Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina

Las noticias que han llegado de Guatemala en el último año están llenas de detalles sobre varias investigaciones de corrupción en la cúpula gubernamental. InSight Crime desglosa el flujo de información, muchas veces confusa y abrumadora, para ofrecer un resumen condensado de los casos de más alto perfil.

En 2015, el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti fueron arrestados luego de revelaciones sobre una red de fraude aduanero de la cual eran los presuntos cabecillas. Desde entonces, ambos se han visto implicados en varios casos de corrupción adicionales en un proceso liderado en gran parte por el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comisión respaldada por las Naciones Unidas, que han trabajado incansablemente para sacar a la luz los infames asuntos de una administración que la CICIG comparó con una mafia del crimen organizado.

A continuación, InSight Crime selecciona las investigaciones muchas veces confusas y al parecer repetidas para desglosar los cuatro casos principales de corrupción que implican al expresidente y la exvicepresidenta ahora caídos en desgracia.

'La Línea'

El caso de corrupción más prominente y conocido en Guatemala es el de "La Línea", que fue la primera investigación de peso sobre la administración de Pérez Molina. El escándalo en las aduanas llevó directamente a la renuncia del presidente y la puesta en custodia de Pérez Molina y Baldetti.

El escándalo se desató en abril de 2015, cuando las autoridades guatemaltecas arrestaron a cerca de veinticuatro funcionarios de gobiernos actuales y anteriores por el fraude aduanero. Esto incluyó al director y el exdirector del organismo de aduanas de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los arrestos fueron resultado de las investigaciones iniciadas en mayo de 2014 por la fiscal general de Guatemala y la CICIG sobre una red de fraude —denominada "La Línea"— que daba rebajas de impuestos a los importadores a cambio de coimas financieras. De mayo de 2014 a febrero de 2015, la CICIG estimó que la red ganaba cerca de US$328.000 a la semana.

Más de 60 personas pueden haber resultado implicadas en la red aunque los investigadores creen que en realidad estaba conformada por dos subgrupos con interacción limitada a varios intermediarios. Un grupo consistía de por lo menos 28 funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mientras que el otro estaba integrado por personas que trabajaban fuera de la SAT, incluyendo a importadores y abogados. (Vea aquí un análisis más detallado de cómo funcionaba la estafa de La Línea)

Inicialmente, se señaló como presunto líder de La Línea a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la exvicepresidenta Baldetti, quien renunció en mayo de 2015 por sus conexiones con el caso. Sin embargo, a medida que salía a la luz más información, la evidencia recogida de las interceptaciones electrónicas parecía indicar que Pérez Molina y Baldetti mismos supervisaban realmente las operaciones de la red. Como resultado, Baldetti fue arrestada en agosto de 2015, y a comienzos de septiembre Pérez Molina renunció y fue puesto en custodia después de ser despojado de su inmunidad.

A finales de septiembre de 2015, Salvador Estuardo González Álvarez, alias "Eco", supuesto dirigente de La Línea, testificó que Pérez Molina y Baldetti eran quienes más ganaban en el esquema de coimas, pues ambos recibían alrededor de 21,25 por ciento de todas las ganancias ilícitas. Monzón supuestamente ganaba el 5 por ciento, mientras que González Álvarez ganaba el 2,5 por ciento. En octubre, Monzón, fugitivo durante cinco meses, se entregó a las autoridades.

Pérez Molina y Baldetti se encuentran en custodia preventiva mientras los procesos siguen.

Puerto Quetzal

En abril de 2016, los fiscales guatemaltecos revelaron acusaciones de que Pérez Molina y Baldetti crearon una estructura para lavar dinero de sobornos recibidos de una empresa española de construcción de puertos para contenedores, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) —subsidiaria de Grupo Terminal de Contenedores Barcelona (Grup TCB).

Cuando estaban en ejercicio, Pérez Molina y Baldetti nombraron a varios colaboradores en altas posiciones en una empresa estatal que administra el puerto Quetzal de Guatemala, el mayor puerto del país sobre la costa Pacífica. En 2012, estos colaboradores negociaron una concesión de operaciones por 25 años que le valieron a TCQ US$255 millones para construir y administrar una nueva terminal en Puerto Quetzal.

Para asegurar el contrato, sin embargo, la empresa supuestamente tuvo que pagar hasta US$30 millones en coimas. La empresa española eventualmente hizo dos pagos, uno a finales de 2013 y otro a comienzos de 2014, para un total de solo US$12 millones. Los investigadores creen que Pérez Molina y Baldetti recibieron cada uno cerca de US$4 millones 200 mil dólares de este dinero.

El secretario personal de Baldetti, Juan Carlos Monzón, jugó supuestamente el rol de mensajero entre la firma española y los funcionarios guatemaltecos. También contribuyó de manera decisiva a concertar los sobornos para los líderes sindicales de Puerto Quetzal a cambio de su cooperación.

Los investigadores nombraron a un total de 18 colaboradores, incluyendo a cinco que tienen su residencia fuera de Guatemala, y en junio, los funcionarios guatemaltecos decomisaron los bienes de TCQ.

'Cooptación del Estado'

El 2 de junio, funcionarios del Ministerio Público y la CICIG anunciaron acusaciones relacionadas con el financiamiento ilegal de campaña y una red de contratación en el gobierno que supuestamente dirigían Pérez Molina y Baldetti. El 16 de junio se interpusieron acusaciones formales por corrupción y lavado de dinero.

Las investigaciones sobre el caso, denominadas "Cooptación del Estado", pusieron al descubierto una red criminal organizada por Pérez Molina y Baldetti, que recibía dineros ilícitos de un grupo de contratistas del estado para ayudar a financiar su campaña en las elecciones presidenciales de 2011. Los contratistas entregaron esos dineros con la promesa de que recibirían tratamiento especial en la cesión de contratos en caso de que Pérez Molina resultara elegido presidente.

Al posesionarse, entre enero de 2012 y abril de 2015 los dos recibieron cerca de US$38 millones en comisiones ilícitas en cerca de 70 contratos con el gobierno. Pérez Molina y Baldetti destinaron este dinero para su uso personal, en la compra de propiedades, vacaciones y artículos suntuarios. Baldetti, por ejemplo, presuntamente gastó US$27.000 en un tratamiento de liposucción y más de US$11.000 en ropa de diseñador en Miami, mientras que Pérez Molina compró una villa en Zaragoza.

Hasta el momento, los investigadores han implicado a un total de 70 personas en el caso, incluyendo a varios exministros del gobierno.

'La Cooperacha'

El último caso de corrupción que se dio a conocer es el de "La Cooperacha", presentado por la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana en conferencia de prensa, el 11 de junio, cuando mencionó una nueva lista de acusaciones contra altos funcionarios del gobierno.

El caso involucra a cinco ministros por lo menos, incluyendo a los exjefes de los despachos de Defensa, Comunicaciones, Energía e Interior de Guatemala, y al director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) bajo el gobierno de Pérez Molina. Los capturados incluyeron al ministro del interior Mauricio López Bonilla.

Estos funcionarios están acusados de gastar más de US$4 millones 700 mil dólares durante un periodo de tres años para comprar lujosos regalos de cumpleaños a Pérez Molina, que incluyen un yate en 2012, una cabaña de lujo en la playa en 2013, y un helicóptero de US$3 millones 500 mil dólares en 2014. Los cinco ministros también aportaron US$100.000 cada uno para comprar a Baldetti una casa vacacional en la isla hondureña de Roatán.

Gran parte del dinero usado para comprar los presentes provino supuestamente de fondos públicos, y al parecer Pérez Molina y Baldetti aparentemente organizaban cada uno la recolección del dinero para los regalos del otro. Una vez más, Juan Carlos Monzón era el responsable de recoger el dinero y disponer las compras.

Tomados en conjunto los casos ilustran una administración organizada en torno a la corrupción: que presuntamente usó un esquema corrupto para la financiación de sus campañas con el fin de engañar para llegar a sus cargos, y que usó su influencia y cargos para robar dinero de un país ya empobrecido, a la par que recogían coimas de contratistas, nacionales y extranjeros, que trabajaban con el gobierno y de otras empresas.