A los venezolanos les gusta culpar a Colombia por sus problemas con el crimen organizado, mientras que por su parte los colombianos dicen que Venezuela tiene poderosas organizaciones narcotraficantes trabajando de la mano con miembros de las fuerzas de seguridad del país. Ambas declaraciones parecen ser ciertas.

De hecho, en Venezuela, un país de 27 millones de personas, muchas cosas son engañosas a primera vista. Por ejemplo Mérida, una ciudad universitaria que queda a 800 kilómetros de Caracas y a 245 de la frontera colombiana. El gobierno paga por los tiquetes en el sistema de transporte rápido y por las comidas en la universidad privada. Las botellas de jugo de naranja tienen un sello rojo que dice “Hecho en el Socialismo”. Muchos proyectos públicos – hospitales, autopistas, estadios deportivos – son acompañados por letreros que anuncian que están apoyados por la “Revolución Bolivariana”.

Esta ciudad universitaria es también el fortín de partidos de oposición y un santuario para traficantes e insurgentes colombianos. El narcotraficante colombiano Wilber Varela, alias “Jabón”, fue asesinado acá en 2008. El año pasado, la policía arrestó a un comandante rebelde colombiano, que había encontrado refugio en la ciudad.

Las células de asesinos en Mérida son un modelo idéntico al de las “oficinas” en Colombia. Son conocidas por llevar a cabo asesinatos por un precio tan irrisorio como 500 bolívares (unos US$116, a la tasa oficial de cambio), según le contó a InSight Crime Teresa Salazar, una profesora del departamento de criminología de la Universidad de los Andes en Mérida.

Los criminales colombianos también hacen presencia en otros estados. Uno de los sucesores de Varela fue capturado en el centro del estado de Barinas, mientras que otros capos colombianos y líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han encontrado refugio en los estados venezolanos que limitan con Colombia. Estos grupos criminales colombianos son responsables por tiroteos en pueblos venezolanos y han sido acusados de matar miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha dicho que los secuestros y homicidios en Venezuela han aumentado en parte por la actividad de los grupos criminales colombianos en el país. Salazar está de acuerdo con esta perspectiva, argumentando que el influjo de narcotraficantes y rebeldes colombianos ha incrementado la inseguridad en Mérida y la región aledaña.

Pero, aunque hay cierta verdad en atribuirle parte de los problemas de seguridad a Colombia, siempre es más fácil culpar a los extranjeros y en vez de asumir la responsabilidad por las fallas de seguridad internas.

“No se puede decir que hay inseguridad en Venezuela solo porque hay violencia en Colombia. Eso no es verdad,” dijo Pedro Rangel, director del centro de investigación Incosec en Caracas. “Es un factor, pero no es todo el problema”.

Es cierto que las instituciones públicas de Venezuela están plagadas de corrupción y penetradas por organizaciones criminales de todos los orígenes. Siete oficiales militares de alto rango, incluyendo al actual ministro de defensa, al igual que aliados actuales de la administración de Chávez, han sido incluidos en la lista negra del departamento estadounidense del tesoro por narcotráfico.

Mientras algunos de estos venezolanos empezaron como facilitadores para las operaciones del narcotráfico colombianas, algunos se han convertido en grupos narcotraficantes por sí mismos. El ejemplo más prominente es el llamado Cartel de los Soles. Nombrado así por las insignias de los uniformes militares, este grupo de altos oficiales de la Guardia Nacional cuenta con vínculos profundos con el narcotráfico.

“Ya no es una dinámica en la que las fuerzas de seguridad aceptaban un pago de parte de los traficantes a cambio de mover el producto", dijo Mildred Camero, antigua zarina antidrogas del gobierno de Chávez. "Las fuerzas de seguridad venezolanas ya se encuentran traficando por sí mismas".

Los señalamientos de Camero son respaldados por las descripciones de complicidad entre altos mandos militares y el narcotráfico del juez exiliado, Eladio Aponte. Simpatizantes del gobierno de Chávez, dice Aponte, el ex fiscal general para los militares y juez de la Suprema Corte, están llevando a cabo una campaña de desprestigio. Por supuesto, las acusaciones del ex juez pueden ser descartadas al resaltar sus presuntos lazos con el narcotraficante Walid Makled, quién enfrente un juicio actualmente. No obstante, hay varios casos que conectan a la Guardia Nacional con el narcotráfico, que pueden debilitar al gobierno. Para citar un ejemplo, en 2011, un avión con 1.400 kilos de cocaína salió de una base militar en Caracas, un incidente que el gobierno no ha podido explicar adecuadamente.

Más aún, los traficantes colombianos presentes en Venezuela no pueden operar allí sin algún tipo de complicidad con las fuerzas de seguridad, según Camero. Tanto Varela como el narcotraficante colombiano, Hermágoras González Polanco, arrestado en Venezuela en 2008, estaban asociados con la Guardia Nacional venezolana (la foto de arriba muestra al hermano de González, Eudo, y su identificación falsa de la Guardia Nacional). Una teoría de la muerte de Varela es que simplemente no pudo pagar la protección de la Guardia, dejándolo vulnerable a los ataques de sus rivales.

Al igual que en Mérida, donde anuncios en la calle hacen alusión a la “Revolución Bolivariana”, y el transporte público gratis y la educación dan la impresión de un gobierno que tiene al país bajo control – hay muchos negocios sucios, y las fuerzas extranjeras no pueden asumir toda la responsabilidad.