Dos recientes informes sobre la CICIG muestran el potencial del cuerpo internacional para lograr poderosos cambios en el status quo de Guatemala, así como sus grandes limitaciones.
Los informes —redactados por Open Society Foundations (OSF)* e International Crisis Group (ICG)— describen versiones similares sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el importante órgano judicial respaldado por las Naciones Unidas, que ha cambiado de manera drástica el poder ejecutivo de Guatemala en los últimos meses, tras una serie de casos judiciales de gran alcance, que aún no se han cerrado y que condujeron a la renuncia y el arresto del presidente y la vicepresidenta, entre otras personas.
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Ambos informes describen el lento comienzo de la comisión en 2007, su casi desaparición en diversas ocasiones y su resurgimiento repentino e inesperado en 2015, aunque el informe de OSF es mucho más detallado (ICG publicó un informe mucho más completo sobre la CICIG en 2011). La CICIG es algo difícil de describir. Es a la vez un observatorio, un organismo de investigación, un mediador y un educador. Ha ayudado al gobierno guatemalteco en casos tan diversos como narcotráfico, asesinato, corrupción entre los más altos funcionarios del gobierno, e incluso en casos de adopciones ilegales.
De hecho, ambos informes se refieren a la constante preocupación de la CICIG por definir su misión y delimitar sus amplias funciones. El resultado de este permanente debate interno es la sensación de que ha habido un esfuerzo desarticulado durante la dirección de tres comisionados con estilos, experiencias y prioridades diferentes. Por momentos, la comisión entra en crisis, aparentemente en busca de su propio sentido. En otras ocasiones ha alcanzado un gran poder, establecido una agenda definida y encarcelado a algunas de las figuras más poderosas del país.
Sus logros, como lo señalan los informes, a menudo han sido obtenido a un gran precio, sobre todo porque algunas de las personas que debían ser investigadas eran las mismas que habían ayudado a establecer la comisión y su permanente misión. Este difícil equilibrio —que le ha exigido a la CICIG manejar relaciones con las mismas élites que está investigando— no es abordado plenamente en ninguno de los informes y continúa siendo un aspecto crítico de la historia de la comisión que aún no se ha explorado (InSight Crime publicará una investigación sobre este tema en las próximas semanas).
Sus errores también han tenido graves consecuencias. La incapacidad de la comisión para lograr la condena del expresidente Alfonso Portillo por malversación de fondos fue uno de los mayores reveses del organismo. Esto ocurrió poco después de que Francisco D’allanese, el segundo comisionado de la CICIG, adelantara un caso mal planeado y bastante flojo contra el exministro del Interior, Carlos Vielmann. En ambas ocasiones, estos casos continuaron en otros países: Portillo fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una corta condena; el caso de Vielmann se está adelantando en España, donde él es ciudadano.
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El papel de Estados Unidos en el apoyo financiero y político a la CICIG es otro aspecto que no exploran estos informes, ni otros que publicados previamente. Estados Unidos ha financiado cerca de la mitad del presupuesto de la comisión, es decir, entre US$12 y 15 millones anuales desde su creación. Y en diversos momentos ha respaldado su trabajo con fuertes declaraciones públicas, supuestamente evitándole a la comisión una desaparición temprana y deshonrosa.
El informe del OSF hace un trabajo especialmente bueno al describir la contradictoria y desconcertante labor del primer comisionado de la CICIG, el magistrado español Carlos Castresana, quien tuvo la poco envidiable tarea de conformar la comisión. Durante esa primera fase, tuvo que recaudar fondos, establecer relaciones de trabajo con colaboradores en la fiscalía y la policía, establecer y dirigir una oficina con personal de diferentes nacionalidades y grados de experiencia y cumplir con las enormes expectativas con respecto a algunos de los principales casos judiciales y los más importantes procesos del gobierno.
En este sentido, como lo detalla el informe de OSF, el magistrado español tuvo resultados muy diversos. Lo positivo consistió en que pudo haber ayudado a cambiar la forma en que los guatemaltecos manejan las leyes —eso sin mencionar que ayudó a salvar la presidencia —apoyándose en pruebas forenses en el conocido caso de Rodrigo Rosenberg, un abogado de élite que fue asesinado bajo circunstancias muy extrañas y quien había hecho un video antes de su muerte, que posteriormente sirvió para acusar al entonces presidente Álvaro Colom y a la primera dama Sandra Torres por su asesinato. Las protestas que pedían el derrocamiento del presidente no se dejaron esperar, y pusieron a la administración en riesgo.
A petición del presidente, Castrasena asumió el caso y les pidió a varios de sus investigadores que triangularan registros telefónicos, reunieran recibos y vieran cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, entre muchas otras tareas. El resultado de esta investigación mostró que Rosenberg no fue en realidad asesinado por Colom y Torres, sino que orquestó su propio asesinato como un suicidio político con el fin de derrocar a la administración de Colom. En un país que solía depender de testigos susceptibles a presiones políticas y criminales, este uso de evidencia forense ha sido determinante.
Sin embargo, Castresana también cayó en una trampa que ilustra lo difícil que en realidad es la tarea de la comisión. En 2009, la comisión influyó fuertemente en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los jueces de la corte de apelaciones. La investigación de la CICIG sobre este proceso halló muy pocos actos cuestionables, o quizá ninguno, y la campaña de Castresana se llevó a cabo en gran parte a través de los medios de comunicación, pero funcionó: varios jueces fueron destituidos o excluidos de las magistraturas. Sin embargo, el resultado dejó un sabor amargo en la boca de la gente.
“Si bien la campaña pudo haber dejado como resultado una mejor CSJ y un sistema más competente de jueces de apelaciones, también dejó una serie de molestas ambigüedades”, dice con toda razón el informe de OSF. “Castresana fue denunciado por atentar contra la integridad de los miembros de la comisión, mediante afirmaciones generales y carentes de documentación, e incluso los defensores de la comisión pidieron ver las evidencias con las que él sustentaba los cargos”.
Como los informes señalan, la comisión finalmente logró asentarse bajo la dirección de su tercero y actual comisionado, Iván Velásquez, un juez colombiano que trabajó con la clase política y cuya experiencia en un país asolado por el conflicto y con grupos criminales muy bien organizados le permitió identificar claramente dónde debía invertir sus limitados recursos y cómo impactar profundamente en la corrupción. Él recurrió a cosas como escribir informes o tratar de influir abiertamente en la selección de los jueces de las altas cortes. También se benefició de los años de trabajo de sus predecesores en todos los niveles de la comisión y del mejorado sistema de justicia guatemalteco.
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Los resultados son por lo menos revolucionarios, como los informes lo señalan correctamente. La renuncia y el encarcelamiento del presidente y la vicepresidenta de Guatemala fueron sólo dos de los casos en cuyo juicio colaboró la CICIG durante el último año. Otro de los casos fue el que se entabló contra un político de élite que estaba malversando fondos de su inflado presupuesto, y otro más tuvo que ver con la investigación sobre los proveedores y altos funcionarios de la empresa más grande del Estado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por venderle al gobierno medicamentos falsos.
Dos llamativos casos surgieron a principios de este año —uno relacionado con los bancos más poderosos del país, y otro que vinculó a 16 oficiales del ejército con masacres y desapariciones— lo que indica que la CICIG no ha terminado de socavar los cimientos del poder en este país de 15 millones de habitantes.
Sin embargo, como ambos informes lo indican, hay algo que el OSF llama “fragilidad del éxito”. Tanto la capacidad de la comisión para terminar de enjuiciar estos casos, como su capacidad para transferir sus habilidades, todavía están en duda. Es más, no es claro si las instituciones locales, aunque ya estén más consolidadas, tienen el capital político para subvertir el orden económico y político de Guatemala en la misma forma en que la CICIG lo ha hecho.
* Open Society Foundations es uno de los principales donantes de InSight Crime.