Nuevo informe halla que fallas de organismos estadounidenses favorecieron a traficantes de armas

Un nuevo informe de un organismo de vigilancia del gobierno de Estados Unidos halló fallas en múltiples agencias en una serie de investigaciones a traficantes de armas realizadas en el estado de Texas en 2010, contrabando que más adelante se usó en el homicidio del agente de inmigración estadounidense Jaime Zapata en 2011.

A comienzos de este mes, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia publicó "Un análisis de las redes de tráfico de armas de fuego de Osorio y Barba". En el informe, los autores buscan analizar si errores de procedimiento de los organismos estadounidenses contribuyeron al tráfico de las armas usadas en el ataque a Zapata y su compañero Víctor Ávila, quien quedó herido, pero sobrevivió, en el estado mexicano de San Luis Potosí el 15 de febrero de 2011.

Una redada del ejército mexicano unas semanas después del ataque descubrió seis armas usadas por Los Zetas, el temido grupo criminal al que se atribuye la responsabilidad del hecho.

Dos de esas armas de fuego se rastrearon hasta un par de organizaciones criminales en Texas, que las adquirieron legalmente en Estados Unidos y luego las ingresraron ilegalmente a México. Una de las armas, comprada en octubre de 2010, fue traficada por la organización de los hermanos Osorio, mientras que la otra, adquirida originalmente en agosto de 2010, se rastreó hasta la organización de Manuel Gómez Barba.

Aunque estas armas no hacían parte de la Operación Rápido y Furioso, en la que agentes con jurisdicción en Arizona de la Agencia Estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus iniciales en inglés) no decomisaron las armas luego de transacciones ilegales en 2009 y 2010, hicieron parte de un debate más amplio sobre la conveniencia de la táctica estadounidense frente al tráfico de armamento.

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Las redes de los Osorio y Barba habían sido objeto de cierto escrutinio de los organismos estadounidenses. La ATF sabía de la participación de los hermanos Ranferi y Otilio Osorio en el tráfico de armas para grupos criminales mexicanos desde comienzos de 2010, cuando recibieron evidencia de esto de tres fuentes distintas.

En primer lugar, una investigación a un detective antinarcóticos de Oklahoma reveló que el agente suministró un rifle calibre 0,50 a un grupo vinculado con los Osorio, además de otras armas. Más adelante el detective y otros cómplices fueron arrestados, y eventualmente se decomisaron docenas de armas. Pero pese a la evidencia que indicaba que los Osorio eran figuras claves de esta oranización, la ATF no los contactó hasta después del asesinato de Zapata.

Segundo, una investigación en Roswell, Nuevo México, sobre compras sospechosas de AK-47 proporcionó evidencia de que los objetivos de la investigación, los hermanos González, trabajaban con los Osorio en el suministro de armas a Los Zetas.

Y tercero, múltiples ventas internas e informes de indicios indicaron que los Osorio estaban muy activos haciendo muchas compras pequeñas que levantaban sospechas.

De igual manera, Manuel Gómez Barba había estado por mucho tiempo en el radar de otro organismo de control federal de Estados Unidos: la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés).

En conversación con una fuente de la DEA, Barba se jactó de haber adquirido 20 AK-47 para Los Zetas en mayo de 2010. Al mes siguiente fue arrestado por cargos relacionados con drogas.

En julio de 2010, después de cerrar un acuerdo para entregar información confidencial a la DEA, la Fiscalía estadounidense a cargo del caso retiró la solicitud de detención de Barba, y le permitió salir de la cárcel con una fianza de US$50.000. En lugar de trabajar con los agentes de la DEA, Barba desapareció y siguió traficando armas de fuego a México, incluyendo una de las armas empleadas en el asesinato de Zapata.

La OIG halló que los organismos involucrados cometieron errores que permitieron a Barba y a los Osorio seguir traficando armas en 2011, lo que a su vez permitió que esas armas terminaran en manos de los Zetas. El informe del organismo concluyó que la ATF dejó de actuar en repetidas ocasiones amparada en una causa probable y no arrestó a los Osorio, y postergó una investigación de la DEA en equivocada deferencia a prerrogativas burocráticas. Por su parte, la DEA no compartió información suficiente sobre la compra hecha por Gómez Barba de por lo menos 10 AK-47, mientras que la Fiscalía de Estados Unidos no debió dejarlo salir libre bajo fianza en julio de 2010, precisa el informe.

Análisis de InSight Crime

El informe de la OIG ofrece un análisis detallado de la manera como los traficantes de armas nutren el apetito de los grupos criminales mexicanos por armas. En México, funcionarios y medios de información se refieren habitualmente al "tráfico hormiga": la práctica de compra legal de armas en pequeños números por parte de pequeños compradores, y el paso de operaciones de contrabando relativamente pequeñas por la frontera. En lugar de comprar en grandes volúmenes, los agentes dicen que los grupos criminales usan este método de tráfico hormiga para cubrir sus necesidades.

Eso es precisamente lo que se observa en el informe de la OIG. Los compradores de la redes de los Osorio y Gómez Barba —desde el detective de Oklahoma hasta los mismos hermanos Osorio— compraron armas en pequeñas cantidades todos a la vez, de diversas fuentes distribuidas en muchos cientos de kilómetros. Cuando se reunieron las armas para el envío, había por lo menos dos docenas en el momento, no cientos ni miles.

Por varias razones, esta estrategia reduce la posibilidad de interrupciones importantes en los flujos de armas ilícitas. Los organismos de orden público, por ejemplo, tienen menos probabilidades de identificar un patrón de compras ilegales de una empresa. Esto fue básicamente lo que sucedió con los hallazgos de la ATF con los hermanos Osorio en 2010. En forma colectiva, el organismo había compilado varias piezas de evidencia concretas que indican que la organización manejaba una red de tráfico de armas a gran escala. Pero en forma separada, la información parecía representar una serie no relacionada de compras ilegales de poca importancia. Y nadie unió las piezas hasta que se recuperó en México el arma usada en el homicidio de Zapata.

De igual manera, dado que los cargamentos son pequeños, los decomisos de las autoridades solo afectan  una pequeña parte del tráfico total. Y dado que las operaciones de los contrabandistas son igual de limitadas en tamaño, aun el desmonte de toda una operación de tráfico de armamento tendrá un impacto casi nulo en la oferta general de armas ilícitas en México. En este sentido, la industria de armamento no es diferente al negocio de la droga, aunque puede ser aún más resistentes a las medidas del gobierno para contrarrestarla.

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Aunque el informe de la OIG se centra en errores de detalle de los organismos de investigación, también brinda amplia evidencia de vacíos en las leyes estadounidenses sobre armas, las cuales sustentan el mercado ilegal de armas en México. De manera más clara, el informe muestra la facilidad con la que los traficantes pueden adquirir legalmente armas de asalto poderosas, incluyendo rifles calibre 0,50, AR-15 y AK-47 montados.

Más aún, incluso cuando un comprador pequeño es vigilado y hace compras muy sospechosas, los obstáculos para el arresto y el decomiso son altos. Los agentes de la ATF que siguieron a los hermanos González cuando compraron ocho AK-47 asumieron atinadamente que estaban destinados para los grupos criminales mexicanos, pero las compras en sí eran legales.

También está por aclarar si la obligación de los organismos  los llevaba a perseguir una estrategia básica coherente. Como se señaló anteriormente, la ATF parece haber desacelerado su investigación a la red de tráfico de armas de los Osorio para cumplir con los requerimientos de la DEA derivados de la investigación relacionada con estupefacientes que llevaba este organismo. La OIG también señala que "los agentes de la ATF tenían más interés identificar a los traficantes de armas que  a los compradores particulares", una estrategia que afectaba a quiénes arrestaban y cuándo.

Esas decisiones son debatibles, pero no es claro que se desprendan de un análisis sobrio y calculado. Esta no es una crítica nueva; opositores a la operación Rápido y Furioso mencionada arriba se han centrado por mucho tiempo en la falta de previsión del programa. Y aunque la desarticulación de Rápido y Furioso puede haber sido bastante sencilla, hallar estrategias efectivas para apuntar a los flujos de armas ilícitas, tanto en México como en Estados Unidos, sigue siendo un objetivo elusivo.

Lea el informe completo de la OIG a continuación: