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En la superficie, la sentencia de nueve años contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción parece guardar semejanza con numerosos casos de corrupción contra presidentes y expresidentes en Latinoamérica. Pero detrás de las acusaciones existen grados variables de colusión y control, desde encabezar una empresa criminal hasta un único acto criminal de enriquecimiento personal.

El aún popular político brasileño puede lograr eventualmente que la sentencia del juez Sergio Moro sea revocada por una corte de apelaciones. Pero al 12 de julio, Lula fue declarado culpable de lavado de dinero y aceptación de sobornos de la gigante constructora brasileña OAS durante su periodo en ejercicio, de 2003 a 2011.

A cambio de esas coimas, avaluadas en US$1,1 millones y pagadas mediante reformas a uno de los apartamentos de Lula, el entonces presidente ayudó a OAS a hacerse a contratos públicos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Lula seguirá en libertad mientras apela la sentencia. Actualmente tiene otros cuatro casos penales abiertos.

Lula no es el único que enfrenta esas acusaciones. El escándalo conocido como "Lava Jato", o "Lavado de Autos", que se llevó por delante a quien fuera líder sindical convertido en carismático presidente y líder mundial también arrastró a un buen número de funcionarios más, pues los conglomerados de la construcción en Brasil ofrecieron generosos sobornos a cambio de lucrativos contratos con la empresa que se estaba expandiendo.

Esquemas de coimas como estos son comunes en Latinoamérica. Pero no toda la corrupción es igual; aunque Lula puede haber participado en lo que Moro catalogó como "corrupción sistémica", no necesariamente dirigió el esquema, algo que sí sucedió con algunos de sus homólogos en la región.

Pensando en esto, hemos dividido estos ejemplos en tres categorías principales, en un intento por crear una tipología de esos casos presidenciales. 

1) Corrupción de arriba abajo

La primera categoría es la corrupción desde arriba hacia abajo. Es el caso en que el ejecutivo es el líder patente del esquema, la persona que dirige las otras partes de la red implicadas en la conspiración.

En este sentido, el mejor ejemplo es el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina. Al exmandatario se lo acusa de dirigir dos esquemas de corrupción durante su corto periodo en el poder, de 2012 a 2015, incluyendo uno centrado en contratos del gobierno como forma de reembolso para los donantes de su campaña electoral, y otro en el que el presidente dirigía un sistema de fraude metódico a las oficinas de aduanas. Actualmente se encuentra preso, mientras su caso continúa en el sistema judicial de ese país.

Como oficial del ejército antes de dedicarse a la política, Pérez Molina montó lo que creció hasta convertirse en un estado mafioso. Como lo explicó en detalle InSight Crime, la corrupción durante la presidencia de Pérez Molina estuvo definida por un sistema vertical en la que el exgeneral veló por los intereses económicos de redes turbias y, por supuesto, los suyos.

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Otro ejemplo es la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que ocupó la presidencia de 2007 a 2015. Kirchner fue acusada en abril de 2017 por "participación en una asociación criminal en el rol de jefe", según los expedientes judiciales. De manera específica, los fiscales dicen que Kirchner otorgó contratos públicos a cambio de coimas, que se pagaban generalmente con el alquiler de habitaciones de hotel y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner.

Los fiscales señalan que esto era parte de un patrón claro, como se evidenció en acusaciones similares en un segundo y tercer caso. Durante doce años, afirman estos fiscales, Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner (quien precedió a su esposa en la presidencia, de 2003 a 2007), favorecieron de manera sistemática a un cerrado grupo de empresarios, a quienes se les otorgó una parte desproporcionada de obras públicas muchas veces sobrevaluadas y raras veces completadas por contribuir a la fortuna personal de los Kirchner. Los fondos de la familia crecieron en 850 por ciento durante las presidencias de Néstor y Cristina, informó Clarín. Néstor Kirchner murió en 2010. Cristina Kirchner, quien está a la espera del juicio, asegura que es la víctima inocente de una cacería de brujas en la arena política.

Un tercer caso, aunque menos claro de dirección de arriba abajo, es el del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Los fiscales dicen que Martinelli era la cabeza de una red de espionaje que hizo seguimiento ilegal a más de 150 personas, entre ellos opositores políticos y competidores comerciales. También se acusa a Martinelli de desviar más de US$13 millones de programas de ayuda social. El exjefe de estado huyó del país, pero en junio de 2017 fue arrestado en Estados Unidos y ahora se resiste a la extradición. 

2) Corrupción en participación

La mayoría de las veces, las acusaciones contra presidentes o expresidentes de la región indican que el sospechoso simplemente sacó partido de un ambiente político preexistente fuertemente infiltrado por redes corruptas y criminales, o explotó mecanismos bien arraigados diseñados para favorecer los intereses de unos cuantos. El presidente naturalmente recibe una retribución no despreciable en el proceso, pero lo más importante es que el dirigente mantiene un entorno político o un sistema de gobierno en el que predominan el crimen organizado y la corrupción. El caso de Lula parece entrar en esta categoría.

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Otro ejemplo es el actual presidente de Brasil Michel Temer, a quien en junio de este año se le acusó de aceptar sobornos en el escándalo del "Lava Jato", que sacudió a la élite política brasileña. La rama judicial necesita una votación de dos terceras partes del congreso para avanzar con el caso, pero hay evidencia plausible que indica que Temer participó en el monumental esquema.

El ambiente corrupto de Brasil se extendió incluso a otros países. Las autoridades peruanas buscan el arresto del presidente de ese país entre 2001 y 2006, Alejandro Toledo, luego de acusarlo de lavado de dinero. Sobre el exjefe de estado pesan acusaciones de que ayudó a la constructora brasileña Odebrecht a hacerse a contratos públicos a cambio de coimas por valor de US$20 millones. Este es uno de muchos casos conectados con Odebrecht, firma que creó una división especial dedicado al manejo de sobornos y se ha convertido en el vivo ejemplo de la corrupción en la región.

Otro expresidente peruano, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia fueron puestos en detención preventiva el 13 de julio, mientras los fiscales investigan a la pareja por acusaciones relacionadas.

Entre tanto, ciertas conductas presidenciales impropias realizadas en el marco de un sistema criminalizado más amplio parecen atender los intereses de organismos políticos más que económicos. El expresidente de El Salvador Antonio Saca, cuyo periodo fue de 2004 a 2009, por ejemplo, fue arrestado en octubre de 2016 por el desvío de fondos del gobierno a una "cuenta secreta", que se cree fue usada por los políticos para malversar fondos por años, informó El Faro. Los cargos que enfrenta son lavado de dinero, malversación y concierto para delinquir.

En lo que respecta al predecesor de Saca, el expresidente Francisco Flores —cuyo periodo de gobierno fue de 1999 a 2004— debía comparecer en juicio por cuatro acusaciones distintas antes de su muerte, en enero de 2016. Una de las acusaciones alegaba que Flores desvió US$10 millones de ayuda humanitaria internacional proveniente de Taiwán a su partido político, parte de cuyos fondos eventualmente servirían para financiar la campaña electoral en la que salió elegido Saca en 2004.

3) La excepción

El último tipo es la excepción; el clásico crimen de oportunidad, que ofrece a sus participantes un golpe de suerte, pero no hace parte necesariamente de un esquema sostenido en el tiempo. Este tipo de chanchullo, sin embargo, en ocasiones es difícil de separar de los otros dos, pues muchas veces depende de la implantación de un sistema corrupto.

Por ejemplo, en marzo de 2014 el presidente de Guatemala de 2000 a 2004, Alfonso Portillo, se declaró culpable en un juzgado estadounidense por el lavado de US$2,5 millones en coimas del gobierno de Taiwán, a cambio de mantener el reconocimiento diplomático de Guatemala a su país. Hasta el momento no existe evidencia de que este esquema se hubiera repetido o fuera parte de una operación más amplia y estructurada.

Sin embargo, el soborno ocurrió en un entorno de corrupción gubernamental más amplio. La administración de Portillo tuvo que ver con otro esquema de corrupción y crimen organizado más prolongado, como fue la malversación de dineros del ejército de ese país. Y aunque la sentencia negociada con Estados Unidos eventualmente se centró en el soborno taiwanés, el pliego de cargos original acusaba a Portillo del lavado de más de US$70 millones de diversas fuentes.