Autoridades de Honduras cuidan zoológico confiscado a los Cachiros

La declaración de guerra de Estados Unidos al grupo narcotraficante de los Cachiros, es un mensaje a las élites económicas y políticas de Honduras de que nadie está a salvo, pero ¿será contraproducente esta estrategia?.

El 19 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tenía como objetivo a la familia Rivera Maradiaga, la cual se encuentra en el núcleo del grupo que se conoce en Honduras como los Cachiros. Luego del anuncio, las autoridades hondureñas comenzaron a incautar lo que Estados Unidos dice que son entre US$500 millones y US$800 millones en propiedades –una suma que cualquier narcotraficante envidiaría–.

Fue la operación antinarcóticos más importante desde 1988, cuando la DEA arrestó y extrajo (en lo que se puede considerar únicamente como una entrega extraordinaria temprana) a Juan Ramón Matta Ballesteros, quien era buscado por participar en el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, tres años antes en México.

Pero los Cachiros (abajo en el organigrama del Departamento del Tesoro) tienen un pasado humilde y emergieron en el mundo criminal por primera vez a través del robo del ganado de sus vecinos, y posteriormente, matando a su propio jefe en una cárcel de Honduras en 2004. Aunque formidables, violentos e imponentes, es claro que los Cachiros no pudieron haber acumulado la mitad de mil millones en activos del robo de ganado.

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En cambio, es casi seguro que el verdadero objetivo de esta operación fueran las clases políticas y económicas de Honduras, que han tolerado y, en el peor de los casos, colaborado durante años con grupos como los Cachiros.

El día que comenzaron las incautaciones, Lisa Kubiske, embajadora de Estados Unidos en Honduras, habló con los representantes de los bancos más poderosos del país y las instituciones financieras en una conferencia contra el lavado de dinero. En lo que parecía ser algo más que una coincidencia, Kubiske dejo entrever que nombres más grandes podrían seguir durante la investigación que involucra al Tesoro, la DEA y algunos sectores valientes del gobierno de Honduras.

"(...) todos nosotros sabemos, que los criminales están lavando dinero en Honduras", dijo. "Esto no es un delito sin víctimas, ustedes han visto el impacto de lo que está pasando en este país".

Las consecuencias incluyen la tasa de homicidios más alta del mundo y un sentido de desintegración del orden en esta nación de 8 millones de personas.

"Las instituciones y los particulares que auxilien e incitan a las organizaciones criminales comparten la responsabilidad por la violencia y la destrucción que estos grupos han desatado sobre el pueblo de Honduras", continuó la embajadora. "Aquellos que a sabiendas les ayudan a los lavadores de dinero, a personas corruptas o terroristas deberían de enfrentar largos y costosos procedimientos legales, sanciones y condenas. O sea, si ustedes están ayudando a los criminales quiere decir que usted también es criminal".

La embajadora advirtió después que los candidatos también están siendo observados, y que se llevarían a cabo más acciones contra más personas y entidades.

"Las instituciones financieras involucradas en actividades criminales deben de ser requeridas a pagar duras penalizaciones y enfrentar la posibilidad de que se les prohíba ejercer actividades comerciales", dijo.

Otras autoridades, principalmente Vilma Morales, la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hicieron eco al mensaje de la embajadora.

En contraste, el presidente hondureño Porfirio Lobo no ha dicho una palabra en público acerca de lo que las autoridades hondureñas llamaron "Operación Neptuno", o sobre los propios Cachiros. Su silencio se puede interpretar de muchas maneras, ninguna de ellas buena.

El presidente está en sus últimos días en el cargo, con las elecciones para el próximo presidente teniendo lugar el 24 de noviembre de este año. Y, al igual que un soldado que está llegando al final su servicio, busca mantener la pistola enfundada, tratando de evitar entrar en cualquier batalla.

Como lo demuestra el tamaño de los activos de los Cachiros, Lobo ha presidido uno de los mayores crecimientos del hampa en los últimos tiempos y sus esfuerzos para frenar la propagación de esta plaga, y la violencia asociada a ella, han fracasado miserablemente.

Estados Unidos ha tratado de cambiar esto, entregando cerca de US$65 millones, del estimado de US$496 millones en asistencia de seguridad regional, a Honduras en los últimos cinco años, según el Congressional Research Service (.pdf en inglés). Se ha advertido en privado a más de un funcionario y cortejado al Congreso y los tribunales para aprobar una ley de extradición, entre otras medidas importantes.

Pero la intervención estadounidense en Honduras puede ser demasiado tarde y podría provocar una reacción violenta a medida que obliga a los políticos a escoger entre el apoyo a su línea cada vez más firme o quedarse del lado de los intereses criminales.

El gobierno hondureño, más que cualquier otro en la región, está contaminado. Por citar sólo un ejemplo reciente, el actual fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla, fue elegido durante una sesión en la noche luego de la renuncia de varios miembros clave de una Junta Proponente, que  supervisaba el proceso debido a las irregularidades.

Chinchilla le debe su puesto a su lealtad al presidente del Congreso y principal candidato presidencial Juan Orlando Hernández, y a un proyecto de ley dudoso que pide "Regiones Especiales de Desarrollo". Varios de sus colegas de la Corte Suprema fueron destituidos ilegalmente por llamar a la medida inconstitucional, pero él sobrevivió a esta purga para luego ser nominado para Fiscal General.

La ley para las "Regiones Especiales de Desarrollo" es clásica en Honduras, envuelta en un argumento que supuestamente hace un llamado al "desarrollo", pero que está llena de propósitos ambiguos y llamados para eliminar todas las autoridades hondureñas, lo cual puede abrir más vías a la corrupción y el narcotráfico. Una de las áreas designadas como “región especial” es un bastión de los Cachiros. Otras áreas también parecen coincidir con importantes corredores del narcotráfico.

Con pocos socios dignos de confianza en los altos mandos, el impacto de las victorias de Estados Unidos es a menudo limitado cuando se enfrenta a la realidad hondureña. Esto ha quedado claro con la dura batalla para lograr la extradición, ya que desde que se aprobó la ley sólo una persona ha sido extraditada, y era un guatemalteco.

Pero los problemas del país no pueden reducirse a la simple corrupción en la cúpula del poder. Gran parte del país se encuentra fuera del control del gobierno nacional, en especial los municipios al occidente del país que, según un reciente informe de las Naciones Unidas (.pdf) sobre la criminalidad, son controlados por políticos corruptos, terratenientes y narcotraficantes.

El modelo económico del país también es insuficiente, y gran parte es producto del narcotráfico. Luego de la confiscación de las empresas de los Cachiros, por ejemplo, cientos de personas salieron a las calles en su fortín de Tocoa, Colón, pidiendo al gobierno que dejara de confiscar las empresas. Algunos dijeron que el grupo criminal emplea entre 5.000 y 8.000 personas en esa región.

Los hondureños saben que no son inocentes. Pero desde su punto de vista, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral tampoco. Pese a la violencia, gran parte de la cual es producto de la lucha por la economía local de la droga, los hondureños todavía ven el consumo como un problema estadounidense.

Más aún, Estados Unidos no tiene un sólido historial de monitoreo a sus propias redes de lavadores de dinero. Los dos últimos bancos investigados por lavado de dinero en Estados Unidos, Wachovia y el HSBC, fueron multados con sumas pequeñas en comparación con sus ingresos anuales. Incluso, las cantidades involucradas en estos esquemas de lavado –US$400 mil millones en el caso de Wachovia– hacen ver aún más pequeño el PIB anual de Honduras de US$18 mil millones, por no hablar de los activos de los Cachiros.

Entre las autoridades estadounidenses reclamando justicia, y los gritos hondureños de hipocresía, se encuentran los candidatos presidenciales actuales. Si bien todos ellos abordan la cuestión de la lucha contra el crimen organizado en sus discursos, no hay buenas opciones.

Lo que puede diferenciarlos es su enfoque sobre el tema de la extradición. Ya están apareciendo amenazas contra las personas que buscan introducir la extradición como herramienta para luchar contra el crimen organizado, y recientes homicidios de alto perfil se han vinculado a los esfuerzos de los criminales para asegurarse de que ninguno de ellos caiga en un expediente judicial estadounidense.

También hay en juego votos y dinero de las campañas. Un manifestante en Tocoa llevaban consigo un letrero de advertencia a uno de los principales candidatos de que la extradición de los Cachiros pondría en peligro los votos en la región (no hay cargos formales en contra de los miembros del grupo todavía, ni en Estados Unidos ni en Honduras).

Los hondureños también tienen una historia volátil con respecto a este tipo de intrusiones legales. Luego de que agentes de la DEA llegaran y se llevaran a Matta Ballesteros, quien se encuentra aún en una prisión federal estadounidense, furiosos manifestantes hondureños quemaron el consulado de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Hasta ahora, no ha habido ninguna reacción en contra de Estados Unidos o el público en general. No obstante, algunos empleados de la embajada estadounidense fueron puestos en alerta máxima el día que comenzaron las incautaciones de los activos de los Cachiros, y un tribunal hondureño fue cerrado brevemente por una amenaza de bomba que resultó ser falsa.

Los asesinatos y las amenazas recuerdan a muchos de Colombia alrededor del año de 1988, cuando Pablo Escobar y los llamados "extraditables" comenzaron a secuestrar a miembros de las élites, detonando bombas en lugares públicos y matando a jueces y policías. Es poco probable que se de este tipo de campaña violenta, pero es posible que la simple amenaza sea suficiente para mantener a los políticos más cerca de los criminales que de Estados Unidos.

La investigación presentada en esta publicación es, en parte, el resultado de un proyecto financiado por el International Development Research Centre de Canadá.

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