Imagen de portada de informe de 2015 del Programa Somos Defensores

Múltiples homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia ocurridos recientemente se suman a los temores de que las organizaciones criminales estén intentando eliminar posibles adversarios civiles, una tendencia que podría perjudicar el éxito de la implementación de un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero del país.

La mañana del 6 de septiembre, Cecilia Coicué salió de su casa en el municipio rural de Corinto, departamento del Cauca, para revisar una fuente de agua, informó El Espectador. A la mañana siguiente, no había regresado. El cuerpo de la mujer de 62 años fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca.

De Coicué, integrante del movimiento político Marcha Patriótica (MP) y de varias asociaciones sociales y campesinas, se dice que era propietaria de una porción de tierra en la que en los próximos meses se desmovilizarán los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La tierra es uno de los ocho asentamientos en los que los combatientes de las FARC se concentrarán luego de la firma de un acuerdo de paz definitivo con el gobierno colombiano.

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El aparente homicidio de Coicué fue el más reciente de una serie de homicidios de líderes comunitarios que han ocurrido en el suroccidente colombiano en las últimas semanas.

El 29 agosto, se conocieron noticias de que habían asesinado a tres personas en el municipio de Almaguer, departamento del Cauca. Una de las víctimas, Joel Meneses, era un líder comunitario indígena de larga trayectoria, informó W Radio.

El 5 de septiembre, las autoridades informaron de otro ataque mortal en Cauca, que dejó una persona gravemente herida y tres más muertas —dos de las cuales se quemaron en su casa—.

Pese a la disminución de la violencia derivada del conflicto que habían sostenido por décadas las FARC y el gobierno, quedan temores de un repunte de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, la mayoría de los cuales se han atribuido a grupos criminales.

La organización colombiana de derechos humanos Programa Somos Defensores informó que entre 2010 y 2015, han caído asesinados 346 defensores de los derechos humanos (pdf). Entre 2014 y 2015, hubo un aumento de 13 por ciento en los homicidios de activistas, y durante los primeros seis meses de 2016, hubo 35 muertes (pdf). Según la organización, los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander son los más afectados. (Vea el gráfico de Somos Defensores abajo)

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Mapa tomado de un informe de 2016 del Programa Somos Defensores (pdf)

Análisis de InSight Crime

El creciente número de ataques contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios podría tener relación con grupos armados que buscan proteger las economías criminales existentes o entrar a nuevos, tendencia que se intensifica ahora que las FARC se preparan para salir de los territorios que controlan hace décadas. Informes recientes indican que donde se están asesinando a los líderes locales, grupos armados ilegales trabajan para tomar control del negocio de estupefacientes y de la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas. (Vea gráfico de Somos Defensores a continuación)

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Según Mauricio Redondo, exfuncionario de derechos humanos en el Cauca, la situación de seguridad en ese departamento ha sido más estable desde que las FARC declararon su cese unilateral al fuego, en diciembre de 2014. Sin embargo, el deseo de controlar las economías criminales, como la minería ilegal podría estar poniendo en peligro a los residentes.

Para favorecer sus actividades ilícitas, los grupos criminales están dispuestos a "agredir a la comunidad y a quien la represente y a quien también tiene una voz de defensa del territorio", comentó Redondo a InSight Crime.

Meneses, el fallecido líder comunitario de Almaguer, hacía parte de una organización que se opone a la explotación ilegal de minerales, razón por la que puede haber sido atacado. Observadores de derechos humanos han informado (pdf) que otros activistas contra la minería también han sido amenazados en Cauca este año.

Redondo declaró que no existe evidencia concreta que señale grupos específicos como responsables de los ataques a estos activistas, pero se sabe de la presencia de diferentes grupos criminales, conocidos como BACRIM en la zona. También hay informes de que el segundo mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), participa en actividades de explotación de oro, y las protege por la fuerza en zonas como Almaguer, donde cayeron asesinados Meneses y dos personas más.

De manera algo paradójica, el proceso de paz con las FARC puede estar poniendo en riesgo a los activistas. En los departamentos del norte de Córdoba y Norte de Santander, líderes sociales han recibido amenazas por su trabajo en pro del acuerdo de paz.

"Estamos haciendo fuerza al acuerdo [de paz en el aspecto] de víctimas, y en muchas zonas donde no hay presencia del Estado hay muchas personas en contra de los diálogos [de paz]", dijo a La Silla Vacía Alberto Rojas, representante de los desplazados en Norte de Santander. "Nosotros no sabemos con certeza quiénes son los que lo están haciendo, pero ya a varios líderes [comunitarios] les ha tocado salir de las veredas por amenazas o extorsión".

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Carlos Guevara, integrante del Programa Somos Defensores, también ha resaltado los peligros que afrontan los activistas situados en las zonas designadas en las que se desmovilizarán los combatientes de las FARC por sus supuestos nexos con el grupo guerrillero.

"Los ojos se van a concentrar en que no les pase nada a los miembros del movimiento guerrillero, pero la violencia en contra de los líderes [comunitarios] en esos territorios por la estigmatización de seguro va a arreciar después de que las FARC dejen las armas", declaró Guevara a El Espectador.

Las amenazas y ataques contra los líderes comunitarios que supuestamente están relacionados con FARC rememoran duros recuerdos de un intento anterior del grupo guerrillero de hacer la transición del ejercicio paramilitar a la participación política.

Luego de un acuerdo de cese al fuego en la década de 1980, integrantes de las FARC se unieron a otros militantes de izquierda para formar un partido político, conocido como la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, grupos paramilitares de derecha masacraron a miles de militantes del partido, lo que provocó la disolución del cese al fuego y casi tres décadas más de guerra civil.

Es posible que no proteger a una nueva generación de líderes y políticos de izquierda de las retaliaciones violentas pueda reavivar una vez más la lucha militar de los exguerrilleros.