Donald Trump y Hillary Clinton, principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos

Aparte del casi constante tema de construir “un muro” en la frontera con México, y de la esporádica mención a las redes mexicanas de distribución de heroína, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han prestado poca atención a la manera como harán frente al crimen organizado y a los asuntos de seguridad en Latinoamérica y el Caribe, y por eso InSight Crime ha revisado las grabaciones de sus declaraciones para tratar de hacerse una mejor idea sobre el tema.

Hay seis temas principales que los candidatos de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos —la candidata del Partido Democrático Hillary Clinton y el candidato del Partido Republicano Donald Trump— han abordado bien sea extensa o parcialmente en lo que se refiere a la política de seguridad en Latinoamérica y el Caribe: la asistencia estadounidense a la región en materia de seguridad, las políticas nacionales de drogas, la cooperación multilateral en temas de seguridad y crimen organizado, el control de armas y la migración.

Asistencia en materia de seguridad

Los expertos consultados por InSight Crime coinciden en que es poco probable que la presidencia de Clinton genere grandes cambios en cuanto a las tendencias en la asistencia estadounidense en materia de seguridad para Latinoamérica y el Caribe.

Estados Unidos les ofrece una considerable cantidad de ayuda en seguridad a muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Durante la administración del actual presidente Barack Obama, Estados Unidos ha asignado más de US$7,4 mil millones en ayuda de seguridad para la región. Según datos del gobierno compilados por Security Assistance Monitor, la mayor parte de esos dineros han sido canalizados mediante el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (International Narcotics Control and Law Enforcement - INCLE), que “ofrece equipos y entrenamiento a los países extranjeros para programas antinarcóticos y la lucha contra el crimen”.

En los años fiscales 2016 y 2017, el Departamento de Estado de la administración Obama solicitó US$568,7 y 610,8 millones, respectivamente, para ayuda en seguridad en la región. Una vez más, la mayor parte de estos fondos serán canalizados a través de INCLE. (Vea el gráfico de InSight Crime abajo).

Además, Estados Unidos ha capacitado a un gran número de agentes de seguridad de Latinoamérica en los últimos años. Según los datos de Security Assistance Monitor, durante la administración Obama Estados Unidos ha llevado a cabo más de 76.000 entrenamientos de seguridad en la región. (Vea el gráfico de InSight Crime abajo).

“Los paquetes de ayuda son parte de una estrategia acordada”, dijo Sarah Kinosian, una funcionaria del programa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés). “Así que de ningún modo creo que vayan a desaparecer”.

En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó un gran paquete de ayuda para Centroamérica por un total de US$750 millones, dirigidos sobre todo al desarrollo económico y los programas de creación de instituciones civiles. Como presidenta, Clinton probablemente apoyaría la implementación de ese paquete y ha expresado su apoyo para la implementación de algo parecido al Plan Colombia —una propuesta polémica que comenzó durante las etapas finales del período presidencial de su esposo, Bill Clinton, entre 1993 y 2001, que consistió en apoyar al ejército y la policía colombianos—. Esto ha generado entre algunos observadores la preocupación de que Hillary Clinton estaría a favor de que los países centroamericanos adopten un enfoque militarizado frente a la seguridad, a pesar de las numerosas desventajas de dichas estrategias.

Sin embargo, el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, cree que Clinton está utilizando el Plan Colombia “como una manera para referirse a una cooperación más amplia” entre Estados Unidos y sus aliados centroamericanos. Y Kinosian cree que Clinton continuaría la estrategia de la administración Obama, que ha se ha enfocado en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de las instituciones, en lugar de promover estrategias de mano dura en asuntos de crimen y seguridad.

Lo que Trump haría como presidente está menos claro, pero él ha expresado escepticismo con respecto a la utilidad de la asistencia de Estados Unidos en el extranjero —incluso sobre la ayuda dirigida a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos—. Ello sugiere que Trump apoyaría la reducción a la ayuda en materia de seguridad para Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, es relativamente poco lo que podía hacer para revertir el paquete de ayuda para Centroamérica, puesto que ya está consignada en ley, el Departamento de Estado ya ha certificado a los destinatarios de las ayudas y se han establecido estrategias para varios años.

La venta de equipos militares y policiales en Latinoamérica y el Caribe representa otra área importante de la asistencia estadounidense en materia de seguridad en la región. Durante la administración Obama, Estados Unidos ha entregado más de US$5,5 mil millones en este tipo de equipos. (Vea el gráfico de InSight Crime abajo).

En términos generales, la administración Obama ha aprobado más ventas de armas que cualquier otra administración en décadas pasadas. Como secretaria de Estado entre 2009 y 2013, Clinton supervisó y participó en la aprobación de una considerable parte de ese aumento, lo que sugiere que, de llegar a ser presidenta, quizá continúe, o incluso aumente, las ventas de equipos militares y policiales en Latinoamérica y el Caribe.

Una vez más, es más difícil predecir de qué manera Trump manejaría este asunto. Pero dado que él ha estado a favor de que más países obtengan armas nucleares, es muy poco probable que buscaría reducir la venta de armas de Estados Unidos a países extranjeros, incluyendo los de Latinoamérica y el Caribe.

Política de drogas

Dado que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilícitas, su política antidrogas tiene importantes impactos en la dinámica criminal de los países de Latinoamérica y el Caribe que producen estas sustancias o sirven como puntos de transbordo de las mismas. Por ejemplo, las recientes medidas a nivel estatal en Estados Unidos para despenalizar e incluso legalizar la producción y venta de marihuana han hecho mella en las ganancias de los productores de marihuana mexicanos y en las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de dicha droga en la frontera.

Clinton ha dicho que ella les permitiría a los estados avanzar en iniciativas de despenalización y legalización de la marihuana, y ha expresado su apoyo a cambios en las leyes federales que permitirían aumentar las oportunidades para la investigación sobre posibles beneficios médicos de la droga.

Trump también ha dicho estar dispuesto a permitir que los estados despenalicen o legalicen la droga, aunque él personalmente no apoye la idea. También dijo que permitiría que lo adultos accedan a esta droga con fines médicos.

A nivel estatal, la legalización puede ser casi un hecho. Además de los cuatro estados de Estados Unidos que ya han legalizado la marihuana con fines recreativos, cinco más votarán el 8 de noviembre para legalizar la droga o no. Dichos estados son Maine, Massachusetts, Nevada, Arizona y California, el último de los cuales es muy significativo, pues se trata del estado más poblado y económicamente más poderoso del país. Como señala el New York Times, el voto a favor de la legalización en California podría “dejar la puerta abierta” para la legalización de dicha droga a nivel nacional.

Reformar la actual prohibición federal de la marihuana con fines recreativos requeriría pasar por el Congreso, y dadas las actuales realidades políticas ello es poco probable, al menos en el corto plazo. Sin embargo, los presidentes tienen la autoridad para disponer cómo aplicar la ley federal y pueden decidir —como lo hizo Obama en 2013— no interferir con los esfuerzos estatales para disminuir las restricciones a la marihuana.

Uno de los pocos temas a los que ambos candidatos se refirieron durante su campaña fue el del creciente consumo de heroína. Clinton y Trump han hecho propuestas sobre cómo abordarían la continua crisis del consumo de drogas opioides. Clinton ha propuesto abordar el tema aumentando el acceso a los servicios de tratamiento de adicciones y reformando las leyes de drogas para “dirigir a las personas hacia los tratamientos en lugar de enviarlas al sistema de justicia penal”. Trump ha presentado un plan que se centra mucho más en reducir la oferta en lugar de la demanda de dichas drogas, mediante mayores estrategias de confiscación “y enjuiciando agresivamente a los narcotraficantes”.

Si bien las leyes más laxas en cuanto a la marihuana podrían hacer mella en las finanzas de los grupos criminales de Latinoamérica y el Caribe, el aumento en el consumo de heroína en Estados Unidos —debido a años de prescripción excesiva de analgésicos opiáceos— ha generado violencia en México, dado que los poderosos grupos criminales compiten por el acceso al lucrativo negocio del creciente mercado de Estados Unidos. Y a diferencia de la marihuana, no hay prácticamente ningún apoyo público en Estados Unidos para la legalización de la heroína.

A pesar de estas opiniones, hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las estrategias de control de drogas desde la oferta son contraproducentes desde una perspectiva de salud pública, así como en términos de sus efectos sobre el crimen organizado. Paradójicamente, los esfuerzos por reducir el suministro hacen que el negocio del narcotráfico sea más rentable para las organizaciones criminales, mientras que reducir la demanda de drogas ilegales reduce la cantidad de dinero que pueden obtener los grupos criminales. De hecho, muchos líderes de Latinoamérica en los últimos años han pedido que Estados Unidos despenalice el consumo de drogas, argumentando que la llamada “guerra contra las drogas” ha empeorado las consecuencias negativas del consumo de drogas, en lugar de mejorarlas. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos parece interesado en participar en este debate a este nivel.

Control de armas

Además de la política de drogas, una de las áreas de mayor interés multilateral entre Estados Unidos y sus vecinos de Latinoamérica es el tema del control de armas. En palabras de Kinosian, “las laxas leyes de drogas en Estados Unidos contribuyen definitivamente a la violencia en Latinoamérica, por lo que cualquier avance para hacer un poco más estrictas las leyes sobre armas sería de gran ayuda”.

Clinton ha expresado su apoyo para endurecer las leyes sobre armas en Estados Unidos, las cuales, según el Foro sobre Comercio de Armas, “podrían reducir el número de armas pequeñas disponibles y por lo tanto su flujo ilegal hacia Latinoamérica”.

Por otro lado, Trump se ha opuesto a las regulaciones más estrictas para las armas. Según el Foro sobre Comercio de Armas, “es dudoso que dicho enfoque afecte el flujo ilícito de armas pequeñas en Latinoamérica”.

Migración (treguas de pandillas y negociaciones de paz)

Muchos de los migrantes a Estados Unidos buscan huir de la violencia criminal en Centroamérica, y muchos les pagan a organizaciones de tráfico de personas para que les ayuden a llegar a la frontera con Estados Unidos.

Trump, por supuesto, ha puesto el tema de la inmigración en el centro de su campaña, prometiendo construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y exigiendo que México pague su construcción. Aunque este plan es risiblemente irrealista, puede ser visto como un llamado a establecer mayores controles en la frontera. Sin embargo, como con el caso de las drogas ilegales, aumentar los controles sobre la migración en la frontera puede hacer que el tráfico de personas sea más lucrativo para los grupos criminales y que permita fortalecerlos.

Clinton, por el contrario, ha dicho que apoya la reforma al sistema migratorio de Estados Unidos, pero es probable que ella continúe la política de la administración Obama de asignarle al gobierno de México la tarea de reducir la migración centroamericana —una política que, como InSight Crime ha observado, también beneficia a los grupos criminales y a los funcionarios corruptos, a la vez que pone a los migrantes en riesgo—.

Además, la administración Clinton probablemente no apoyaría ningún diálogo ni ninguna tregua con o entre las pandillas callejeras, que son las principales promotoras de la violencia y la migración en la región. Durante su período como secretaria de Estado, el Departamento de Estado dejó claro que no quería nada que ver con una polémica tregua entre pandillas en El Salvador, a pesar de que la tregua logró reducir los homicidios a la mitad.

Otro tema importante relacionado con la seguridad y que estará en la agenda del próximo presidente estadounidense es el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Clinton ha prometido apoyar el acuerdo de paz y su implementación. El expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales opositores al proceso de paz, les pidió públicamente a Clinton y Trump que se opusieran al acuerdo de paz. Sin embargo, Trump no ha definido claramente cómo manejaría este tema en caso de ser elegido presidente.

Lo que no se dijo

Las cambiantes circunstancias en Latinoamérica y el Caribe implicarán que quien llegue a ser el próximo presidente de Estados Unidos tendrá que enfrentar no sólo los temas mencionados aquí, sino muchos más, la mayoría de los cuales no fueron discutidos durante las campañas. Y muchos de estos temas requerirán que el presidente trabaje con sus homólogos en la región para desarrollar soluciones compartidas a problemas comunes.

Dos problemas estarán en el escritorio del presidente en su primer día de trabajo: 1) el deterioro de la situación de seguridad en Venezuela y 2) la corrupción y el crimen organizado en el Triángulo Norte, como InSight Crime ha informado. Ningún candidato se ha referido públicamente a estos temas durante su campaña, pero son temas que se desarrollarán en el futuro inmediato con enormes consecuencias para las relaciones bilaterales.

Clinton podría aprovechar su experiencia como secretaria de Estado para interactuar con los líderes de la región, y también contaría con su compañero de campaña, el senador Tim Kaine —quien habla español fluidamente y durante su juventud pasó un año como voluntario en Honduras—, como un confiable vicepresidente.

“En todo caso, si Hillary Clinton es elegida, Tim Kaine jugará un papel importante en Latinoamérica”, le dijo Shifter a InSight Crime. “Tendrá una importante participación en la conformación de un acercamiento a la región”.

Para Trump, sin embargo, construir relaciones positivas y productivas con socios de Latinoamérica y el Caribe será más arduo. Trump es rechazado en muchos países de la región, en gran parte debido al tono que estableció durante el discurso de apertura de su campaña, en que dio a entender que la mayoría de los mexicanos migrantes en Estados Unidos son criminales y “violadores”.

“Creo que habrá una enorme desconfianza, que será difícil de superar, basado en lo que dijo durante la campaña”, señaló Shifter. “En particular, lo que dijo sobre los mexicanos ha sido muy ofensivo en toda la región, y creo que eso hará que la cooperación sea muy, muy difícil”.