Funcionarios de EEUU se reunieron en Miami con funcionario centroamericanos para discutir políticas de seguridad

La administración Trump reiteró en una reunión con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica realizada la semana pasada en Miami que el enfoque de la relación bilateral será, en adelante, uno que privilegiará los viejos enfoques de la llamada guerra contra las drogas, la mano dura contra la migración de indocumentados de la región, y que dará muy poca importancia a la ayuda para el desarrollo.

El vicepresidente estadounidense, Michael Pence, fue el encargado de dejarlo claro a los funcionarios centroamericanos que participaron en la reunión de Miami el jueves 15 y viernes 16 de junio pasado:

"El presidente Trump ya ha tomado pasos decisivos para proteger al pueblo estadounidense de las consecuencias más duras de la migración ilegal y el tráfico transnacional de drogas", dijo Pence en su discurso frente a los funcionarios centroamericanos en línea con la retórica de la administración Trump, que se ha esforzado por equiparar la migración con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pence dijo que Washington otorga a Centroamérica buena parte de la responsabilidad en la guerra contra las drogas, y que las soluciones pasan, de nuevo, por fortalecer a las fuerzas del orden: "Para seguir disminuyendo el flujo de migración ilegal […] y de drogas ilegales hacia Estados Unidos, el presidente Trump sabe, como lo saben ustedes, que tenemos que enfrentar estos problemas desde su raíz. Tenemos que enfrentarlos y tenemos que resolverlos en Centro y Suramérica".

Antes de la conferencia, ya William Brownfield, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus inciales en inglés) había delineado la agenda bilateral en una llamada telefónica con periodistas: "La agenda se centra en tres áreas básicas: crimen organizado transnacional y cooperación regional, seguridad ciudadana y el estado derecho y de las instituciones de justicia".

Combatir el narcotráfico y la migración de personas indocumentadas son las prioridades de Washington. "La alianza con el Triángulo Norte es construir para cumplir esta misión vital. Eso es lo que nos ha traído aquí hoy", zanjó Pence.

Ante los mandatarios del Triángulo Norte, el funcionario se jactó de que la administración Trump había disminuido en un 70 por ciento el paso de indocumentados por la frontera con México e insistió en felicitar a los funcionarios mexicanos por haber incrementado sus acciones contra la migración de centroamericanos.

A Miami, además, también viajó la posibilidad de que la Casa Blanca no renueve el estatus de protección temporal (TPS por sus iniciales en inglés) otorgado a unos 250.000 hondureños y salvadoreños tras desastres naturales en ambos países. Si eso ocurre, esas personas no tendrán amparos legales en Estados Unidos y serán más vulnerables a la deportación.

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En la misma línea de establecer prioridades, el vicepresidente dedicó buena parte de su discurso a culpar a las pandillas centroamericanas por crímenes como el tráfico de drogas y de indocumentados, y a compararlas con los grandes carteles de la droga en la región, a pesar de que el mismo Departamento de Estado ha dicho en varias ocasiones que no son las pandillas las principales responsables del narcotráfico en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino grupos de crimen organizado que han solido actuar en complicidad y connivencia con las fuerza del orden en Guatemala Honduras y El Salvador.

Tal es el caso, por ejemplo, de la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, acusada en Estados Unidos de tráfico de drogas y en señalada por nexos con Los Zetas. O el del vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz, señalado por la Fiscalía de su país de tener vínculos con José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y acusado de ser uno de los principales lavadores de dinero en El Salvador. Ortiz, de hecho, fue el máximo representante de El Salvador en la reunión de Miami ante la ausencia del presidente Salvador Sánchez Cerén por enfermedad.

Pence insistió a los centroamericanos, en el mismo tono en que antes lo había hecho la administración Obama, en que la corrupción es uno de los principales problemas pendientes en la región, pero no dudó en felicitar a Ortiz, y a los presidentes Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras, por "avances" en los esfuerzos anticorrupción. Ambos, Morales y Hernández, han sido señalados en sus países por vínculos de ellos o sus familiares con redes de corrupción e incluso de posibles relaciones con narcotraficantes.

El vicepresidente Pence dejó fuera de su discurso el enfoque con el que nació el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, según el cual la única manera de combatir la migración de indocumentados es atacando las causas que la provocan, como la marginalización de los jóvenes, la falta de oportunidades económicas y la impunidad.

De hecho, Pence reiteró lo que ya Centroamérica sabía: la ayuda financiera hacia le región seguirá reduciéndose. En Miami, Pence anunció que para el próximo año la Casa Blanca pedirá al Congreso US$460 millones, lo cual implica una reducción considerable respecto a los 650 aprobados para este año.

Según un análisis de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), buena parte del dinero recortado es el dedicado, precisamente, a programas sociales en barrios conflictivos en Centroamérica, muchos de ellos ejecutados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés).

Pence también aprovechó para dejar claro que uno de los pivotes fundamentales de la política exterior estadounidense hacia Latinoamérica estará en Venezuela.

También en Miami, aunque no en el marco de las reuniones con Centroamérica, el presidente Donald Trump anunció que da marcha atrás en la política de normalización con Cuba que instauró su antecesor, Barack Obama, en 2015.

Análisis de InSight Crime

Washington no ha hecho más que volver a sus viejas doctrinas de política exterior que usó en Centroamérica después de la Guerra Fría: la de combatir el narcotráfico desde la perspectiva única de la intervención policial y militar, y la de utilizar las deportaciones de migrantes indocumentados como estrategias para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Son muy pocos, sin embargo, los resultados positivos que esas políticas han dejado en el terreno, sobre todo en Centroamérica. Y, a la vista de las tendencias actuales de decomisos de cocaína que no paran de crecer, y de los rentables mercados de consumo en Estados Unidos o Europa, tampoco puede decirse que hayan sido un éxito en el norte.

La guerra contra las drogas supuso, entre otras cosas, el apoyo casi incondicional de Washington a gobiernos, cuerpos policiales y ejércitos señalados durante décadas, aun por el Departamento de Estado, como instituciones corruptas, poco eficientes y proclives a la violación de los derechos humanos. Aun hoy, los representantes de los gobiernos que se reunieron con la administración Trump en Centroamérica están en el centro de serios cuestionamientos por corrupción.

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A todo eso hay que añadir la visión, concebida en los años de la administración de George W. Bush y hoy llevada al extremo por el gobierno de Trump, de que las principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense provienen de migrantes empobrecidos, la mayoría de los cuales no tienen nexos con el crimen organizado, y las pandillas, y no de grupos organizados de narcotraficantes que crecieron al amparo de la protección estatal en Centroamérica.

Y en la visión particular sobre cómo combatir a las pandillas, Washington vuelve a priorizar una fórmula que ya fracasó, la mano dura, basada en la mera intervención policial en detrimento de la construcción de redes fuertes entre las comunidades y las fuerzas policiales para desterrar a los pandilleros, como lo pidieron un grupo de policías a la administración Trump en el Senado hace menos de un mes.

Michael Pence no dejó mucho lugar a la duda: lo que Estados Unidos ofrece, ahora, es más mano dura y muy pocas garantías de éxito en el combate a las causas generadoras de violencia y crimen en Centroamérica.