Casi a diario los medios de comunicación venezolanos mencionan casos en los que están involucrados o se sospecha de funcionarios policiales o militares como cómplices, facilitadores o autores de graves delitos, lo que señala un grave problema de deterioro y corrupción en las fuerzas de seguridad del país.
Funcionarios corruptos –en especial policiales o militares– son un engranaje escencial para la penetración y crecimiento de la delincuencia organizada en Venezuela, lo que se refleja en sus alarmentes cifras de criminalidad.
Bien sea casos de integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas acusados de transportar alijos de drogas en vehículos militares, de facilitar el paso de aviones o cargamentos del narcotráfico o de manejar el contrabando de gasolina hacia Colombia. Incluso el recientemente nombrado Ministro de Relaciones Interiores ha sido acusado por Estados Unidos de facilitar el paso de cargamentos de droga mientras estuvo a la cabeza de las operaciones antinarcóticos en el país, un cargo que él niega.
Ha habido casos de funcionarios policiales que permiten el escape de detenidos, apoyan o son parte de bandas de secuestradores y extorsionadores o facilitan armas e información a grupos delictivos, incluso proporcinando armas de guerra y granadas a las mafias carcelarias.
Como lo ha señalado Latinobarómetro, la corrupción policial es uno de los principales problemas en Latinoamérica y su percepción de su alcance es una gran dificultad para la aplicación de la ley en la región. La creencia de que la policía es corrupta en Latinoamérica oscila desde 90 por ciento en México hasta 47 por ciento en Uruguay, y el 70 por ciento de la población encuestada en Venezuela tiene opiniones negativas acerca de sus autoridades. Además, el 56 por ciento de los entrevistados en Venezuela cree que la policía está involucrada en el crimen organizado.
En el año 2009, Tarek El Aissami, el entonces Ministro de Relaciones Interiores, admitió que 20 por ciento de los delitos en Venezuela son perpetrados por funcionarios policiales. Pero, desde esa fecha, aunque no existen estadísticas, la percepción general es que esas cifras han aumentado. Sobre todo después de casos como el registrado en enero de 2015, cuando 11 funcionarios de la policía judicial fueron arrestados por haber secuestrado a un comerciante local en su estación de policía, por el cual exigían rescate.
Este caso dio origen a una nueva “reestructuración” de ese cuerpo de investigación y la creación de una Comisión Presidencial para la reforma del modelo policial, la tercera desde el año 2006. La comisión entregó su informe con seis proyectos legislativos, introducidos ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, pese a tener todavía amplia mayoría oficialista, los proyectos no fueron discutidos, mucho menos aprobados y no se han vuelto a mencionar en la agenda del gobierno. Algo similar ocurrió con dos reformas anteriores, en el 2006 y 2012.
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Si bien antes del año 2000 en Venezuela se mencionaba cierto grado de corrupción entre miembros y oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuarto brazo de las Fuerzas Armadas venezolanas encargado de la vigilancia de las fronteras, puertos, aeropuertos, instalaciones petroleras, parques y orden público. En los últimos años, funcionarios de la GNB –así como miembros de todas las agencias de seguridad y defensa nacional– han estado implicados en tráfico de drogas, secuestros y otras prácticas ilegales.
Testimonios de oficiales de grado medio de la GNB, que quieren permanecer en el anonimato, aseguran que en esa institución los oficiales corruptos pagan a sus superiores por las asignaciones en zonas del país “más rentables” en cuanto a recepción de sobornos o que esas designaciones de cargos las realizan los oficiales de alto grado ya con una escala de sobornos predefinida: tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30 por ciento de los sobornos, los oficiales intermedios un 20 por ciento y el alto oficial un 50 por ciento.
Estas “comisiones” se colectan para dejar pasar cargamentos de gasolina a Colombia, permitir un embarque de cocaína en una aeronave o “apagar” los radares para no detectar un vuelo sospechoso.
Miembros de la Policía Nacional Bolivariana han dicho que algunos pagan a sus jefes por las zonas de patrullaje o de cuadrantes por la extorsión a comerciantes informales y a los “bachaqueros”, revendedores de productos básicos regulados.
De igual modo, delincuentes detenidos, abogados o fiscales del Ministerio Público conocen las “tarifas” para que detectives de la policía de investigación alteren un expediente o cambien “por error” un digito del documento de identidad para retrasar indefinidamente el caso; o el “costo” de eliminar una prueba o “extraviar” la totalidad del expediente.
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En noviembre pasado se supo de la destitución del Director de Seguridad del estado Guárico por estar pasando información al criminal más buscado de Venezuela, José Tovar Colina, alias “El Picure”, quien fue abatido en mayo 2016.
A pesar de la destitución de algún funcionario, es muy difícil que la ciudadanía recupere la confianza en sus cuerpos policiales, si no ven señales inequívocas de profundos cambios en el funcionamiento y eficiencia de las policías venezolanas.
Análisis de InSight Crime
Los medios de comunicación venezolanos reportan diariamente casos de funcionarios militares que son sospechosos o presuntos cómplices, facilitadores o autores de serios crímenes. Los agentes policiales, más que cualquier otro estamento de la sociedad, están, por sus funciones, en contacto y proximidad con delincuentes. Por ello, están expuestos a la tentación o son blanco de la corrupción en las múltiples facetas relacionadas con su ejercicio profesional.
Los controles, tanto institucionales como informales, hacia los cuerpos policiales son indispensables en toda democracia. Pero en Venezuela, esos controles han sido sistemáticamente desestructurados o anulados, facilitando aún más la consolidación de la delincuencia organizada.
Supervisión interna
La jerarquía establece relaciones y responsabilidades entre supervisores y supervisados, entre soldados, agentes y oficiales. En países con una “cultura policial” no demasiado sólida y sujeta a cambios continuos que responden a criterios más políticos que institucionales, los jefes y oficiales policiales juegan un papel significativo en la conducta de sus agentes. En los cuerpos policiales venezolanos, en lugar de profundizar en la formación y la experiencia, se ha priorizado como la lealtad y simpatía política.
Asuntos internos
Los cuerpos policiales poseen departamentos dedicados a la investigación de conductas irregulares de sus funcionarios. El Consejo Nacional de Policía, estableció que todos los cuerpos policiales debían tener una Oficinas de Control de Actuación Policial y una Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales. Sin embargo, no todo lo que se pone sobre el papel se instrumenta en la práctica. La falta de controles internos se destacó con la creación de una comisión por el presidente Maduro en 2014, la cual buscaba crear una oficina centralizada de asuntos internos. Esta reforma no llegó a arrojar algún resultado positivo.
Control ciudadano
En Venezuela, legalmente se permite un grado de participación ciudadana en cuanto a la regulación de la policía por medio del los Comités Ciudadanos de Control Policial (CCCP), consejos comunitarios y cualquier organización de carácter comunitario debidamente estructurada. Pero la polarización de la política venezolana en todos los niveles –y mayoría del control a nivel comunitario por el partido gobernante– ha hecho que el control ciudadano sobre las funciones policiales sea ineficaz. El control del gobierno sobre el poco conocido Consejo General de la Policía, cuyos miembros son designados por el Ministro de Relaciones Interiores, limita su efectividad e independencia.
La Asamblea Nacional
A pesar de que la Asamblea Nacional tiene la tarea legislativa de vigilar las instituciones del gobierno, ha fracasado en eso. Pese al incremento constante de criminalidad y vilencia, evidente complicidad de funcionarios al introducir armas en las cárceles e informes sobre serias violaciones a los derechos humanos, la Asamblea Nacional fracasó en investigar cualquier caso o en instar a cualquier alto funcionario a testificar en audiencias entre 2005 y 2015.
La Fiscalía General de la República
En la Fiscalía General de la República no existen dependencias dedicadas a la corrupción policial o a delitos cometidos por funcionarios. Los procedimientos contra agentes u oficiales policiales son adscritos, por sus características, a las diferentes dependencias del Ministerio Público, bien sea Contra las Drogas, Contra la Corrupción, Contra la Extorsión y el Secuestro, Defensa de la Mujer, Protección de Derechos Fundamentales, etc. La Fiscalía General informó que en 2015 se imputaron a 1.312 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y acusaron a 959 de ellos por la comisión de delitos, pero no especifica cuáles son estos, por lo que resulta imposible establecer cuantos pueden estar relacionados con la corrupción policial.
La Defensoría del Pueblo
La mayoría de la Asamblea Nacional desde el 2005 hasta diciembre del 2015, lejos de entender que la figura del Defensor del Pueblo existe para ponerle límite a los abusos de las autoridades, parece haber creído y decidido que debería ser designado en ese cargo una figura condescendiente y dispuesta a avalar al Estado, en cualquiera de sus actuaciones. En diciembre de 2014 la Asamblea Nacional designó en el cargo a Tarek William Saab, reconocido dirigente del partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y diputado y gobernador del estado Anzóategui. Tarek Saab ha demostrado una actitud mucho más activa y amplia que sus antecesores. Sin embargo, se encuentra ante la paradójica posición de intentar restablecer la dignidad del cargo mientras también continúa siendo un político.
Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos
En un contexto ideal, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) deberían recibir apoyo de sus respectivos gobiernos para realizar eficientemente sus actividades. En un contexto “normal”, a las ONG se les debería dejar realizar sus actividades en libertad y con respeto. En Venezuela el contexto ha sido hostil, frenando la capacidad de acción de las ONG, rechazando sus informes, recomendaciones o denuncias o incluso persiguiendo a sus directivos; lo que ha impedido que éstas cumplan plenamente su función, entre ellas la denuncia y control de la corrupción policial.
Medios de comunicación
La prensa es un elemento esencial en la lucha contra la corrupción policial, ya que ella constituye en alguna forma, los ojos y oídos de la sociedad. Lamentablemente, la actitud del gobierno de Venezuela en relación a medios que realicen denuncias ha sido similar a su actitud contra las ONGs.
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La situación de los cuerpos policiales y de seguridad del Estado en Venezuela parece delicada y compleja, sobre todo cuando se analiza dentro del contexto de crisis social, política, económica y de seguridad ciudadana que atraviesa el país. Los agentes y sus familias sufren por igual por la inflación y el desabastecimiento, además de la amenaza permanente de ser asesinados para robarles el arma, la moto o como simple venganza por parte de las bandas criminales.
En resumen, cuerpos policiales actuando sin ningún tipo de controles formales o informales, internos o externos, con pésimas condiciones laborales y sometidos a un alto riesgo, castigos contra algunos funcionarios pero que no sanean la institución y un país en crisis. No debe entonces sorprender, pero sí preocupar, el crecimiento de la corrupción policial en Venezuela.