Explosión causada por grifos ilegales en un oleoducto de México

Video en el que al parecer se ve a un soldado ejecutando a quemarropa a un ladrón de combustible en México, llama la atención sobre la incapacidad del gobierno para encontrar una respuesta eficaz frente a una industria criminal que mueve casi mil millones de dólares al año.

Varios videos publicados recientemente por Diario Cambio y otros medios de comunicación mexicanos muestran violentos enfrentamientos entre civiles y soldados el día 3 de mayo en Palmarita, ciudad en el estado de Puebla, México. En uno de los videos, un convoy del ejército detiene a una camioneta blanca. Un hombre es sacado del vehículo y arrojado al suelo, pero la atención de los soldados se desvía por algo por fuera de la pantalla. Se puede ver que el hombre se levanta y después lanza varios disparos; uno de los soldados cae inmediatamente al suelo, aparentemente muerto.

En otro de los videos, un auto recibe varios disparos cuando se encuentra retrocediendo lentamente. La carrocería y el parabrisas son perforados por el impacto de las balas. Luego los soldados sacan a varios hombres del auto y los tiran al suelo. A uno de los sospechosos, quien al parecer está herido, le dan un tiro de gracia en la nuca mientras se encuentra bocabajo en el suelo; al parecer lo hace uno de los soldados. Al final de la grabación se aprecia cómo los soldados desmontan la cámara que capturó el incidente.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) emitió un comunicado de prensa el 3 de mayo en el que señala que, aproximadamente a las 8:15 p.m, los soldados de Palmarita fueron atacados por ladrones de combustible, conocidos localmente como "huachicoleros", quienes al parecer habían usado mujeres y niños como escudos humanos. Más adelante la SEDENA dijo que se había presentado otro ataque esa misma noche a las 10 p.m, en el que murieron diez personas, entre ellas cuatro soldados, mientras que otras 14 resultaron heridas. Según BBC Mundo, esta es la primera vez que soldados mexicanos han sido asesinados durante un enfrentamiento con ladrones de combustible.

Tras la difusión de los videos, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que había abierto una investigación para determinar si el sospechoso había sido asesinado por un miembro de la SEDENA. La Secretaría de la Defensa dijo que "colaborará en todo lo necesario con la Procuraduría General de la República" con el fin de determinar si se cometió algún acto criminal.

Análisis de InSight Crime

Los enfrentamientos del 3 de mayo son un indicio de la escalada violenta en la guerra entre la policía y las redes de robo de petróleo, que en los últimos años han proliferado en Puebla y en todo México. Con base en comentarios de funcionarios de la petrolera estatal mexicana, Pemex, el New York Times informó en abril que las autoridades de Puebla registraron más de 1.500 grifos ilegales en los oleoductos el año pasado, casi el doble de los que se registraron en todo el año anterior. A nivel nacional, el número de grifos ilegales ha aumentado casi 15 veces en los últimos siete años, pasando de 462 en 2009 a 6.873 en 2016, según el New York Times. El medio mexicano Animal Político estima que Pemex perdió más de mil quinientos millones de dólares por el combustible robado el año pasado.

Si bien ninguna de las organizaciones criminales de México se ha relacionado con este último incidente, grupos como Los Zetas se están involucrando cada vez más en el robo de combustible, intentando expandir su cartera criminal con actividades diferentes al narcotráfico.

El gobierno ha respondido tomando medidas para impedir el crecimiento de esta floreciente industria criminal. El presidente Enrique Peña Nieto le ordenó recientemente a su gabinete de seguridad que diseñara una estrategia nacional en conjunto con funcionarios de los cuatro estados que han sido los más perjudicados por el robo de combustible. El Congreso también ha buscado aumentar las penas para el robo de crudo a un máximo de 25 años de prisión.

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Pero los grupos criminales también han tomado sus propias medidas para asegurar que el petróleo —y el dinero— sigan fluyendo. Alberto Islas, uno de los fundadores de Risk Evaluation, empresa de consultoría en seguridad con sede en Ciudad de México, le dijo a InSight Crime que las bandas de robo de petróleo se están volviendo cada vez más sofisticadas en cuanto a sus conocimientos técnicos, lo que les permite violar las tuberías sin causar muchas explosiones. Las explosiones causadas por los intentos fallidos de robar crudo han resultado ser mortales; de hecho, un incidente en 2010 causó la muerte de 27 personas en Puebla.

Islas señaló que el aumento en los ingresos que esta actividad genera les permite a las bandas contar con más recursos para corromper a las autoridades, que son un recurso invaluable para estos grupos. El robo de combustible "no podría [darse] sin la complicidad" de las autoridades locales y los funcionarios de Pemex, dijo Islas.

En el mes de enero, El Universal informó que 123 empleados de Pemex y una docena de exempleados fueron detenidos por cargos de robo de petróleo entre 2006 y 2015. Sin embargo, como InSight Crime ha señalado anteriormente, esta es quizá sólo una fracción del número real de trabajadores de la empresa estatal en connivencia con las redes criminales. El nuevo personal que el gobierno despliegue para combatir el robo de combustible puede caer en las mismas tentaciones, a menos que las autoridades desarrollen una manera de evitar la corrupción.

Las bandas de robo de petróleo han encontrado otros mecanismos para evadir a las autoridades. Según el New York Times, se han ganado la simpatía de los habitantes de la región ofreciéndoles salarios más altos de los que podrían obtener en la economía legal y vendiendo gasolina a precios muy por debajo del valor del mercado. Algunas bandas han comenzado incluso a cubrir los gastos médicos de sus colaboradores y a pagarles otros servicios, con lo que se han ganado la reputación de Robin Hood entre los residentes locales. Un funcionario de la policía municipal le dijo al New York Times que los residentes suelen impedirles a los agentes que entren a ciertos vecindarios para proteger a las bandas.

Por otra parte, la aparente ejecución de un civil se suma a la larga lista de presuntos abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad de México en los últimos años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha documentado varios casos en los que las fuerzas armadas o la policía han cometido ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la ejecución de 15 sospechosos en una bodega en la ciudad de Tlatlaya en junio de 2014.

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El reciente incidente también demuestra el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los soldados mexicanos que participan en las operaciones de lucha contra el crimen.

"El ejército mexicano no tiene un marco jurídico para intervenir en los delitos", le dijo Islas a InSight Crime. "Esto los pone en riesgo".

Señaló que cómo los soldados no cargan esposas, les resulta difícil inmovilizar a los sospechosos sin recurrir a la fuerza. En el reciente caso en Puebla, los militares no tenían cómo mantener al sospechoso en el suelo, lo que le permitió levantarse y hacer varios disparos, al parecer matando a por lo menos un soldado.

"La gente del crimen organizado está preparada", dijo Islas. "Tienen una estrategia."

Por ahora, parece que no puede decirse lo mismo sobre el gobierno.