Soldados mexicanos en una caravana

Esta semana se cumplen diez años desde que el gobierno de México se embarcara en una campaña militarizada contra las organizaciones criminales del país, pero aunque muchos jefes criminales han sido capturados o dados de baja, una década de confrontaciones no ha logrado traer una mejora sustancial a la situación de seguridad del país.

El 11 de diciembre de 2006, días después de su posesión, el entonces presidente de México Felipe Calderón anunció que su administración desplegaría miles de tropas federales para combatir el crimen organizado en su estado natal de Michoacán.

El secretario de gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña dijo en ese momento que "la batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo".

Diez años después, Michoacán sigue siendo uno de los estados más violentos de México.

Los grupos de vigilantes —que por largo tiempo han planteado un dilema para las autoridades locales— siguen operando en la zona. Se sospecha que varios de esos grupos participan en actividades criminales, en lugar de combatirlas.

Y pese a la reciente captura de varios importantes jefes, la organización criminal dominante en el lugar, los Caballeros Templarios, parece tan dispuesta como siempre a enfrentarse directamente con las autoridades, como el presunto abatimiento de un helicóptero del gobierno durante un operativo de seguridad el pasado septiembre.

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En muchas formas, Michoacán es un microcosmos del problema mayor, pues los altos índices de violencia persisten en el territorio nacional, incluso en áreas en las que el gobierno ha gastado millones en seguridad. Los meses de agosto y septiembre fueron los más sangrientos de los últimos 20 años en México, cifra de la que se estima el crimen organizado representa cerca del 60 por ciento de los más de 15.000 homicidios registrados hasta la fecha en 2016.

La violencia asociada con el crimen organizado no es la única que crece, sino que también parece estar expandiéndose a áreas de México que no habían visto altos índices de actividad criminal en el pasado. El estado de Colima, que limita con Michoacán hacia el norte, puede ser el ejemplo más extremo de esa tendencia. Los homicidios allí se dispararon hasta en 900 por ciento este año en comparación con 2015.

Este retroceso en las modestas ganancias en seguridad de los últimos años no ha pasado desapercibida por el público mexicano. Una encuesta reciente mostró que las percepciones de seguridad de los ciudadanos están empeorando, y más de siete de cada diez encuestados cree que la actual estrategia del gobierno resta seguridad al país.

Pese a esto, el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto ha seguido dependiendo de las fuerzas armadas para cumplir las funciones de seguridad interna, en particular en zonas con altos índices de violencia, como Michoacán. Y representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, propusieron en días anteriores una legislación que ampliaría el rol de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas.

Análisis de InSight Crime

Existen buenas razones para que el gobierno mexicano optara por una estrategia militarizada en la lucha contra las organizaciones criminales. Una de las más importantes es la marcada falta de confianza que la mayoría de los ciudadanos mexicanos tienen hacia la policía civil. Esa desconfianza no necesariamente es inmerecida. Informes recientes han hallado que miles de agentes de policía mexicanos no son aptos para el servicio y sin embargo siguen en las calles. Entre tanto, casos emblemáticos en los que participaron policías corruptos le ha dado un mayor carácter de urgencia a la reforma policial, pero el avance sigue siendo penosamente lento.

En contraste, hay amplio consenso en cuanto a que el ejército es una fuerza de combate efectiva para derrotar al crimen organizado. Por su arrollador tamaño y su presencia física, los resultados por lo general son inmediatos, aunque insostenibles. Tiene altos índices de favorabilidad y se considera menos corrupta que sus homólogos de la policía. En la cúspide de la lucha de Calderón contra el crimen organizado, por ejemplo, el ejército mexicano solo quedó detrás de los de Estados Unidos y Canadá en términos de confianza, según el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt (pdf). Esto es especialmente cierto para la Marina, el cuerpo responsable de la captura y muerte de algunos de los principales capos del país.

Sin embargo, la militarización de la seguridad pública ha sumido a México en lo que parece una espiral interminable de violencia. El ejército se ocupa de la confrontación y del control del espacio físico, algo que intensifica el conflicto en lugar de calmarlo a largo plazo. Si a esto se le suma el historial de graves abusos contra los derechos humanos, se tiene una receta para el contragolpe, en especial en las zonas más pobres y marginadas, adonde se han enviado destacamentos militares.

Más aún, el uso del ejército ha generado dependencia. El ejército se ha convertido, simplemente, en una muleta para llenar cualquier vacío de seguridad. Esto se empeora con el hecho de que los estados estarán felices en delegar esta tarea, pues  además del alto costo económico, trae consigo un alto costo político y social para los políticos locales.

Además, la militarización de México también ha sido criticada desde una perspectiva práctica. Al contrario de la policía, los soldados no suelen estar entrenados para realizar investigaciones complejas de los grupos criminales, que pudieran ayudar a los fiscales a abrir proceso que desmantelen esas organizaciones. El envío de ejército a zonas muy golpeadas por la violencia criminal puede conllevar una reducción temporal de la violencia, pero muchas veces esta estrategia simplemente empuja a los grupos criminales a otras zonas con menos presencia de las fuerzas de seguridad. Y en últimas, no hace nada para aliviar los problemas a largo plazo relacionados con las instituciones que garantizan el estado de derecho, a saber, el sistema judicial, las penitenciarías y la Procuraduría General de la República.

Esta dinámica ha sido reconocida incluso por altos mandos militares, como el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien dirige la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A comienzos de este año, Cienfuegos afirmó, "Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución, nos preparamos para hacer funciones de policía, no lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función".

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Aunque otros funcionarios del gobierno han expresado su apoyo para que se reduzca el rol militar en la seguridad pública, es poco probable que ese cambio se dé en el futuro cercano. Los recientes esfuerzos de reforma judicial y policial han sido muy lentos y han enfrentado numerosos contratiempos, y el respaldo público para la militarización en épocas de violencia en aumento puede hacer de la desmilitarización de la seguridad pública una propuesta poco atractiva en términos políticos.

Sin embargo, el historial de los últimos diez años señala que acabar con la actual estrategia de militarización tendrá resultados igual de mediocres. Tomar las decisiones políticamente difíciles de reformar y reforzar las instituciones civiles puede ser la mejor esperanza de México para hacer un avance a largo plazo en la lucha contra el crimen organizado. Pero hasta que los políticos no den ese salto, México parece destinado a mantener el horrible status quo entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.