Fuerzas de seguridad de Venezuela observan las protestas

En el régimen venezolano se están presentando nuevas fracturas, dado que han surgido disidencias al interior del ejército, el cual apoya al agitado gobierno, y un líder clave de la oposición llama a que más soldades renuncien, mientras que la fiscal general sigue pronunciándose en contra del presidente.

En un video publicado desde su cuenta de Twitter, Leopoldo López, líder encarcelado del partido de oposición Primero Justicia, hizo un llamado para que el ejército deje de obedecer las órdenes que recibe del régimen de Nicolás Maduro.

"A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy seneo y muy enmarcado en nuestra Constitución: ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse", dijo López en un video grabado desde la prisión militar Ramo Verde. El líder de oposición fue arrestado y encarcelado por la administración de Maduro en 2015. 

Sus comentarios posiblemente fueron inspirados en la creciente evidencia de disidencia dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, quien han estado al frente de la represión, a veces letal, de la actual ola de protestas que se ha llevado a cabo por casi tres meses

Por lo menos 14 oficiales del Ejército fueron arrestados en abril, durante la primer semana de la actual oleada de protestas. Según documentos oficiales consultados por Reuters, los cargos incluían "rebelión" y "traición".

Además, por lo menos otros tres miembros del Ejército –José Alejandro Michael Sánchez, Ángel David Mogollón Medina y Alfredo José Rodríguez– se han refugiado en Colombia y se han pronunciado en contra del régimen de Maduro. 

Encima de esto, a lo largo del año pasado, la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien solía ser leal a la administración, cada vez se pronuncia más en contra.

El 8 de junio hizo un llamado público a los venezolanos a repudiar el intento del presidente de reescribir la Constitución del país. "Lo que está en juego aquí es el país, la integridad de los venezolanos", dijo según un informe de Associated Press.

La primera vez que Luisa Ortega expresó sus diferencias con la política de seguridad del presidente Nicolás Maduro fue en julio de 2016 cuando criticó las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las controversiales acciones del régimen contra el crimen que han llevado a ejecuciones extrajudiciales.

Pero el quiebre definitivo habría empezado el 31 de marzo de este año, cuando, en rueda de prensa, la fiscal general dijo que la sentencia mediante la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumía funciones legislativas, significaba una ruptura del orden constitucional. El TSJ de inmediato las modificó y el día siguiente el presidente Nicolás Maduro declaró que el "impasse" surgido se había resuelto, aunque el gobierno se vio forzado a retroceder en el objetivo de terminar de anular a la Asamblea Nacional. Esta fue la controversia que provocó el inicio de las protestas populares que aún sacuden a Venezuela.

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Desde entonces, Ortega se ha expresado en repetidas ocasiones contra la violencia "política" que hasta ahora ha resultado en la muerte de 70 manifestantes. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó: "No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley".

El 25 de abril la Fiscal General se expresó contra la violencia, “venga de quién venga”. Unos días después concedió una entrevista al Wall Street Journal, en la que afirmó: “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley".

Luisa Ortega Díaz ha generado una fractura en la estructura del poder en Venezuela, tanto por sus discrepancias con el Gobierno como por informes con los que puede iniciar un replanteamiento de los problemas de delincuencia organizada y impunidad.

El 27 de mayo, Ortega informó sobre los resultados de las investigaciones realizadas tras la muerte de Juan Pernalete, uno de los jóvenes manifestantes asesinados. Según las experticias, la muerte ocurrió por el impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Esta conclusión contradice las versiones del gobierno. De inmediato, tanto el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, como el de Defensa, Padrino López, trataron de desmentir o desacreditar las afirmaciones de Ortega.

La controversia política generada por la nueva posición de la fiscal general ha hecho que un importante contenido planteado en su informe de marzo haya pasado casi desapercibido por la opinión pública y los medios de comunicación. En el Informe Anual de Gestión 2016, por primera vez en la historia de la investigación judicial venezolana se presenta un capítulo dedicado al crimen organizado que comprende los delitos de extorsión y secuestro, tráfico de drogas, legitimación de capitales; delitos económicos, materiales estratégicos y contrabando; hurto y robo de vehículos; y acciones contra la corrupción; aportando para cada materia algunas estadísticas, las actuaciones del Ministerio Público y mencionando casos relevantes.

El informe plantea una visión más objetiva y próxima a la visión internacional sobre crimen organizado, reconoce y comienza a dimensionar el problema en el país, llama a las cosas por su nombre y desconoce la intención política del actual gobierno de calificar como acciones de "paramilitares" casi cualquier crimen cometido en el territorio. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, y el crimen organizado, que era mínimo cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, se ha acelerado bajo el "Socialismo del Siglo XXI". 

Análisis de Insight Crime

Las críticas de Ortega ya le han costado la presidencia del Consejo Moral Republicano. Ahora, la fiscal está arriesgando mucho más al ponerse en la mira de un gobierno que se ha mostrado capaz de utilizar la violencia para proteger sus intereses.

Si Maduro decidiera reemplazar a Ortega con un funcionario más "prorrevolución", sus críticas y buenas intenciones no llegarían lejos. Sin embargo, esto no podría llevarse a cabo de manera legal, ya que el presidente tendría que disolver la Asamblea Nacional (algo que ya intentó y falló) para remover a altos funcionarios.

Sin embargo, los funcionarios venezolanos harían bien en tomar en cuenta las fuertes palabras de Ortega para transformarlas en acciones concretas en contra de las nuevas formas de crimen organizado que han emergido durante la actual administración, muchas de las cuales son apoyadas por élites políticas.

Por ejemplo, las prisiones en el país siguen estando bajo control de los poderosos "pranes", quienes operan con cooperación del gobierno. Los "colectivos" –grupos civiles armados a favor del gobierno– han sido uno de los principales agresores en contra de la actual oleada de protestas y también participan en actividades de menudeo, secuestro, bachaqueo y extorsión. Ortega ha hecho poco por limitar estas fuerzas criminales. Los colectivos soy apoyos armados claves para el actual régimen, en especial en los barrios pobres de la capital, Caracas.

Dada la relación del gobierno con varias redes criminales, incluyendo algunas que operan dentro de los círculos oficiales, hacerle frente a estos problemas no es un asunto fácil. De hecho, el enfoque planteado en el Informe de Gestión de la Fiscalía amenaza los mercados criminales en los que el estado tiene interés. Se resalta la necesidad de tomarse el crimen organizado más en serio y también la necesidad de restablecer contactos e intercambio de información con las agencias internacionales, en especial con respecto al narcotráfico, corrupción y contrabando. (Chávez expulsó oficialmente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos en 2005).

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El narcotráfico, por ejemplo, ha alcanzado los niveles más altos del gobierno de Maduro. A principios de este año, el actual vicepresidente Tareck El Aissami se convirtió en el funcionario de rango más alto en ser sancionado o acusado por de narcotráfico por Estados Unidos. El contrabando de petróleo y alimentos es una gran fuente de ingresos para varios funcionarios corruptos del régimen, incluyendo el Ejército. La cleptocracia ha ayudado a que el país esté cerca de colapsar.

Las pequeñas señales de rebelión dentro de las Fuerzas Armadas compiten contra fuertes incentivos para permanecer leales al gobierno, como lo son las ganancias de las actividades criminales y el mantenimiento del status quo que permite que los mercados criminales existan. Por estas razones, es probable que varios miembros del Ejército hagan caso omiso a los comentarios de López para dejar las armas.

El Ejército también se ha beneficiado de las tasas de cambio artificiales que operan bajo el gobierno de Maduro (y que fueron introducidas por Chávez), y el régimen les ha permitido que generen ganancias de su papel como administradores de la producción y distribución de alimentos. Una investigación de Associated Press reveló el alcance del Ejército en el contrabando de alimentos.

Bajo el gobierno actual, el papel del Ejército en el tráfico transnacional de cocaína también ha crecido. Los soldados en la frontera se benefician de colaborar con los ejércitos guerrilleros de Colombia y otros grupos criminales que se encargan de operaciones de tráfico de drogas a lo largo de la frontera. Varios funcionarios de alto rango tanto de las fuerzas armadas como del gobierno (una red que se conoce como el Cartel de los Soles) han sido señalados por Estados Unidos por su papel en el narcotráfico.

Sin embargo, hay pocas dudas de que varios miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela se enfrenten a su consciencia en los próximos días y semanas –si no lo han hecho ya– y hagan un balance de los puntos a favor y en contra de un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela. En caso de que ocurra una transición política, lo cierto es que el Ejército luchará por mantener su papel influyente en la escena política de Venezuela.