Autoridades nicaragüenses siguen refutando los motivos políticos de los actores armados en las montañosas tierras del norte del país, pese al reciente asesinato de dos activistas del gobierno. No obstante, los métodos empleados para enfrentarlos sugieren que son mucho más que simples delincuentes comunes.
El 13 de octubre, Trinidad Cano Torres, ex oficial del ejército y activista del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, conocidos como los “Sandinistas”), fue asesinado en su finca cerca de Wiwilí, en el departamento de Jinotega al norte del país. Menos de dos semanas antes, José Cruz López, líder de los Sandinistas en una pequeña comunidad a poco más de 56km (35 millas) de distancia, fue asesinado de forma similar -baleado por un grupo de hombres con uniforme militar-.
Si bien los informes iniciales no identificaron quién se encontraba detrás de la muerte de Cruz, la de Cano inmediatamente fue vinculada a un grupo armado que opera en la región bajo la dirección de Gerardo de Jesús Gutiérrez, alias “El Flaco”.
Desde una confrontación mortal con las fuerzas de seguridad en julio, el grupo de El Flaco ha atraído cada vez más atención. Una serie de choques han sacudido a la región y han dejado a al menos ocho personas muertas, llevando a importantes líderes comunitarios, activistas de Derechos Humanos y representantes de la Iglesia Católica a hacer un llamado por el fin del derramamiento de sangre.
Con información de que ha estado activo dentro de los “Contras” -una insurgencia guerrillera que combatió a los Sandinistas durante su primer período en el poder en los años ochenta- El Flaco afirma liderar uno de los varios grupos que se han rearmado en todos los departamentos del norte y en las regiones autónomas del Atlántico para oponerse a lo que ellos perciben como el paso del gobierno hacia la tiranía.
Mientras que las autoridades nicaragüenses continúan etiquetando a los grupos de “delincuentes” involucrados en el secuestro, el narcotráfico, el robo de ganado y el robo; los guerrilleros citan la reforma de 2009 de la Constitución, que permitió al presidente Daniel Ortega gobiernar un segundo mandato, como emblema de las tendencias autoritarias de Ortega. Entre otras quejas están el fraude electoral local y la represión en el campo.
Jinotega es una región agrícola montañosa que ha sido un fortín tradicional para las rebeliones armadas, incluida la de Augusto Cesar Sandino -de quien los sandinistas toman su nombre- quien luchó una guerra de guerrillas contra la ocupación de Estados Unidos durante los años veinte y treinta. En la región ha persistido durante décadas una hostilidad significativa hacia los sandinistas, mientras que los líderes locales de la principal oposición política del país, el Partido Liberal Independiente (PLI), ha expresado su simpatía por la causa de los guerrilleros.
Mientras que estimaciones sobre el número de Contras rearmados han variado de docenas a cientos, e incluso miles, comúnmente se cree que actúan en pequeños grupos, y generalmente se cree que El Flaco opera con un grupo de no más de 20 -a pesar de que su séquito armado podría ser más numeroso-.
Según el analista de seguridad James Bosworth, “Estos grupos han sido muy pequeños y el gobierno de Ortega ha trabajado con rapidez para eliminar las amenazas, aunque afirmando que son delincuentes y que no tienen motivos políticos”.
Pese a este rechazo oficial de la naturaleza política de los grupos, las fuerzas de seguridad nicaragüenses han empleado feroces tácticas militares en lo que ha sido descrito por el periodista Tim Rogers, ubicado en Nicaragua, como “una guerra silenciosa que el gobierno niega que está sucediendo”.
Una serie de exContras que declararon haberse rearmados, han muerto en circunstancias misteriosas, mientras que los escuadrones élite militares han sido utilizados para localizar a los hombres que luego son pintados como nada más que matones borrachos. La forma sistemática de los asesinatos ha visto tácticas militares descritas como “una cacería”, en medio de las denuncias de la población local y los activistas de Derechos Humanos sobre hostigamiento, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad.
Como dijo Tim Rogers a InSight Crime, tales tácticas han dado lugar a un “ciclo de represión estatal, persecución y rearme”, el cual podría decirse que agrava el problema y refuerza el apoyo a grupos armados como el de El Flaco.
Análisis de InSight Crime
Aunque el FSLN es claramente un partido democrático de izquierda, originalmente llegó al poder en 1979 como un movimiento revolucionario de tendencia socialista tras el derrocamiento del tirano Anastasio Somoza Debayle, amigo de Estados Unidos. A lo largo de los años ochenta, las guerrillas contrarrevolucionarias, fuertemente financiadas por Estados Unidos y radicadas en Honduras y Costa Rica, utilizaron tácticas guerrilleras para hostigar la infraestructura, los servicios y a las personas de las regiones fronterizas con el objetivo de ejercer presión sobre los Sandinistas, posiblemente, catalizando su derrota electoral en 1990.
Los Contras eran una colección dispar de grupos insurgentes, con el frente sur establecido por el desencantado héroe Sandinista: Edén Pastora. En el norte, los antiguos miembros de la Guardia Nacional de Somoza engrosaron las filas de los Contras, y también se les unieron los indios Miskito y los antiguos aliados revolucionarios de los Sandinistas como las MILPAS (Milicias Populares Antisomocistas, que se convirtieron en las Milicias Populares Antisandinistas), que tenían orígenes políticos marxistas.
Ninguna de las fuentes consultadas por InSight Crime pudieron confirmar el origen histórico de El Flaco, o de cualquiera de los otros destacados líderes guerrilleros que se han levantado en los últimos años, pero lo que parece claro es la veracidad de las convicciones políticas que defienden.
No obstante, las convicciones políticas en sí mismas no niegan la posibilidad de la actividad criminal. Como dijo el analista de seguridad Roberto Orozco a InSight Crime, la transición de los grupos del uso de escopetas y rifles de caza, al armamento de grado militar sugiere “un tipo de tráfico ilegal de armas que no se había visto en Nicaragua desde hace más de dos décadas”.
Los lazos entre los Contras que operan en los años ochenta y el tráfico de cocaína son bien conocidos ahora y es posible que estos nuevos grupos también estén involucrados en algún grado. Como señala Orozco, “los puntos geográficos de las operaciones de estos grupos armados son áreas donde el crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, tiene una gran presencia y control”.
Según Orozco, “el narcotráfico mueve recursos suficientes para cooptar a estos grupos armados. Se teme que el narcotráfico pueda estar suministrando esas armas, pero hasta el momento es sólo un temor”.
Mientras que la conexión entre los Contras rearmados y los narcotraficantes sigue siendo especulativa, la necesidad de fondos para continuar con su lucha podría juntarlos en el futuro, si no lo ha hecho. Como Bosworth dijo a InSight Crime, “una de las amenazas a largo plazo es que estos grupos acudan al tráfico de drogas como una manera fácil de financiar sus operaciones”.
En cualquier caso, lo que está siendo presentado como una molestia criminal podría convertirse rápidamente en una amenaza significativa para la seguridad, a medida que las tácticas de mano dura del gobierno atrincheran la rebelión y la empujan hacia la esfera del crimen organizado.