Podría decirse que los recientes arrestos de Servando “La Tuta” Gómez y Omar “Z42” Treviño fueron el punto culminante de la estrategia de México para hacer capturas importantes. Sin embargo, el verdadero trabajo de la maquinaria de seguridad mexicana apenas comienza, y consiste en eliminar lo que motiva a los capos de la droga a ser violentos.
Las detenciones de Servando “La Tuta” Gómez y Omar “Z42” Treviño fueron consideradas un golpe mortal para las organizaciones que lideraban: los Caballeros Templarios y Los Zetas, respectivamente. Ello podría significar el final de la importancia de ambos grupos a nivel nacional. La dirigencia de los dos grupos ha sido golpeada por capturas y muertes durante muchos años, lo que limita las opciones de sucesión en ambos grupos, particularmente en los Caballeros Templarios, que parecen haber dependido en gran medida del liderazgo de Gómez.
Ninguna de las organizaciones cuenta claramente con un sucesor cuyas capacidades puedan compararse con las de los anteriores, y ambas organizaciones operan en regiones muy disputadas, donde sus rivales buscarán sacar provecho de cualquier posible debilidad tanto de los Caballeros como de Los Zetas. Esta dinámica podría provocar olas de violencia en estados como Michoacán y Guerrero, en el caso de los Caballeros Templarios, y Nuevo León y Tamaulipas en cuanto a Los Zetas.
Gómez y Treviño hacen parte de una larga lista de grandes figuras del crimen organizado mexicano que se encuentran tras las rejas o muertos: Joaquín “El Chapo” Guzmán, Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel, Miguel Ángel Treviño (hermano de Omar), Heriberto Lazcano, Nazario Moreno González y muchos más.
Con algunas claras excepciones, la joven generación de líderes criminales que reemplazarán a estos hombres no es de la talla de los mencionados en la lista anterior. Esta es una gran oportunidad para los responsables de formular políticas en México.
Análisis de InSight Crime
Uno de los factores determinantes del crimen organizado mexicano es que ha sido liderado por fugitivos. Todos los hombres que han sido capturados estaban huyendo desde mucho tiempo atrás. No tenían una acusación del gobierno mexicano pendiendo sobre sus cabezas, pero para figuras como La Tuta o El Chapo, su prontuario era lo suficientemente grande como para suponer que, una vez arrestados, entablar un caso legal era sólo una formalidad.
Aunque esta situación se considera normal en México, no es la única manera en la que un gobierno lucha contra el crimen organizado. En Estados Unidos, los cabecillas del crimen organizado operan típicamente con perfiles mucho más bajos, y las intensas persecuciones de narcotraficantes fugitivos son muy raras. (Y, a diferencia de sus contrapartes mexicanas, los jefes del crimen en Estados Unidos que logran evadir las largas persecuciones suelen abandonar sus actividades criminales). Por lo general, lo que determina el arresto de un cabecilla criminal en Estados Unidos no es el hecho de que las autoridades puedan encontrarlo, como en México, sino más bien que puedan reunir suficientes pruebas para acusarlo y lograr condenarlo.
Aunque esta diferencia puede parecer insignificante, cada uno de estos dos modelos crea una estructura de incentivos radicalmente diferente para los jefes criminales. Un cabecilla en Estados Unidos —o en otros países donde es poco común que los capos de la droga estén fugitivos— intenta vivir como un miembro de su comunidad, mantener un perfil bajo y evitar las provocaciones, las cuales le darían al gobierno más evidencias para entablar un caso judicial en su contra. Este no es el caso en México, donde los jefes del crimen no tienen los mismos incentivos para bajar la cabeza y reducir la violencia. Finalmente, su principal motivación es evitar ser atrapados, no evitar cometer atrocidades que pueden convertirse en un fuerte cuerpo de evidencia en su contra en un tribunal mexicano.
Por ejemplo, capos de la droga como Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, uno de los cuales fue asesinado en 2012 y el otro capturado en 2013, habían sido considerados altas prioridades de la seguridad pública mexicana mucho antes de su caída. Por entonces, su supervivencia dependía básicamente de su capacidad de evitar ser detectados, y tenían pocos motivos para evitar la violencia. No por casualidad, después de ser denominados como los principales enemigos públicos de México, Los Zetas fueron responsables de algunos de los más atroces e infames actos de violencia en el país. Aunque Guzmán no era reconocido por cometer insensibles actos de derramamiento de sangre, su grupo sí fue responsable de una serie de maniobras estratégicas altamente agresivas que causaron miles de muertes.
Unidos, todos los jefes criminales que han sido famosos son, o bien figuras históricas como Meyer Lansky o John Gotti, o personajes de ficción como Tony Soprano o Gus Fring. Eso no quiere decir que en Estados Unidos no existan poderosos jefes del crimen organizado; claramente los hay, pero en su vida real no buscan protagonismo (como Johnnie “Big Cat” Williams, fallecido líder de la pandilla Black Kings, de Chicago, reseñado en la obra “Off The Books”). Llevan su negocio de la manera más discreta posible, especialmente buscando limitar la violencia innecesaria.
Esto ocurre, por supuesto, porque hace parte de sus intereses. Y una de las razones por las que lo mantienen dentro de sus intereses es porque un capo en Estados Unidos tiene altas probabilidades de permanecer fuera de la cárcel si evita el tipo de agresiones que les dan razones a los detectives y fiscales para adelantar sus investigaciones. Esa actitud, que permite explicar por qué Big Cat fue mucho más pacífico de lo que se esperaría que fuera cualquier cabecilla de Los Zetas, es inseparable del hecho de que no era un fugitivo. En México, el incentivo imperante para los cabecillas del crimen fugitivos consiste sólo en evitar la captura en lugar de evitar la violencia que podría conducir a una acusación y una sentencia en un tribunal de justicia.
La captura de los capos que desataron una ola de violencia prácticamente sin precedentes durante la presidencia de Felipe Calderón ofrece una extraordinaria oportunidad para México. Está surgiendo un nuevo tipo de líderes criminales que sustituirán a Guzmán, Gómez y muchos otros capos que han sido capturados o asesinados en la última década. Si México logra cambiar este modelo de “narcotraficante fugitivo”, y si logra que los narcotraficantes tengan un genuino interés en evitar la violencia, entonces el hampa del país tenderá a modos más pacíficos de actuar.
Por desgracia, no está claro hasta qué punto las políticas gubernamentales pueden influenciar este cambio. Organizaciones como Los Zetas y los Caballeros Templarios tuvieron diversas razones para emplear tácticas extremadamente violentas, que iban desde intimidar a sus rivales hasta romper la cadena de mando de la organización. Muchos de estos factores no están influenciados por las políticas gubernamentales.
Pero eso no significa que los encargados de formular políticas no cuenten con herramientas. Pueden utilizar canales informales para comunicar cambios de filosofía, como que los criminales reconocidos no serán detenidos hasta que exista amplia evidencia de su culpabilidad. Pueden exigir más rigor y, si es necesario, moderación de sus fiscales y agentes de seguridad, quienes han sido testigos de que varios casos prominentes se desmoronan tras las detenciones. Cuando se refieren públicamente a sus blancos criminales (como los comentarios de los funcionarios sobre la persecución a Fausto Isidro Meza Flores) pueden incluir referencias a la base legal del estado jurídico de sus acusados.
Ninguno de estos cambios conllevará soluciones instantáneas, y cambiar el paradigma en la manera como México va tras sus capos de la droga será inevitablemente una empresa gigantesca. Sin embargo, México se encuentra en un momento ideal para iniciar este esfuerzo.