Un ex gobernador mexicano se declaró culpable a cargos por lavado de activos en una corte estadounidense la semana pasada, un raro ejemplo de colaboradores del crimen organizado que están siendo obligados a responder por sus actividades.

Mario Villanueva (en la foto), quien se declaró culpable a cargos por lavado de activos el 2 de agosto en Nueva York, fue gobernador desde 1994 hasta el año 2000 de Quintana Roo, el estado tropical donde se localiza Cancún. No es coincidencia que durante ese periodo el Cartel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes haya crecido para llegar a dominar la Península de Yucatán, usando a Cancún como corredor de paso para aviones cargados con cocaína provenientes de Colombia que se dirigen hacia la frontera de México y Estados Unidos.

La protección de Villanueva al grupo de Carrillo se sospechaba hace bastante. Reportes del Cartel de Juárez operando en Cancún eran comunes y el rival y socio de Carrillo, Rafael Aguilar, fue asesinado en un yate que se encontraba anclado en la ciudad en 1993, permitiendo que Carrillo consolidara su control de la organización. En consecuencia, a medida que llegaba a su fin el periodo de Villanueva en 1999, también lo hacía su inmunidad, lo que lo convertía en un perfecto sospechoso para ser arrestado.

A sabiendas de esta situación, Villanueva escapó semanas antes de terminar su periodo y fue un fugitivo por más de dos años. Luego de su arresto en Quintana Roo en 2001, sirvió seis años en una prisión mexicana, luego de ser condenado por lavado de activos. Momentos antes de su liberación en 2007, fue arrestado nuevamente y puesto bajo custodia, mientras Estados Unidos y México negociaban su extradición, la cual fue finalmente llevada a cabo en 2010.

La condena de lavado de activos en Estados Unidos lleva una sentencia de hasta 20 años, así que Villanueva de 64 años, que además cuenta con varios problemas médicos, puede aspirar a pasar el resto de su vida en el sistema carcelario estadounidense. Si sobrevive, se enfrenta a ser deportado a México y responder por cargos adicionales en su contra en su país –mientras esperaba a ser extraditado, fue condenado a cargos relacionados con crimen organizado que llevan una pena colectiva de 30 años adicionales. Considerando que hace 15 años era un gobernador prominente del partido oficialista de México, esto representa un castigo decisivo por sus crímenes.

No obstante, pese a que el sistema político mexicano cuenta con vínculos extensos a los grupos nacionales de crimen organizado, el caso de Villanueva es extraordinario. En este contexto, es difícil evitar pensar que lo que puso al ex gobernador de Quintana Roo en prisión no fue la decisión de trabajar con Carrillo, si no el hecho de no hacerlo de manera silenciosa, o simplemente mala suerte.

Mientras que el identificar y castigar a los policías corruptos se ha vuelto en algo común en México, Villanueva es el único político recientemente, con un alto cargo, de haber sido tanto condenado en México como extraditado a Estados Unidos, por proteger grupos criminales. Tres ex gobernadores del estado de Tamaulipas están bajo investigación por sus vínculos con los Zetas y el Cartel del Golfo, pero ninguno ha sido acusado, mucho menos condenado. Unos días antes de la declaración de culpabilidad de Villanueva, la Procuraduría General de la República, anunció que también estaba investigando a José Reyes Baeza Terrazas, el gobernador de Chihuahua por posibles lazos con el Cartel de Juárez. Otros gobernadores, tanto retirados como actuales, se encuentran en la mira tanto por rumores como por sospechas, pero ninguno ha sido acusado.

Otros intentos de castigar políticos de alto rango vinculados al narcotráfico han sido un fracaso. En 2009 el arresto de decenas de oficiales locales y estatales en Michoacán, incidente que vino a ser llamado el “Michoacanazo”, resultó sin ningún tipo de condenas, todos los arrestados fueron liberados por falta de evidencias. En 2011, el arresto por posesión de armas de Jorge Hank Rhon, un heredero de una prominente familia política y ex gobernador de Tijuana que cargaba con sospechas de llevar a cabo actividades ilegales, terminó en nada cuando se dio a conocer que los soldados que llevaron a cabo el arresto habían manipulado la escena del crimen.

Lo que es aún peor, gobernadores sospechosos de estar involucrados en actividades ilegales o que han sido demostrados ineficientes en aplacar el crimen organizado son raramente sujetos a castigos políticos. Reyes Baeza, por ejemplo, le entrego su puesto a un compañero del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 2010. Esto a pesar, no solo de las sospechas de una administración poco transparente, pero también el increíble aumento de homicidios de Juárez desde el primer año de Reyes Baeza (198 casos en 2004) hasta su último (donde la agencia mexicana de estadísticas registró 3.766 homicidios en 2010), y el reconocimiento de la ciudad como la más peligrosa del hemisferio, si no del mundo.

Al mismo tiempo, los grupos criminales han sido despiadados para castigar a los políticos que amenazan sus intereses. Decenas de alcaldes y legisladores han sido asesinados en años recientes, casi siempre con la presunción de grupos criminales detrás de estos ataques. Consecuentemente, le incentivo para que los políticos se relacionen con criminales es bastante grande. Mientras que un alcalde que se rehúse a proteger a una pandilla arriesga su vida, en caso de hacer caso y protegerla lo más seguro es que no tenga que enfrentarse a problemas legales en un futuro y sus aliados políticos no sufrirán consecuencias por sus actos.

Hasta que esto no cambie, el ciclo de corrupción política será difícil, si no imposible, de romper.