La ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta tiene al contrabando corriendo por sus venas, sosteniendo su economía y fortaleciendo al crimen organizado que está amasando millones producto de todo, desde carne de res hasta gasolina.
Las calles de la ciudad están bordeadas de casuchas donde los vendedores extraen el combustible de camionetas venezolanas y lo vierten en automóviles colombianos; los restaurantes sirven carne venezolana que cruzó la frontera en automóviles repletos del producto; las farmacias venden analgésicos venezolanos vencidos y dañados; y el mercado alberga bloque tras bloque de puestos que ofrecen de todo, desde pasta de dientes hasta limpiador de inodoro que ha sido introducido de contrabando desde el otro lado de la frontera.
“En Cucuta no ven al contrabando como un delito, lo ven como una forma de vida –como una forma de subsistir, como una forma de hacer empresa y de genera empleo” dijo a InSight Crime el jefe de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (POLFA), el Teniente Coronel Rodolfo Carrero.
Pero mientras el contrabando ha colonizado a Cúcuta, su impacto no se circunscribe a la ciudad. El contrabando en la región fronteriza está creando una escasez masiva de productos de primera necesidad en Venezuela y socavando las empresas legales en Colombia. También está creando nuevas mafias de contrabando, alimentando la violencia entre las redes del crimen organizado y facilitando el comercio regional de cocaína.
Del socialismo del siglo XXI al contrabando del siglo XXI
Al igual que en muchas ciudades fronterizas de Latinoamérica, Cúcuta tiene una larga historia de contrabando. Sin embargo, el auge actual es el resultado directo de las políticas económicas del gobierno de Venezuela, cuyos intentos por combatir la pobreza y controlar la economía del país han alimentado las ganancias de los contrabandistas.
Los subsidios y los controles de precios diseñados para garantizar el acceso a los bienes de primera necesidad y proteger a los consumidores de los efectos de la inflación desenfrenada han creado en su lugar una enorme disparidad en los precios con el libre mercado del vecino de Venezuela, dando a los contrabandistas un incentivo económico irresistible.
Las ganancias en oferta de esta diferencia de precios se magnifican por el tipo de cambio impuesto por el gobierno venezolano. Los bolívares venezolanos pueden intercambiarse oficialmente a 6,3, 10,5 y 50 por dólar, dependiendo de quién esté comprando qué. Pero en Cúcuta, 2.000 pesos colombianos -más o menos un dólar- compra 89 bolívares.
El resultado, dice la POLFA, es que los contrabandistas pagan a los contactos venezolanos dos o tres veces el precio de venta por los productos, los venden en Colombia por cinco o seis veces su precio original y aún así socavan fácilmente los negocios legales en Colombia.
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“Estos señores están haciendo un doble daño”, dijo a InSight Crime Juan Camilo Nariño, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). “[Están perjudicando] al gobierno, a la población venezolana y al sector productivo de la población colombiana, y todo se deriva de los subsidios y las enormes diferencias cambiarias”.
La mafia del contrabando
Los traficantes de bajo nivel utilizan lo que la policía llama la técnica de “pitufeo” o “smurfing“, llevando pequeñas cantidades de mercancías a través de la frontera, pero haciendo hasta 20 viajes al día. La policía no puede hacer más que dejarlos pasar ya que el costo administrativo de realizar una incautación empequeñece el valor de lo que los “inversionistas” o “smurfs” están llevando.
Sin embargo, aunque el pitufeo puede ser la forma más común de contrabando, no es la mayor preocupación de las autoridades. La POLFA dice que ha identificado cinco redes de contrabando especializadas que operan en y alrededor de Cúcuta, las cuales están transportando y distribuyendo grandes cantidades de mercancías de contrabando a través de Colombia.
“Son mafias dedicadas a una economía criminal y al lavado de dinero”, dijo el Teniente Coronel Carrero.
Sus operaciones comienzan con una llamada telefónica desde Venezuela, donde los contrabandistas reúnen los grandes envíos de mercancías, ya sea haciendo muchas compras pequeñas, o consiguiendo que las empresas se aparten en silencio de la mercancía.
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Para mover su carga hacia Colombia, los contrabandistas utilizan cruces fronterizos clandestinos –estrechos caminos de barro y arena que serpentean hacia el río Táchira, el cual marca la frontera entre los dos países. En el río, los postes con bolsas de plástico agitándose en la parte superior marcan los puntos menos profundos por los cuales es seguro cruzar.
Una vez en Colombia, muchos de los productos se venden en Cúcuta y otros siguen su camino hacia las ciudades ubicadas a lo largo de la costa Caribe o al interior del país. Antes de ser enviados, muchos bienes son envueltos en empaques colombianos, y disfrazados con facturas legales adquiridas de contactos corruptos en negocios legítimos.
“No podemos acabar con todo esto. Sólo podemos intentar controlarlo”.
La POLFA y otras autoridades encargadas de la lucha contra el comercio ahora están tratando de ponerse al día con estas sofisticadas redes.
En el último año, las autoridades han intensificado sus esfuerzos contra el contrabando en la región, con notables resultados. A mediados de septiembre, la POLFA en Cúcuta había incautado más de US$5,1 millones del contrabando -32 por ciento más que en todo 2013.
Como indica la siguiente tabla, los artículos de contrabando más comúnmente incautados en 2013 y 2014 incluyen ropa, medicamentos, y carne.
La policía patrulla los cruces fronterizos clandestinos en motos diseñadas para recorrer terrenos difíciles, normalmente acompañadas de un camión, respondiendo a los avisos y apoyándose en la velocidad y la sorpresa para atrapar a los contrabandistas. Sin embargo, las probabilidades están en contra de ellos y sus incautaciones son sólo una fracción de lo que logra pasar.
Alrededor de Cúcuta hay 35 caminos -que la policía conoce- y están vigilados por las redes de inteligencia de los contrabandistas: los hombres en motocicletas conocidos como “moscas” vigilan los movimientos de la policía y están en constante comunicación con aquellos que manejan los vehículos cargados con contrabando.
La policía cuenta que una vez en los estrechos caminos, por lo general es imposible para los contrabandistas darse la vuelta. Sin embargo, cada ruta tiene sus propios escondites -incluyendo ranchos y granjas en los alrededores, donde los propietarios reciben un pago a cambio de dejar que los contrabandistas estacionen sus vehículos en la propiedad, escondiéndose de las patrullas policiales.
Cuando la policía realiza una incautación, pueden confiscar los bienes y a veces los vehículos, pero casi siempre tiene que dejar ir a los contrabandistas. Bajo las leyes actuales de Colombia, si los contrabandistas están llevando bienes por un valor menor de US$14,000 (excepto en el caso de la gasolina), entonces no pueden ser procesados. Los contrabandistas, conscientes de la ley, rara vez llevan algo por encima del límite.
“No podemos acabar con todo esto”, dijo un oficial de la POLFA a InSight Crime mientras se encontraba patrullando. “Sólo podemos intentar controlarlo”.
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Grandes ganancias, grandes criminales
Las enormes ganancias que las mafias de contrabando están amasando han capturado inevitablemente la atención de los supervisores del hampa de Colombia -los grupos híbridos criminales y paramilitares conocidos como BACRIM (acrónimo para “bandas criminales”).
Según la POLFA, las BACRIM controlan las rutas de contrabando en y en los alrededores de Cúcuta, cobrando a los contrabandistas sus propios “impuestos” de importación sobre cualquiera que mueva contrabando.
La región ha sido durante mucho tiempo un bastión de la red criminal los Rastrojos, que a pesar de haber sufrido algunos golpes importantes en los últimos años sigue siendo fuerte en Cúcuta, según la policía. Sin embargo, desde 2011, la BACRIM más poderosa de Colombia, los Urabeños, han hecho un violento intento de tomar el control de Cúcuta y la región circundante, dejando un rastro de muertos a su paso.
“El contrabando fue una de las principales razones para [los Urabeños] venir y apoderarse del negocio”, dijo el Teniente Coronel Carrero. “Es tan lucrativo este negocio que estas bandas están peleando y disputando el territorio con el fin de ganarse el control del contrabando así como de las rutas del narcotráfico”.
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Tanto los Urabeños como los Rastrojos operan en ambos lados de la frontera, utilizando a Venezuela para esconderse de las autoridades colombianas, según el Teniente Coronel Carrero.
La policía cree que el mayor capo de la cocaína de la región, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”, el líder de un grupo criminal descendiente de guerrilleros desmovilizados, también está sacando provecho del contrabando.
Los informes de inteligencia indican que Megateo no sólo está importando gasolina de contrabando para el procesamiento de cocaína, sino que también se le está pagando por cargamentos de droga en el contrabando venezolano, ayudándole a lavar de forma rápida y fácil las ganancias de la droga al convertirlas en pesos casi imposibles de rastrear.
Policías del contrabando
Al igual que con cualquier multimillonario negocio criminal en Colombia, el contrabando de Cúcuta también se ha visto facilitado por la corrupción oficial.
En un intento por limpiar la fuerza, la POLFA han introducido pruebas de confianza para los oficiales, se han encontrado con asuntos internos mensualmente y, críticamente, han comenzado a rotar el personal y a eliminar a oficiales con vínculos locales. (Abajo, la policía en Cúcuta inspecciona una incautación de medicamentos)
“Es gente que ha vivido con el contrabando, los policías que trabajan acá se habían criado con el contrabando, su papá o su mamá o algún familiar directamente o indirectamente tenía algo que ver con el contrabando”, dijo el Teniente Coronel Carrero.
Venezuela también ha empezado a tomar medidas para combatir la corrupción en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que vigila la frontera. En agosto, las autoridades venezolanas incluso detuvieron a 15 guardias en el vecino estado de Táchira y los acusaron de reparar un camino de contrabando después de que había sido destruido.
Sin embargo, mientras que altos funcionarios colombianos no hicieron comentarios sobre la corrupción en la GNB, excepto para señalar los recientes esfuerzos de Venezuela, en el terreno tanto la policía como los lugareños colombianos siguen viendo a la GNB como comodines: impredecibles, corruptos y con poco respeto por la ley.
Por un camino de contrabando, InSight Crime vio un vehículo quemado lleno de agujeros de bala en las ruedas y el motor. Era trabajo de la GNB, dijo la policía, y algo común durante sus patrullajes.
“Con estes manes no hay manera de hablar”, dijo el propietario del automóvil cuando InSight Crime le preguntó por qué la GNB había abierto fuego contra el vehículo vacío.
A pesar de las preocupaciones en curso sobre la GNB, Venezuela ahora parece estar tomando en serio el tema del contrabando, especialmente porque crece el descontento popular debido a la escasez generalizada en las tiendas.
El presidente Nicolás Maduro ha dejado de lado su relación a menudo antagónica con Colombia para llamar a una mayor cooperación en las operaciones de lucha contra el contrabando, y los funcionarios colombianos muy bien de la mejor relación.
En agosto, Venezuela comenzó a cerrar la frontera entre las 10 p.m. y las 5 a.m.. Aunque se trata de una medida temporal, las autoridades y los residentes colombianos dicen que esto ha sido una medida eficaz -aunque controversial.
“Esto no hace daño al país, es fruta, no es como llevar un kilo de droga”.
La policía apunta a las estadísticas sugiriendo una brusca caída en la cantidad de contrabando que cruza la frontera, explicado por una caída en el pitufeo. Sin embargo, los residentes señalan las tiendas desocupadas y las empresas que han tenido que cerrar como evidencia del impacto.
Esta paradoja -donde el éxito contra el contrabando le duele a los residentes de la ciudad mucho más que a las redes criminales- es causa de preocupación para las autoridades y una fuente de ira entre los residentes.
“Nos están quitando la comida, la de nuestras familias”, dijo un hombre a InSight Crime después de que la policía confiscara los sacos de naranjas que estaba contrabandeando. “Esto no hace daño al país, es fruta, no es como llevar un kilo de droga”.
El gobierno local ya está trabajando en un “Plan B” para introducir en la economía legal a los residentes que viven del contrabando. Su primer programa está dirigido a los vendedores de gasolina callejeros conocidos como “pimpineros”, ofreciéndoles capacitación, préstamos y un capital inicial para comenzar nuevos negocios legales. Mientras tanto, la policía está esperando que una nueva ley contra el contrabando, que actualmente está pasando por el Congreso, la cual les dará el poder para perseguir a los criminales importantes.
Sin embargo, los intentos por desmantelar a las mafias del contrabando enfrentan los mismos obstáculos que la lucha contra el narcotráfico -mientras los beneficios estén disponibles no importa cuántos arrestos hagan o cuántas redes desmantelen, el comercio continuará.
“Se capturan a unos y otros siguen allí, así que continúa”, dijo el Teniente Coronel Carrero.
Este artículo es el primero de una serie de cuatro partes que le da una mirada al contrabando en Colombia.