Niños migrantes sin compañía en un centro de detención en Texas. Crédito: Revista Factum

Representantes de tres agencias policiales federales no pudieron ofrecer al comité judicial del Senado en Washington evidencia concluyente de que haya alguna relación, más allá de casos aislados, entre los grupos de menores indocumentados sin compañía que han llegado a Estados Unidos desde 2012 y el reciente incremento de crímenes atribuidos a la MS13 en varias ciudades de ese país.

Algunos senadores republicanos estaban ahí para intentar obtener más pólvora con la que alimentar un discurso que se hace cada vez más común entre la clase política estadounidense y algunos medios de comunicación masivos en este país, ese según el cual crímenes brutales recientes atribuidos a la MS13 pueden relacionarse directamente con la llegada masiva de migrantes de entre 12 y 17 años procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica.

"Lo que es más problemático es que el incremento reciente de la violencia de la pandilla MS13 es el hecho de que la organización tiene una nueva estrategia, más perturbadora: apuntar a los menores indocumentados sin compañía", dijo al principio de la audiencia el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa y presidente del comité.

El de los niños migrantes sin compañía (UAC por sus inciales en inglés) fue uno de los puntos centrales de la audiencia sobre la MS13 que el miércoles 21 de junio reunió como testigos a representes del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus iniciales en inglés), de la oficina de Salud y Servicios Sociales (HHS por sus iniciales en inglés), de la Patrulla Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) y del Departamento de Justicia (DOJ por sus iniciales en inglés) ante senadores del comité judiciales de la cámara alta para hablar de la pandilla centroamericana. Esta fue la tercera audiencia sobre la MS13 que se realiza en el Congreso en menos de dos meses.

Los funcionarios mencionados son representantes de las agencias federales que tienen contacto y responsabilidades administrativas en el trato a los menores indocumentados que ingresan a Estados Unidos sin documentos y sin la compañía de un adulto.

Debido a una reforma legal de 2008, Estados Unidos no puede deportar inmediatamente a los UAC, sino que debe enviarlos a HHS para que luego otra oficina, la de Reasentamiento de Refugiados (ORR por sus iniciales en inglés) los entregue a hogares sustitutos –en general familiares o conocidos. Si la Patrulla Fronteriza determina que un menor es sospechoso de pertenencia o vinculación a la MS13 elabora un informe que traslada a DHS.

De todos los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los últimos 5 años, solo el 0,029 por ciento podría haber tenido o tener una relación con la MS13 al momento de la llegada.

Los adeptos a la narrativa de la administración Trump, como el senador Grassley o anteriormente el fiscal general Jeff Sessions, hacen coincidir el incremento en homicidios ocurridos en la costa este de Estados Unidos desde 2015 atribuidos a la MS13 con el crecimiento en los flujos de UAC. Por lo dicho ayer en el Senado, sin embargo, la administración tiene muy pocas estadísticas para confirmar esa tesis.

Carla Provost, jefa interina de la CBP y una de las testigos entrevistadas por los senadores, confirmó, de hecho, que la cifra de UAC a quienes los agentes fronterizos han detectado posibles vínculos con pandillas es de unos 159 en el universo de 188.685 menores detenidos y referidos a hogares sustitutos entre 2012 y 2017, y de esos solo 56 podrían tener nexos con la MS13.

Es decir, de todos los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los últimos 5 años, solo el 0,029 por ciento podría haber tenido o tener una relación con la MS13 al momento de la llegada –la jefa Provost habló de "afiliación confirmada o posible" al referirse a estos vínculos.

Provost y otros de los funcionarios que atestiguaron confirmaron, además, que el Gobierno federal de Estados Unidos no tiene forma inmediata de saber si los menores con posibles filiaciones pandilleras que fueron detenidos en las fronteras, y luego enviados a hogares de conocidos o familiares –sponsors, en inglés– mientras esperan el desarrollo de sus casos migratorios, siguen activos en las pandillas o, mucho menos, si terminan involucrados en delitos.

Cuando los senadores preguntaron a los otros funcionarios presentes si había forma de saber cuántos de los UAC han estado relacionados con crímenes atribuidos a la MS13, la respuesta, con pequeños matices, fue la misma: no hay estadísticas al respecto.

Parece haber más información en los condados de la costa este en los que hay presencia fuerte de la MS13 desde hace al menos dos décadas. Según el Washington Post, 42 de 17.000 menores reubicados en Washington DC y en ciudades aledañas de Maryland y Virginia han estado envueltos con "actos de violencia relacionados a la MS13" en los últimos tres años. La cifra representa apenas el 0,237 por ciento del total.

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De los 42 casos confirmados por el Washington Post en documentos judiciales o con autoridades locales, 19 menores han sido acusados de homicidios u homicidio tentado y cuatro han sido asesinados.

El senador Grassley, al hablar de todo esto, utilizó un lenguaje acorde a la narrativa de la administración Trump que equipara a las comunidades migrantes centroamericanas con las actividades criminales de la MS13. "Su estatus ilegal y su herencia centroamericana por sí sola los hace sujetos vulnerables a los esfuerzos de reclutamiento de la MS13".

Durante la audiencia del miércoles pasado también se habló de otro argumento con lo que la narrativa oficial en Washington ha relacionado a los UAC con la MS13: la vulnerabilidad social y económica de los UAC, que los hace más propensos a ser reclutados por la pandilla en Estados Unidos.

Decenas de trabajadores sociales y autoridades locales consultadas por InSight Crime desde 2014 coinciden con que los UAC son, en efecto, vulnerables al reclutamiento, como lo han sido, en general, los menores centroamericanos que huyen de comunidades dominadas por las pandillas en sus países y llegan a Estados Unidos en condiciones adversas, que incluyen hogares desintegrados y, sí, presencia de pandillas en barrios y escuelas.

Desde la década de 2000, cuando aumentó la presencia de pandillas en condados aledaños a Washington DC o Nueva York, autoridades de algunos condados empezaron a ejecutar programas especiales que incluían fondos para prevenir el reclutamiento. En lugares como el condado de Montgomery, en Maryland, esos programas tuvieron éxito, tanto que fueron clave para que autoridades federales de DOJ lograran condenas judiciales que mermaron a la pandilla durante casi una década.

Análisis de InSight Crime

Está claro que, a partir de 2015, la actividad de la MS13 ha aumentado en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, donde una serie de asesinatos violentos ocurridos en la zona metropolitana de Boston, en Long Island y en los suburbios de Washington DC hablan de un resurgimiento de la pandilla luego de años de ostracismo.

La aparición de cuerpos desmembrados en predios y parques suburbiales ha coincidido, además, con el recrudecimiento de la violencia de las pandillas MS13 y Barrio 18 en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, debido en parte a los vaivenes de una tregua pactada entre la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).

Y coincidió, también, con el crecimiento en los flujos migratorios de UAC provocados en gran medida por el deterioro de las condiciones de vida y la violencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Ha sido una tormenta perfecta.

En 2016, InSight Crime publicó una investigación que daba cuenta de los intentos de expansión de la MS13 y expuso el caso de un pandillero conocido como "Chucky", quien a finales de 2015 convocó una reunión en Richmond, Virginia, para decir a líderes de clica de la costa este, sobre todo de Massachusetts, que había recibido órdenes de líderes en El Salvador de aumentar el reclutamiento y expandir la MS13.

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Luego de esa reunión, "Chucky" ordenó a una clica el asesinato de un pandillero que se negaba a seguir sus órdenes. No está claro si ese homicidio se consumó.

Cuando "Chucky" tuvo esa reunión en 2015 el grueso de los UAC empezaba a llegar a las comunidades de la costa este y no hay ninguna evidencia de que alguno de ellos hay participado en reuniones de líderes pandilleros. La relación de "Chucky" con los líderes en El Salvador era directa, no a través de recién llegados.

Ninguna agencia federal, de hecho, ha probado aún en la opinión pública o en una corte judicial que entre los UAC sospechosos de tener vínculos con la MS13 que han llegado a comunidades estadounidenses entre 2012 y 2017 haya alguno que forme parte de la jerarquía pandillera.

La administración Trump también ha insistido en asociar el reciente resurgimiento de la MS13 con el aumento en la llegada de UAC, quienes, han dicho funcionarios de la administración, vienen con órdenes de aumentar la extorsión, los envíos de dinero y de expandir el reclutamiento.

Lo del dinero lleva años sucediendo, y uno de los pocos casos judiciales que ha ofrecido pruebas concretas de esas remesas data de 2010, cuando dos líderes de clicas en Maryland enviaron efectivo destinado a Moisés Humberto Rivera Luna, alias "Viejo Santos" y líder de la clica Normandie.

De hecho, testimonios de pandilleros y agentes federales expuestos en una corte de Maryland por ese caso indican que las primeras órdenes enviadas por el liderazgo salvadoreño para la expansión de la MS13 en la costa este llegaron entre 2008 y 2010, mucho antes del aumento en los flujos de UAC.

En la audiencia senatorial del miércoles, el senador Al Franken, demócrata de Minnesota, asoció la narrativa de la administración Trump respecto a la MS13 y los niños migrantes con una estrategia política de los republicanos para alimentar su plataforma antiinmigrante.

"¿Cómo estamos trabajando para crear confianza en las comunidades, más allá de la retórica antiinmigrante de la administración?", se preguntó Franken. Y luego dijo: "[Trump] está utilizando a los migrantes como chivos expiatorios de sus políticas […]"

No hay, por ahora, pruebas contundentes que aten el resurgimiento de la MS13 en la costa este de Estados Unidos con los flujos de menores indocumentados centroamericanos. La vulnerabilidad de estos menores al reclutamiento en los condados estadounidenses es solo una de las nubes en la tormenta perfecta que alimenta a la pandilla.