraciones de un antiguo oficial del ejército venezolano implicado en un intento de golpe contra el gobierno de Chávez hace quince años sobre pasaportes que expiraron hace tiempo.

Evidencia presentada por un exfuncionario de la Embajada venezolana en Iraq.

De las cuatro fuentes, la última parece la más creíble. Pero vista en contexto, no justifica las dramáticas declaraciones de las que ha sido objeto. La falsificación de pasaportes no es exclusiva de Venezuela y en cualquier caso la dificultad de conseguir una visa estadounidense implica que el potencial de cualquier amenaza de seguridad implícita para Estados Unidos sea en extremo baja.

Nada de esto subvierte las afirmaciones de que El Aissami tenga nexos con el narcotráfico o con Hezbolá y Hamas —demandas que deben investigarse y sopesarse con evidencia—. Pero la idea de que haya pasaportes venezolanos orbitando por todo el globo que da una oportunidad a terroristas parece una tempestad en un vaso de agua.

Como lo señaló Chris Sabatini, la reciente oleada de demandas maliciosas relacionadas con amenazas terroristas con origen en la región se debe en parte a funcionarios que buscan llamar la atención de la Administración Trump ahora que se está instalando. La conexión de Venezuela con una supuesta amenaza terrorista con origen en la región ha sido por largo tiempo la meta de sectores que buscan la intervención estadounidense y, dada la nueva "lógica" de Washington, podría no ser sorpresa que la historia ganara fuerza nuevamente. Con la conexión de Venezuela con el terrorismo, las partes interesadas buscan convertir en amenazad para la seguridad nacional lo que es una crisis de derechos humanos y un tema engorroso, y así generar la acción que pretenden.

*Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y se reproduce y traduce aquí con autorización. Este no representa necesariamente la opinión de InSight Crime. Consulte el original aquí. Geoff Ramsey es Asociado de Investigación y Comunicaciones para WOLA. David Smilde es investigador sénior de WOLA especializado en Venezuela.