Las pandillas y las fuerzas de seguridad de El Salvador están enfrentadas en una guerra de baja intensidad

La cruda confrontación entre las pandillas de El Salvador y las fuerzas de seguridad comenzó a mostrar rasgos de un conflicto de baja intensidad en 2016, cuando la MS13 y Barrio 18 se alinearon aún más en contra del gobierno, el cual se empeña en destruirlas mediante una batalla que parece tener los componentes de una guerra, a excepción de una ideología.

Los interminables enfrentamientos en las calles de El Salvador han pasado de ser un conflicto entre pandillas a convertirse en una guerra de las pandillas contra el Estado (y viceversa), en la que cada parte considera a la otra como el principal agresor.

Las pandillas MS13 y Barrio 18 (la cual se dividió en dos facciones: Los Revolucionarios y Los Sureños) que fueron enemigas a muerte desde la década de los noventa, han comenzado a trabajar de manera más coordinada frente a su enemigo común. Ya desde el mes de marzo de 2016 había claros signos de una mayor colaboración entre ellas, pero las consecuencias letales de la organización de las pandillas de una manera más estructurada y políticamente más sofisticada no se hicieron totalmente evidentes sino hasta finales del año.

Este nivel de cooperación entre las pandillas se produjo como resultado de las medidas de seguridad "extraordinarias" que el gobierno empezó a aplicar en abril de 2016 debido a que se estaban presentando niveles de violencia sin precedentes. Dichas medidas fueron diseñadas para evitar que los líderes de las pandillas encarcelados les enviaran mensajes a sus subordinados libres en las calles, restringiéndoles a los presos el acceso a las comunicaciones con el mundo exterior. Al mismo tiempo, el gobierno desplegó una unidad élite de policías y militares para que buscaran pandilleros en entornos urbanos y rurales. Frente a estas presiones de las fuerzas de seguridad, las pandillas decidieron actuar de manera conjunta.

"Este ambiente de rápida evolución llevó a las pandillas a fortalecer sus debilitados canales de comunicación y crear instancias más sistemáticas para coordinar su reacción frente a la presión del gobierno", señaló El Faro en el mes de julio. "Antes de ser trasladados al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, los mandos medios de la pandilla (los máximos líderes estaban ahí desde abril de 2015) llegaron a un nuevo acuerdo entre las organizaciones rivales: era insostenible chocar de frente con las fuerzas del Estado y había que cambiar de estrategia. Eso incluía detener los enfrentamientos callejeros entre ellas".

Pocos días antes de que las medidas extraordinarias entraran en rigor, las tres pandillas anunciaron que habían acordado un pacto de no agresión. Esto tuvo un efecto inmediato sobre la tasa de homicidios a nivel nacional, que pasó de 23 asesinatos diarios a 9, y el nivel más bajo se presentó el 28 de marzo con sólo cuatro homicidios.

Dicho acuerdo fue un intento de las pandillas por apaciguar al gobierno y evitar que implementara las nuevas medidas de seguridad. Pero su estrategia no les funcionó. Las autoridades continuaron con las políticas represivas, alegando que éstas —y no el pacto entre las pandillas— eran la causa de la enorme disminución en los homicidios.

 

Lo irónico de esta situación se relaciona con otro viejo conflicto.

 

Lo irónico de esta situación se relaciona con otro viejo conflicto: en la década de los ochenta, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) emprendió una sangrienta rebelión contra el represivo gobierno derechista de entonces. Actualmente, el FMLN es el partido gobernante y está adelantando una guerra sin cuartel contra quienes desafían la autoridad del Estado. Por su parte, las pandillas son representantes de las carencias sociales, políticas y económicas de El Salvador, pero no tienen ninguna ideología política coherente y existen casi exclusivamente para satisfacer los caprichos de sus líderes.

Si bien los líderes de las pandillas no pudieron influir sobre el gobierno, demostraron un nivel de coordinación y habilidad política que no existía antes de la polémica tregua entre las pandillas en 2012. Durante la tregua, el gobierno facilitó los contactos entre las pandillas para que pudieran cooperar en la reducción de la tasa de homicidios a nivel nacional. En 2016, sin embargo, las pandillas comenzaron a utilizar estos contactos como un medio para conspirar contra el gobierno, que ahora quería aplastarlas militarmente.

"Durante la tregua, el gobierno anterior estimuló la relación entre estas organizaciones", señaló El Faro en el mes de julio. "Y el actual gobierno también está estimulando el acercamiento entre estos grupos, aunque con mecanismos muy distintos: ‘A mí la MS no me está invitando a una guerra ahora’, dice un vocero de Los Sureños; 'a mí quien me invita a una guerra ahora es el gobierno'".

La abstracta "invitación" a la guerra pareció hacerse concreta en el mes noviembre, cuando los informes de inteligencia de la policía advirtieron que los líderes de la MS13 y las dos facciones de Barrio 18 acordaron librar una "intensa guerra contra el sistema”.

Los líderes decidieron que durante los últimos meses de 2016 se centrarían en cometer atentados y asesinatos que tuvieran un "mayor impacto social", según informó La Prensa Gráfica. Al parecer, ello incluía ataques contra la policía, el ejército, funcionarios de las prisiones, alcaldes, diputados, fiscales y jueces.

Aunque no ha habido ejemplos concretos de que las tres pandillas se hayan unido para atacar a las fuerzas de seguridad, sí hay evidencias de que la MS13 ha intensificado sus ataques coordinados. Una vez quedó claro que el pacto de no agresión no logró disuadir al gobierno de aplicar las medidas extraordinarias, la MS13 supuestamente planeó crear una unidad élite de 500 pandilleros que se desplegarían para atacar sistemáticamente a las instituciones públicas y privadas, especialmente a las fuerzas de seguridad.

El "Plan A" logró inicialmente reducir los niveles de violencia en el país, pero al parecer no afectó la intención del gobierno de tomar medidas drásticas contra los líderes de las pandillas encarcelados. El Diario de Hoy informó que los líderes de la MS13 también habían preparado un "Plan B" que al parecer consistía en crear un fondo común de las ganancias ilícitas que obtenían mensualmente. Según una acusación del gobierno, este fondo llegó a tener US$600.800 y estaba dirigido a la creación de la unidad especial de 500 hombres. Este dinero también estaba destinado a entrenamientos y a la adquisición de equipos de grado militar, como armas de alto poder, pistolas y explosivos.

Poco después de aparecer dicho informe, ocho policías y tres soldados murieron en un lapso de diez días. La MS13 fue culpada directamente de estos ataques, y las autoridades expresaron su preocupación por la pesada carga psicológica que la constante guerra significaba para la policía nacional.

 

"Estamos realmente preocupados”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez. “Estos ataques los están haciendo para amedrentar y bajar la moral de la policía".

 

De hecho, más de cien oficiales renunciaron en sólo los primeros seis meses del año; algunos de ellos solicitaron asilo en Estados Unidos o Canadá, y otros engrosaron las filas de migrantes indocumentados que se dirigen hacia el norte.

Un investigador de la policía, identificado como Carlos S., le dijo a La Prensa Gráfica que temía ser blanco de los pandilleros después de que uno de sus compañeros había sido asesinado frente a sus hijos.

Sin embargo, las pandillas son las que han sufrido las mayores consecuencias de esta violencia. Aproximadamente 575 pandilleros murieron en tiroteos entre la policía y las pandillas en 2016 —una cantidad tan grande y desproporcionada, que se sospecha que muchos de estos supuestos "enfrentamientos" son en realidad ejecuciones extrajudiciales—.

Es más, los rumores de que existen escuadrones de la muerte contra las pandillas, así como de la participación de la policía en dichos escuadrones, se han hecho cada vez más fuertes, y es difícil ignorarlos. El pasado mes mayo, seis agentes de la policía estuvieron implicados en una red de asesinatos a sueldo, a cuyos miembros se les pagaba entre US$100 y $1000 para que asesinaran a presuntos pandilleros. En el mes de noviembre, Al Jazeera realizó una investigación sobre un escuadrón de la muerte que se cree es el responsable del asesinato de unos 40 pandilleros. Veinte policías están siendo investigados por sus vínculos con "Los Exterminio."

No hay duda de que las pandillas y las fuerzas de seguridad de El Salvador han sido siempre extremadamente hostiles entre sí. Pero los enfrentamientos entre las pandillas y la policía en el país tomaron un rumbo mucho más dramático en 2016. La creciente coordinación entre las pandillas y su decisión de usar la violencia para obtener concesiones del gobierno plantean la posibilidad de una campaña aún más sistemática contra las fuerzas de seguridad en el futuro cercano.

A su vez, la policía está ejerciendo mucho menos control sobre los pandilleros, y algunos agentes están aparentemente participando en los escuadrones de la muerte. Todo parece indicar que en el 2017 habrá una confrontación más violenta y despiadada, que sin duda incluirá más cambios tácticos y luchas territoriales, aunque con muy poco de la ideología que identificó a la guerra anterior.