La activista comunitaria y ciudadana estadounidense, Nestora Salgado, se sienta en una prisión federal mexicana, atrapada por la ofensiva del gobierno en contra del movimiento de las autodefensas armadas que barre el sur de la costa pacífica del país.
El 21 de agosto, infantes de marina y la policía estatal arrestaron a la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, un pueblo artesanal y ganadero incrustado profundamente en las montañas del estado de Guerrero. Ella está acusada de secuestro en relación con las detenciones por parte de sus oficiales voluntarios de cuatro adolescentes locales acusadas de vender drogas, y de un político local que, según afirman, robó una vaca de un granjero asesinado.
De ser declarada culpable, Salgado, de 41 años de edad y madre de tres hijos, podría pasar décadas en la cárcel.
Tanto sus críticos como sus partidarios dicen que la antigua residente de Seattle tuvo problemas con las autoridades estatales y federales, preocupadas porque el movimiento de autodefensa estaba saliéndose de control y desafiando políticamente a los poderes fácticos.
“Lo que yo no puedo permitir como gobernador es que se sigan dando este tipo de prácticas. (…) Si no vamos a vivir en la ley de la selva”, dijo el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre en entrevista a una radio de la ciudad de México a principios de este mes, en referencia a Salgado y el movimiento de la policía comunitaria en general.
La red de policía comunitaria de Guerrero, llamada la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria), se creó hace dos décadas en algunas partes de las montañas caficultoras del estado, en reemplazo a las ineficaces fuerzas de seguridad, empleando un sistema de arrestos y castigos sobre la base de costumbres indígenas.
La CRAC fue engendrada por una, particularmente, mala racha de anarquía en la región, así como el movimiento de derechos de los indígenas mexicanos encabezado por la rebelión zapatista en el estado de Chiapas.
Aguirre, actual gobernador de Guerrero, se convirtió en líder de la policía comunitaria después de ser nombrado gobernador interino en 1995, tras la masacre de 17 campesinos activistas por la policía estatal. Favorecida por el patrocinio del gobierno, la CRAC trajo cierta estabilidad a la tumultuosa región conocida como La Montaña, la cual se ubica a lo largo de las fronteras montañosas con los estados de Puebla y Oaxaca, y la costa cercana.
Hace ocho años, bajo la dirección de los abogados de Tlachinollan, un grupo de derechos humanos con sede en la región, la CRAC creó Casas de Justicia a través de las cuales las personas detenidas por la policía de la CRAC podrían ser juzgadas y castigadas por infracciones menores.
“Es rápido, eficiente y muy sofisticado”, dijo Vidulfo Rosales, uno de los abogados de Tlachinollan. “Se trata de un sistema paralelo a través del cual viven, y han vivido por durante años, las comunidades indígenas”.
Pero el liderazgo de la CRAC se fragmentó hace varios años, con un número de sus filiales locales incorporándose a un movimiento rival: la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), dirigida por los hermanos Bruno y Cirilo Plácido Valerio.
Ante la escalada de homicidios, secuestros y extorsiones por parte de las pandillas, en enero pasado la UPOEG se apartó de las protestas en contra de las altas tarifas de electricidad y las escuelas pobres para armar su propia policía comunitaria.
Presuntos delincuentes, desde ladrones de ganado y borrachos comunes hasta vendedores de marihuana y homicidas, fueron detenidos en un puñado de comunidades. 70 de los acusados fueron juzgados en un pueblo cerca de la ciudad de Ayutla a finales de enero. Bajo la presión del gobierno, todos los acusados fueron posteriormente puestos en libertad o entregados a los fiscales estatales.
Salgado y los otros activistas de Olinalá formaron su policía comunitaria durante esta ola criminal y en medio del rencoroso tira y afloje entre la CRAC y la UPOEG.
Atormentados por una facción de la banda de los Rojos, un poderoso remanente local de la Organización criminal de los Beltrán Leyva, diezmada en 2009, muchos de los 10.000 ciudadanos de Olinalá se rebelaron a finales del pasado octubre, tras el secuestro y posterior asesinato de un taxista.
Una turba armada cayó sobre la casa de seguridad de los mafiosos en uno de los mejores barrios de la ciudad, obligándolos a empacar sus maletas e irse sin disparar un solo tiro. Salgado, en una de sus frecuentes visitas a casa, luego de obtener la ciudadanía estadounidense hace seis años, se vio envuelta en la furia. Al volante de un coche de la policía de la ciudad, cruzó las calles de Olinalá llamando a los vecinos a unirse a la rebelión.
Testigos recuerdan su vocación: “¡Deje el miedo en sus casas! ¡Salga a defender a su pueblo!”.
Miles de residentes respondieron. El antiguo jefe de policía de Olinalá, acusado de connivencia con los mafiosos, fue expulsado de la ciudad también. Centinelas voluntarios ligeramente armados fueron ubicados durante todo el día en todas las entradas de la carretera a la ciudad, vigilando contra el amenazante retorno de los Rojos.
Destacamentos del ejército y la marina llegaron poco después, en respuesta a una petición formulada por algunos de los líderes de la insurrección, y restauraron el orden. Pero Salgado y otros activistas procedieron con planes para conformar la policía comunitaria, y en la primavera fue elegida comandante de la fuerza de 156 miembros.
Bajo Salgado, la policía comunitaria de Olinalá rechazó afiliarse con una rama moderada de la CRAC en un pueblo cercano, para unirse a una más radical cerca de Ayutla, a ocho horas de distancia en carro. Las adolescentes acusadas de narcotráfico y el funcionario local que robó una vaca fueron enviados a la Casa de Justicia del movimiento de Ayutla para su juicio y posterior castigo, lo que desató el propio encarcelamiento de Salgado.
Aguirre dice ahora que había encarcelado de mala gana a Salgado porque excedió su autoridad bajo las regulaciones del movimiento de policía comunitaria.
“No pueden ir armados de un pueblo a otro”, dijo Aguirre en la entrevista de radio. “No pueden detener en delitos mayores. Cuando los detengan, lo que deben de hacer es entregarlos de inmediato a la autoridad correspondiente”.
“La invitamos a través del secretario general del gobierno, de que entregara a las personas que se encontraban detenidas (…)”, dijo el gobernador. “Se negó a hacerlo”.
Pero Rosales argumenta que la detención de Salgado fue motivada políticamente, que su único delito fue ignorar las corrientes políticas traicioneras, y con frecuencia mortales, de su país.
“Lo que no estaba mal, pero hizo malos cálculos políticos”, dijo Rosales, el abogado de Tlachinollan que lidera la defensa de Salgado. “Debido a su tiempo fuera de México no tenía… un entendimiento político de las cosas en nuestro estado, de la cantidad de poder que estas personas tienen y cuál sería su reacción”.
Análisis de InSight Crime
La rebelión no parece más que un ligero rasguño de la superficie en las montañas del sur de México, por lo que la rápida propagación de la policía comunitaria y los movimientos de autodefensas, sobre todo en Guerrero y los estados vecinos de Michoacán y Oaxaca, han sacudido a las autoridades mexicanas en todos los niveles.
La composición, objetivos y poder de fuego de las fuerzas de autodefensa varían mucho de una ciudad a otra. Al igual que en el enfrentamiento de Olinalá con los Rojos, muchos han sido simplemente la respuesta de los ciudadanos a la conducta violenta de mafiosos y la inacción del gobierno.
Pero, las autodefensas en su conjunto representan riesgos políticos y de seguridad evidentes en esta área del “México salvaje”, que con demasiada frecuencia ha engendrado a la insurrección.
El encarcelamiento de Salgado se produjo poco después de la detención por parte del ejército de más de 40 miembros de las autodefensas bien armadas en Aquila, la ciudad minera y ganadera de Michoacán, a cientos de kilómetros hacia el noroccidente. Mientras que algunos han acusado a las autodefensas de Aquila de trabajar para los mafiosos, parecen ser más actores de un conflicto político interno sobre las regalías de una mina operada por Ternium, un fabricante de acero ítalo-argentino.
Los funcionarios mexicanos tomarán medidas contra “los que no entienden que no pueden violar la ley y no pueden hacer justicia por sus propias manos”, dijo el secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, en referencia a las autodefensas de Aquila el día en que Salgado fue detenida. “No vamos a permitir la impunidad”.
La Sierra Madre del Sur de Guerrero fue la cuna de las revueltas tanto contra los amos coloniales españoles como contra los dictadores después de la independencia. En los años setenta, dos movimientos guerrilleros de izquierda en la región fueron reprimidos con ofensivas militares brutales.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), surgió a las afueras de Acapulco en 1996. Las tropas masacraron a 11 líderes comunitarios que se habían reunido en una escuela cerca de Ayutla en 1997 para enfrentarse con combatientes de un grupo escindido del EPR.
Así que las autoridades estatales y federales han comenzado a poner límites. Las autoridades están particularmente preocupadas por las milicias más radicales, como con las que Salgado y sus colegas se aliaron.
“Estos grupos actúan como anarquistas, se consideran a sí mismos la ley”, dijo Juan Rendón, un comerciante de Olinalá que fue de los primeros líderes del movimiento, pero que rápidamente se volvió en su contra. “Nos estaban llevando a un conflicto armado”.
En una entrevista grabada con un medio de comunicación de Guerrero, subida a YouTube poco antes de su detención (ver video más abajo), Salgado abogó por la continuidad y una lucha más dura contra los bandidos y los funcionarios por igual.
“Estamos en el pueblo solamente tratando de dar seguridad”, dijo. “Es un pueblo que se organizó y que no lo van a quitar. Yo no le tengo miedo a los sicarios, o los que se les dice por ahi… sicarios, o a la delincuencia organizada. Ahora le tengo miedo al gobierno”.