Expresidente de Honduras Porfirio Lobo

Mientras narcotraficantes hondureños testifican en cortes estadounidenses sobre sus nexos con la clase política de ese país, en Honduras un asesor presidencial no tiene reparos en decir que los vínculos entre narcos y candidatos abarcan a todos los partidos políticos.

La clase política hondureña lleva meses viendo por el retrovisor lo que pasa en el distrito judicial del este de Nueva York, en Estados Unidos, donde el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga ha acusado a varios miembros de las élites del país de tener alianzas con el narcotráfico desde hace décadas. El martes 17 de octubre, un asesor del presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que esos señalamientos implicaban a políticos de "todos los colores".

"Si nos vamos a poner a revisar cómo el crimen organizado permeó a la sociedad en general y cómo puso dinero, puso diputados, puso jueces, muchos cargos, en el Ministerio Público y en todas partes, entonces, agarrémonos todos, porque aquí hay de todos los colores", dijo el asesor presidencial Ebal Díaz, según informó La Tribuna. 

Ebal Díaz es el jefe de gabinete del presidente Hernández y entre sus funciones, según la biografía colgada en la página web del gobierno hondureño, está "coordinar y dar seguimiento a las actividades que emanan del presidente y el consejo de ministros".

Díaz también dijo que "hay una lista de extradición… vienen de todos los colores y si quieren seguir hurgando la cosa, seguramente van a salir ahí… gente muy cercana a los candidatos a la presidencia que se han tomado esto como una bandera y han empezado a hablar del New York Times y muchos familiares cercanos y algunos candidatos cercanos en esa fórmula si están en la lista".

El asesor de Hernández se refería a la publicación del New York Times del 6 de agosto en la que el periódico estadounidense perfila a Rivera Maradiaga, líder del grupo de narcotraficantes "Los Cachiros", acusado de varios crímenes en Estados Unidos y de matar a unas 80 personas en Honduras, y quien pactó con el gobierno estadounidense beneficios penales a cambio de información sobre funcionarios hondureños implicados en crimen organizado.

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Gracias al testimonio de Rivera Maradiaga, los fiscales neoyorquinos han presentado cargos contra siete policías hondureños, contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y contra miembros de la poderosa familia Rosenthal. El "cachiro" ha implicado en narcotráfico al hermano de Manuel Zelaya, otro expresidente, y al del actual mandatario, Juan Orlando Hernández.

Entre los documentos que los fiscales presentaron a la corte distrital de Nueva York hay un audio en el que un narcotraficante no identificado cuenta a Rivera Maradiaga que negoció un pago de US$250.000 dólares para Hernández. El presidente, que formalmente no ha sido acusado de nada, ha negado ese alegato.

En otras declaraciones reveladoras, Renaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional, del que Juan Orlando Hernández es miembro, pidió a Zelaya que revele la lista de los funcionarios y candidatos de su expartido, el Liberal, que han sido señalados en la corte estadounidense.

De cualquier manera, las declaraciones del asesor de Hernández vuelven a poner en la mesa la sospecha de que la clase política hondureña, en general, ha estado ligada al crimen organizado desde hace varios años.

A eso suman las declaraciones que Juan Ramón Matta Waldurraga, otro reputado narco que pactó beneficios con la fiscalía neoyorquina, pueda dar sobre sus relaciones con las élites de Honduras.

Análisis de InSight Crime

Mientras los narcos hondureños apuntan sus dedos y testimonios acusadores hacia los políticos de su país, estos se embarcan ya en una guerra de acusaciones en la que el hilo conductor parece ser la aceptación de que el narcotráfico y el crimen organizado ha estado infiltrado en el Estado desde hace décadas.

No es asunto menor si se entiende que, como acaba de aceptar el asesor presidencial Díaz, la infiltración no distingue ideologías ni partidos. "Todos", ha dicho el funcionario, están permeados. No parece casual, entonces, que las acusaciones salpiquen a los tres últimos presidentes del país: el liberal Zelaya y Lobo y Hernández, miembros del Partido Nacional.

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Todo ocurre a solo seis semanas de que Honduras celebre elecciones generales, en las que Hernández enfrentará a Salvador Nasralla del partido Libre –fundado por Zelaya– y a Luis Orlando Zelaya del Liberal. Las implicaciones de esas agrupaciones políticas con el narcotráfico serán, sin duda, parte fundamental del guion previo al evento electoral.

La afectación para el presidente Hernández también puede tener repercusiones en Washington, donde el hondureño se ha convertido en el interlocutor privilegiado de Estados Unidos en las conversaciones sobre los programas de cooperación destinados al Triángulo Norte de Centroamérica, región de la que Honduras forma parte junto a El Salvador y Guatemala.

En 2015, el Senado estadounidense condicionó el primer paquete de cooperación de US$750 millones asignados a la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte a las medidas anticorrupción impulsadas por los gobiernos de los tres países, y estableció un mecanismo de verificación que incluye un reporte semestral del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS por sus iniciales en inglés) al respecto.

Para el desembolso de cooperación correspondiente al año fiscal 2018, aprobado en el verano por el Senado, el DOS aún valora las certificaciones para Honduras, Guatemala y El Salvador. En los casos de los dos primeros países, según dijeron en Washington dos fuentes relacionadas con las discusiones que hablaron con condición de anonimato, hay "preocupación" generada por la las acusaciones de corrupción contra las élites políticas de esos países.

Ya en 2011 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) había dicho en un estudio sobre el crimen organizado en el Triángulo Norte que sucesivos gobiernos de los tres países que lo forman han protegido en mayor o menor medida a los principales grupos de narcotráfico que en ellos existen.

Los fiscales de distrito de Nueva York que presentaron el caso contra el cachiro Rivera Maradiaga no tienen dudas al respecto: dicen, a partir de las revelaciones hechas por el narcotráfico, que Honduras es un lugar donde el "narcotráfico está patrocinado por el Estado".