En Colombia están aumentando los bloqueos a los erradicadores por parte de los cocaleros

Las comunidades rurales de Colombia pueden ser las que más ganen —y quizá también las que más pierdan— con la nueva fase del conflicto armado que se ha extendido por más de 50 años. Las comunidades cocaleras temen perder la seguridad financiera que les ofrecen sus cultivos; por otro lado, la falta de seguridad para los líderes sociales ha conducido a una oleada de asesinatos. A medida que las tensiones aumentan en los campos, la resistencia civil también puede aumentar.

El 19 de febrero, cerca de 200 agricultores bloquearon el paso de una brigada militar que había detenido a dos hombres en un laboratorio de pasta de coca en el noroeste de Colombia, impidiendo que los soldados llevaran los sospechosos ante las autoridades judiciales. Los habitantes exigieron la liberación de los dos hombres, que fueron finalmente dejados en libertad.

Un comunicado de prensa de la comunidad local presenta una versión de los hechos ligeramente diferente a la del ejército, pues afirma que los hombres estaban trabajando en un cultivo de coca, cuando el ejército llegó y destruyó sus herramientas.

Los hechos se presentaron en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde se había presentado un desplazamiento apenas unos días antes, supuestamente debido a la presencia de grupos criminales de origen paramilitar.

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Dicho desplazamiento es el ejemplo más reciente de comunidades que son victimizadas como parte de los cambios del conflicto en Colombia.

A medida que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se retiran a las zonas donde los guerrilleros se desmovilizarán como parte del acuerdo de paz que el grupo armado firmó con el gobierno colombiano en 2016, otros grupos han estado ocupando los antiguos territorios de los guerrilleros.

En muchos casos, dichos grupos eliminan a las figuras locales que se interponen en su camino. El número de líderes sociales asesinados en 2016 aumentó 27 por ciento en comparación con el año anterior, según un informe de Somos Defensores, una organización para la defensa de los derechos humanos.

 

 

Análisis de InSight Crime

La protesta en Norte de Santander da cuenta de los temores de las comunidades rurales a medida que Colombia entra en la nueva era del "posconflicto". Para los municipios cocaleros como Tibú, es de gran importancia el nuevo acuerdo de la política de drogas que les ofrece más garantías a los cocaleros, pues hace énfasis en la sustitución voluntaria de cultivos y no en la erradicación forzosa.

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Pero la erradicación forzosa ha continuado en todo el país, a pesar de la ausencia de programas de sustitución, lo que ha llevado a un enorme aumento en los bloqueos de los agricultores en departamentos como Caquetá y Nariño. Como InSight Crime descubrió durante una reciente investigación de campo, el peligro de que los civiles se enfrenten con las fuerzas de seguridad seguirá creciendo entre más se demore el gobierno en implementar los proyectos de sustitución.

El riesgo de que el gobierno no cumpla con otro de los pactos establecidos en el acuerdo de paz —el de garantizar la seguridad de los líderes comunitarios— también ha generado serias preocupaciones.

El asesinato de activistas locales es a menudo un indicio de que los grupos armados se están movilizando hacia nuevas áreas, estableciendo el control mediante la eliminación de quienes les obstaculizan sus lucrativas economías criminales. De hecho, Somos Defensores descubrió que la mayor parte de los asesinatos de líderes campesinos ocurrió en áreas con fuerte presencia de las FARC, lo que sugiere que las organizaciones ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Urabeños, están consolidando su poder en los antiguos bastiones de los guerrilleros.

Mapa de los ataques a líderes sociales en 2016, elaborado por Somos Defensores

Ejemplo de ello es el asesinato, en agosto de 2016, de un líder indígena que se pronunció contra la minería ilegal en el Cauca, uno de los departamentos más peligrosos para los líderes sociales, donde hay presencia de las FARC y el ELN. Este último grupo fue acusado de causar su muerte, y de estar reforzando el control sobre la minería ilegal de oro en la zona.

Un líder local también fue atacado recientemente en la localidad de Briceño, donde se adelanta un programa pionero de sustitución de coca, y donde hay presencia de guerrilleros de las FARC y miembros de la organización criminal Los Urabeños. Estos incidentes sugieren que, a medida que los grupos armados remplazan a las FARC como los nuevos jefes de la coca, puede estar aumentando la presión sobre las asociaciones de cultivadores cocaleros locales para que rechacen los programas de sustitución del gobierno.

Es posible que las FARC no toleren pasivamente la victimización de las organizaciones comunitarias, que les pueden servir como medios para el futuro trabajo político del grupo guerrillero. InSight Crime ha podido confirmar que los miembros del Estado Mayor de las FARC les han estado diciendo a los guerrilleros que, en caso de que el gobierno no cumpla sus promesas en materia de seguridad, una buena opción sería animar a los civiles a conformar grupos de autodefensa similares a la actual guardia indígena.

Con respecto a la posibilidad de que la erradicación forzada continúe prevaleciendo, un comandante explicó que, "Si eso ocurre, va a haber muchos frentes guerrilleros, porque los campesinos van a armarse para defender lo de ellos".

Dado que muchos miembros desmovilizados de las FARC probablemente continuarán haciendo lo que saben hacer —en muchos casos, coca y política local—, este hecho podría constituir una considerable amenaza para poner fin definitivo al conflicto armado.