Le damos la bienvenida al informe Game Changers de InSight Crime, donde destacamos las tendencias más importantes del año en el crimen organizado en Latinoamérica y El Caribe. Este año se presentaron algunos acontecimientos que podrían cambiar el panorama en lo que respecta a la corrupción gubernamental, el crimen organizado y la mayor presión para alterar alianzas entre representantes del Estado y los grupos criminales. También hubo movimientos importantes en el mundo del hampa, en particular en lo que respecta a las pandillas callejeras y a la realineación de los grandes emporios criminales.

De México a Brasil y en numerosos países en el medio, servidores públicos fueron sometidos a escrutinio por haber establecido esquemas mafiosos que defraudaron a sus ciudadanos y garantizaron impunidad a funcionarios de gobierno conectados con grupos criminales. En el largo plazo, los resultados del clamor generalizado de una serie de organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organizaciones políticas y grupos cívicos y religiosos diseñados para desestabilizar estas redes criminales aún no es claro, pero lo que sí es evidente es su profundo impacto a corto plazo.

En agosto, renunció el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina. Esto se dio tan solo tres meses después de la dimisión de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos eran acusados de dirigir un colosal fraude aduanero, que durante décadas ha sido el pilar de una red criminal manejada por oficiales del ejército activos y en retiro.

La salida de Pérez y de Baldetti se dio después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, en trabajo conjunto con el Ministerio Público (que cumple las funciones de la Fiscalía General en el país), comenzaran a revelar una serie de casos de corrupción. Estas investigaciones tocaron los más altos peldaños del congreso, así como a proveedores de gobierno, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y algunas alcaldías. Todos ellos habían estructurado redes criminales para malversar fondos de las arcas del gobierno. La protesta pública que siguió estos hallazgos aceleró la salida de una serie de funcionarios de sus puestos.

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En México, el poder y la popularidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se vieron minados en gran medida por el manejo dado a varias crisis de seguridad importantes, algunas de las cuales fueron heredadas del 2014. Dichos eventos incluyen la desaparición y el posible asesinato de 43 estudiantes a manos de un grupo criminal con nexos estrechos con el gobierno y la policía local; la evidente masacre de por lo menos 22 presuntos criminales por parte del ejército mexicano; y la espectacular fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de un penal de máxima seguridad en junio.

Investigadores externos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ridiculizaron a la Procuraduría General de la República por los numerosos baches, inconsistencias y explicaciones improbables sobre lo sucedido con los normalistas. En octubre, la Comisión de Derechos Humanos establecida por el mismo gobierno mexicano confirmó que el ejército sería responsable de la ejecución extrajudicial de por lo menos 15 de los 22 presuntos criminales en la llamada masacre de Tlatlaya. Y en septiembre, el gobierno arrestó a 13 funcionarios, incluyendo a la exdirectoria del sistema penitenciario, por su presunta complicidad en la fuga de Guzmán por un túnel de un kilómetro que iba desde debajo de la ducha de su celda hasta una pequeña granja.

México reportó una baja en los homicidios en algunas partes del país. Otros países también vieron cierto avance este campo, en especial Honduras. Uno de los países sin una guerra declarada con más violencia del mundo, Honduras presentó un descenso en los homicidios por segundo año consecutivo, aun cuando aumentó el número de masacres denunciadas.

El lugar de Honduras lo tomó El Salvador, donde la violencia entre pandillas, grupos de autodefensas y fuerzas de seguridad han convertido al país en una zona de guerra de baja intensidad. En todas las zonas de la región existen cuestionamientos sobre la confiabilidad de los datos usados para generar las estadísticas mencionadas.

Las repercusiones del fracaso de la tregua de pandillas en El Salvador siguieron avivando la discusión sobre la naturaleza de las pandillas callejeras en Latinoamérica y su evolución. Las autoridades señalaron a las pandillas como responsables de varios artefactos explosivos improvisados, pero hay poca evidencia que indique que estos grupos se han sofisticado como para comenzar a usar tácticas de este tipo en forma regular, si es que han recurrido a ellas. Algunas facciones de estas pandillas parecen estar madurando para convertirse en organizaciones criminales más trasnacionales, pero este proceso es lento y aislado.

Entretanto, las "megapandillas" de Venezuela y una nueva generación de grupos criminales en México, en particular el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que llevó a cabo varios ataques violentos contra el Estado, mostró señales de evolución hacia estructuras criminales más sofisticadas y agresivas con capacidad de competir con estructuras criminales tradicionales, como el Cartel de Sinaloa en esos países.

La evolución de las organizaciones criminales en la región estuvo acompañada de un viraje en el narcotráfico y la dinámica política en ciertas zonas. Los grupos criminales se acomodaron a los esfuerzos internacionales y de las fuerzas de seguridad locales para retrasar sus actividades, cambiando las rutas de tráfico de estupefacientes y participando directamente en los procesos electorales.

En los Andes, Colombia presentó pasos importantes en las negociaciones de paz con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto a pesar de algunos retrocesos importantes, como la recuperación de su posición como el principal productor mundial de cocaína. Sin embargo, el gobierno decidió detener la fumigación de los cultivos de coca como parte de su estrategia antidrogas.

El interés público por la guerra contra la droga en Colombia se reavivó después del lanzamiento de la serie "Narcos", en Netflix. Basada en la vida de Pablo Escobar, la serie hizo más reforzando la tradicional narrativa antidroga centrada en Estados Unidos que educando al público general sobre la vida y hazañas de este complejo capo. Este fue uno de varios análisis populares y de tipo documental sobre la dinámica criminal en la región que captaron nuestra atención.

Para terminar, 2015 será recordado como una año de avances importantes en la investigación de los nexos entre las élites y el crimen organizado en la región, en particular en Centroamérica, donde figuras prominentes de los negocios y la política, como Jaime Rosenthal Oliva, fueron imputadas por lavado de dinero. Muchas de estas investigaciones se encuentran aún en sus fases preliminares. Estos sistemas judiciales siguen siendo frágiles y corruptibles, de modo que cualquier análisis de estos acontecimientos sigue siendo parcial y prematuro.

Incluso en Guatemala, donde la CICIG ha marcado el rumbo, es el sistema de justicia nacional el que debe enjuiciar figuras poderosas como el expresidente y la ex vicepresidenta. El año 2016 será una prueba de fuego para esos sistemas de justicia y para la habilidad de la región para erradicar las redes de corrupción y crimen organizado que permean gran parte de los gobiernos de la región.

Gracias por leernos; los invitamos a seguir visitando nuestra página de Internet en 2016 para seguir los reportajes sobre el crimen organizado en la región a medida que se desarrollan.

Steven Dudley y Jeremy McDermott,
fundadores y codirectores de InSight Crime