Dany Romero (derecha) siendo llevado ante los tribunales. Por Salvador Meléndez/Factum

En una redada masiva de las autoridades salvadoreñas contra pandilleros de alto rango, la cual tenía como objetivo desmantelar la estructura financiera de la MS13,  se arrestó a un pandillero retirado quien ha estado trabajando en la prevención de violencia. Su trabajo en materia de derechos humanos ha documentado supuestos abusos por la policía, por lo que se han empezado a cuestionar los motivos de su persecución.

Dany Balmore Romero García es un pandillero retirado que en los últimos dos años ha documentado cerca de 140 casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía y el Ejército, y por eso ahora está preso.

No es una exageración; la Fiscalía General de la República lo ha reconocido así. El 30 de julio, después de presentar una acusación formal por actos de terrorismo y otro cargos, los fiscales explicaron el porqué de su detención: utilizar dos ONGs para atacar al gobierno salvadoreño.

Los fiscales explicaron que Romero hizo uso del derecho a través de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y de organismos internacionales.

*Este artículo fue publicado originalmente por Factum. Fue editado para su claridad y publicado con permiso pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Romero fue capturado el 27 de julio en un operativo policial sin precedentes cuyo objetivo principal, de acuerdo con la versión oficial, era golpear por primera vez la estructura financiera de la Mara Salvatrucha (MS13). Este operativo fue producto de una investigación llamada “Operación Jaque”, iniciada por la Fiscalía y Policía en 2015, a partir de dos informes policiales que señalaba que un grupo de pandilleros se estaba enriqueciendo al lavar dinero a través del transporte de pasajeros, importación de vehículos y la administración de moteles y prostíbulos.

Después de capturar a Romero, policías y fiscales allanaron su casa y se llevaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo tres computadoras, memorias USB, discos y cientos de documentos en los que el pandillero retirado tenía almacenados nombres, fechas y testimonios de sobrevivientes o testigos de los 140 casos de presuntas ejecuciones atribuidas a los cuerpos de seguridad.

Factum, de momento, ha tenido acceso a uno de los listados de Romero, que recoge decenas de nombres y fechas: muchos coinciden con pandilleros que murieron en supuestos enfrentamientos con la Policía y la Fuerza Armada.

Los casos de Iván Urías Hernández y José Francisco González,  identificados como pandilleros por las autoridades, están en esa lista.

Una nota de marzo de La Página que citaba a fuentes de la policía informó que González, miembro de la MS13, recibió 30 disparos por parte de agresores no identificados al abrir la puerta de su casa.

Noticias el Informante reportó sobre la muerte de Hernández el 25 de de enero con el encabezado: “Eliminan a cuatro pandilleros MS13 en San Miguel”, refiriéndose a la ciudad en el este de El Salvador. El cuerpo de Hernández fue encontrado en un pozo seco, en donde habría intentado esconderse de una persecución.

La Fiscalía asegura que ha logrado identificar a 120 personas involucradas con los negocios de la MS13, para las cuales giró órdenes de captura. Del total de acusados, 28 fueron capturados entre la noche del  27 y la mañana del 28 de julio, mientras que 49 más fueron intimados porque ya se encontraban en un centro penal. Los demás, hasta la fecha, siguen prófugos.

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Sin embargo, aunque a la mayoría de detenidos en la “Operación Jaque” se les acusa de lavar dinero, vender droga o armas para la pandilla, los delitos de los que se le acusa a Romero son diferentes. La actividad criminal de Romero, según la Fiscalía, era presidir Opera, una ONG inscrita legalmente en octubre de 2014, según consta en el registro oficial de El Salvador.

En los últimos años, sostiene la Fiscalía, Opera no ha parado de interponer denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los delitos que Fiscalía le atribuye a Romero son tres: Organizaciones terroristas; Proposición y Conspiración de Actos de Terrorismo; y Proposición y Conspiración en relación a un delito de Homicidio, tres señalamientos con un potencial de hasta 50 años de cárcel.

Las justificaciones para esas tres acusaciones no incluyen denuncias contra el Estado, pero esa, sin embargo, es la explicación que los fiscales dan cuando mencionan porqué acusaron a Romero.

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Dany Romero (derecha) fue llevado ante los tribunales esposado al supuesto autor intelectual detrás de la organización de las finanzas de la MS13, Marvin Ramos.

“Se está dando un ataque legal”

Francisco Rodríguez Díaz, fiscal de la Unidad Especializada Antiextorsiones, una de las cuatro unidades que participaron en la investigación de este caso, sostiene que Romero recibió órdenes de la “ranfla” –la estructura de mando de la MS13- para crear Opera y “atacar” al gobierno con denuncias sobre violaciones a derechos humanos.

Factum entrevistó al fiscal Rodríguez el 30 de julio, después de una breve conferencia que dio a los medios de comunicación en la que explicó el caso tras presentar la acusación formal contra los 77 imputados de la Operación Jaque.

Factum: Tenemos información de que se allanó la casa de Dany Romero. ¿Qué se incautó ahí?

Rodríguez: Prácticamente vehículos, computadoras, teléfonos, documentación y soportes de almacenamiento que pueden arrojar información acerca del manejo de la fundación. Esto no por ser fundación sino por ser un medio de la pandilla, un instrumento, una persona jurídica a la orden de la pandilla, creada por la pandilla para efectos de hacer sus operaciones desde esa línea.

Factum: Algunos allegados al detenido y el mismo Dany Romero hablan de que se incautó una serie de documentos en los que tenía información sobre casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía.

Rodríguez: No. Realmente, como le digo, esa información que está en respaldo en la computadora va a ser parte de la investigación a profundizar. Si a esta persona se le encontraran estas situaciones habría que investigar la veracidad de esos informes, tomando en cuenta que está documentado en la investigación de que la fundación precisamente es parte de la actividad terrorista que tenía la pandilla como línea de atacar al sistema desde la fundación a través de denuncias a Derechos Humanos de lo que se escuchó infundadamente.

Factum: ¿Atacar a la Policía con denuncias a los derechos humanos?

Rodríguez: A las instituciones, en general, la pandilla las ataca no solo desde el choque, es decir, con armas. Eso también se está  dando y es una línea de la pandilla, pero también se está dando un ataque desde un aspecto legal.

Factum: Si en estos documentos que se le incautaron a Dany Romero existieran casos reales de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía, ¿ustedes van a abrir una investigación sobre estos casos?

Rodríguez: No.

Factum: ¿Entonces ustedes creen que todo lo que está ahí, en esos documentos, es falso?

Rodríguez: Realmente… hay que investigar. La tarea de Fiscalía es investigar. Lo que sí le puedo dar claridad es que hay una línea no de Dany ni de la fundación Opera sino que de la estructura de liderazgo de la (Mara) Salvatrucha, es decir, de la ranfla en penales y en libertad de que esa fundación sirva como otra línea de ataque al Estado. Un ataque haciendo procesos legales en contra de policías y soldados en materia de derechos humanos no solo a nivel nacional sino que internacional. Es una línea de la pandilla.

Factum: ¿Entonces ustedes parten de que los casos documentados son falsos?

Rodríguez: El tema de la veracidad, si son reales o no… debería ser tema de cada caso en concreto que se denuncie. Pero en general es una línea de la pandilla eso. No es una aspiración transparente de justicia sino una línea del liderazgo de la (Mara) Salvatrucha para estar en contra del Estado. Eso es.

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Diagrama de la Fiscalía sobre la estructura financiera de la MS13. Romero está abajo a la izquierda debajo de "ONGs de fachada"

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), a partir de 2014 el número de pandilleros muertos en enfrentamientos armados se disparó al menos al triple respecto al año anterior.

A inicios de julio, el director policial aseguró que en los primeros seis meses de este año 318 pandilleros habían muerto en supuestos tiroteos con policías. Ese mismo año se comenzaron a hacer cada vez más notables escenas de estos supuestos enfrentamientos en los que se veían pandilleros con disparos en la cabeza por lo que varios medios de comunicación pusieron en duda la versión oficial.

El 22 de julio del 2015, el periódico digital El Faro publicó el primer caso que documentaba ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía en el marco de las medidas contra las pandillas impulsadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. En este caso, según apunta la investigación, un grupo de agentes del Grupo de Reacción Policial llegó al casco de la finca San Blas en horas de la madrugada del 26 de marzo del mismo año y ejecutaron a ocho jóvenes, entre ellos dos que no eran pandilleros.

Varios meses después, el periódico La Prensa Gráfica reportó un segundo caso de presuntas ejecuciones sumarias cometida el 15 de agosto por policías, esta vez en el cantón Pajales del municipio de Panchimalco.

Casi un año después de la primera publicación, el 26 de abril del 2016, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, emitió un informe en el que confirmó lo dicho por los dos periódicos: la policía cometió ejecuciones extrajudiciales al menos en dos ocasiones y que en ambos casos hubo negligencia en las investigaciones.

Morales también dijo que la Procuraduría ha abierto 30 expedientes de supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad. Hay más de 100 fallecidos ligados a esos 30 casos. (InSight Crime informó que el 8 de julio el fiscal general de El Salvador acusó a siete oficiales de policía que tenían conexión con la masacre de San Blas.)  

El pandillero activista

Romero es un pandillero “calmado” de la MS que se ha dedicado durante los últimos diez años a trabajar en proyectos de prevención de violencia y rehabilitación de pandilleros, así como a documentar casos de violaciones a derechos humanos dentro del sistema penal, en el cual él mismo pagó una condena de 10 años por el delito de homicidio.

Su trabajo como activista ha sido avalado por organizaciones internacionales, incluso ha sido financiado por estas, y su captura supuso la preocupación del mismo embajador del Reino Unido en El Salvador.

La historia de Romero y la organización Opera comenzó a finales de los noventas. Romero se inició en su pandilla a los 16 años de edad. Según él mismo cuenta, se crio en un hogar desintegrado, luego de que su padre abandonara a su madre, a él y a sus dos hermanos para irse huyendo hacia Guatemala. A los 24 años, en 1996, Romero fue condenado por el delito de homicidio en un hecho confuso en el que, según él, estuvo presente de forma circunstancial y no intencionalmente.

Entonces fue cuando conoció el trabajo de Opera, un proyecto de rehabilitación de reos surgido como un experimento académico de la carrera de psicología de la Universidad de El Salvador.

Tras cumplir su condena, en 2006, Romero dice salió “calmado”, no activo en su pandilla, y directo a trabajar con Equipo Nahual, una ONG dirigida por el psicólogo Wilson Alexander Alvarado. Equipo Nahual básicamente era para entonces un equipo de psicólogos que generaban espacios de diálogo en las comunidades para discutir sus preocupaciones sobre seguridad relacionadas con la actividad delictiva de pandillas.

Romero, en breves conversaciones con Factum tras su captura, durante la presentación en tribunales y la audiencia de imposición de medidas, ha dicho que compartió los casos documentados con otras ONGs para que le ayudaran a depurar los casos. El pandillero no se atreve a mencionar cuáles son las ONGs internacionales que lo ayudan, puesto que en febrero del 2016 fue enlistado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que significa que el gobierno estadounidense prohíbe cualquier tipo de cooperación de organizaciones de ese país con Romero.

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OFAC acusó a Romero de ser jefe de una clica de la MS13, de boicotear los esfuerzos del gobierno en el combate a la pandilla, así como de planear homicidios de policías y militares.

En junio de este año, la historia de Romero fue retomada por The Wall Street Journal, que recogió un correo electrónico que el pandillero envió a OFAC para intentar salir de la lista. “No he hecho nada fuera de la ley ni nada que esconder”, escribió Romero.

Pese a la detención y a ser incluido en la lista de OFAC, Romero aún sigue teniendo crédito con las personas que han trabajado a su lado. Todos los consultados para esta investigación, desde académicos, directivos de ONGs, representantes de embajadas dijeron que no se habían equivocado al trabajar con Romero.

La organización británica Statecraft, que trabajó con Romero, se encarga de desarrollar programas de apoyo gubernamental en temas de democracia y gobernabilidad, así como en el área de seguridad, con trabajo para prevención de la violencia de pandillas. La ONG trabaja en El Salvador desde 2011.

La relación entre Romero y Statecraft fue lo que llevó a que el embajador británico en El Salvador, Bernhard Garside, se pronunciara “preocupado” ante la captura de Romero el jueves 28 de julio. “Preocupado que @PNC_SV ha arrestado ex-pandillero que está trabajando con ONG británico para la paz en ES”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. Al ser cuestionado sobre la desvinculación real de Romero con la MS13, el embajador Garside respondió también desde su cuenta: “Si nunca lo dejó [de ser pandillero] estaba viviendo una mentira increíble los últimos ocho años”.

Si bien la embajada británica en El Salvador nunca ha tenido un vínculo directo con Romero, Statecraft sí, y esta ONG es de completa confianza de la embajada y del gobierno británico a tal punto que recibe financiamiento para trabajar temas de prevención de violencia y rehabilitación de reos en varios países del mundo.

Romero, que enfrentó esta semana la audiencia de imposición de medidas, permanecerá detenido los siguientes seis meses. La Fiscalía solicitó que fuera enviado a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. El defensor de Romero, sin embargo, dijo que su cliente sería enviado al penal La Esperanza (Mariona), una versión que al cierre de esta nota no pudo ser comprobada. 

*Este artículo fue publicado originalmente por Factum. Fue editado para su claridad y publicado con permiso pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

*El Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University se encuentra terminando un proyecto de investigación que se extendió por varios años, cuyo propósito ha sido evaluar la capacidad criminal transnacional de la MS13 en Estados Unidos y El Salvador. Encontrará más información aquí. Este proyecto fue apoyado mediante la subvención Nº 2013-R2-CX-0048, del Instituto Nacional de Justicia, Oficina de Programas Judiciales, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en esta publicación son del (de los) autor(es) y no reflejan necesariamente las del Departamento de Justicia.

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