Un informante colombiano, quien aparentemente jugó un papel clave en la operación para pasar un par de botas ortopédicas que llevarían a la muerte de un comandante guerrillero, ahora se queja de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aún le debe unos US$5 millones como recompensa.
El informante dijo a la revista Semana que jugó un papel decisivo en la operación policial que mató a Víctor Julio Suárez, alias el “Mono Jojoy“, comandante del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Mono Jojoy es conocido por incitar a los guerrilleros a participar más activamente en secuestros masivos de civiles y operaciones militares agresivas, antes de morir en un ataque aéreo en septiembre de 2010.
El informante vendía medicamentos y otros suministros a la facción de las FARC al mando del Mono Jojoy, en los Llanos Orientales de Colombia. Era responsable de conseguir la medicina para la diabetes del Mono Jojoy, después de que el comandante guerrillero se enfermara ya en sus últimos años, y, más importante aún para los oficiales de la fuerza pública, sus zapatos.
Los zapatos eran botas ortopédicas. Las personas con diabetes tienen una circulación reducida en los pies y sufren de lesiones e infecciones, según los médicos. Las botas ayudaban a resolver ese problema del Mono Jojoy.
El informante dijo a Semana que luego de que las FARC le pidieran estos zapatos especiales, él pasó esta información a los agentes de inteligencia quienes le proporcionaron las botas. En ellas, había incrustado un dispositivo de seguimiento electrónico que más tarde permitió que la Fuerza Aérea Colombiana ubicara y eliminara al Mono Jojoy en un bombardeo aéreo. Cuando no pudieron encontrar su cuerpo, utilizaron el dispositivo para desenterrarlo.
El informante dijo a Semana que mientras las fuerzas de seguridad de Colombia le pagaron los US$2,7 millones de la recompensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos aún le debe los US$5 millones prometidos por la información que llevara a la captura o muerte del Mono Jojoy. Cuando Semana preguntó acerca del caso, el Departamento de Estado se refirió a la embajada estadounidense en Colombia, la cual se negó a hacer comentarios.
El informante sí recibió dinero de Estados Unidos. La CIA le pagó US$100.000 y la DEA US$111.300 tras el ataque aéreo, según Semana. Pero, según el informante, le dijeron que esto era todo lo que podía esperar recibir.
El abogado estadounidense del informante le confirmó esa historia a InSight Crime. Joaquín Pérez, quien también ha representado a infames paramilitares colombianos y narcotraficantes, también envió una carta al embajador estadounidense en Colombia para pedirle que lo reconsidere.
Análisis de InSight Crime
La historia revela el nivel de sofisticación que la inteligencia colombiana ha alcanzado y por qué las fuerzas de seguridad han matado y capturado blacos de alto valor en los últimos años, incluyendo cuatro líderes principales de las FARC.
El chip instalado en las botas del Mono Jojoy era una apuesta arriesgada y costosa, pero que pagó grandes dividendos. El Mono Jojoy era el equivalente al coco de Colombia. Y su muerte, casi más que la muerte de cualquier otro líder guerrillero, demostró que las FARC eran muy vulnerables. Tal acontecimiento era impensable hace cinco años.
La información privilegiada también ha desempeñado un papel clave en la detención de otros delincuentes colombianos: recientemente el líder de los Urabeños Henry de Jesús López y alias “Mi Sangre“. Este último fue capturado en octubre en Argentina, aparentemente gracias a un informante que se espera que reciba una recompensa de US$1.2 millones.
Esta ofensiva ha jugado un papel en forzar a las FARC a reconsiderar su posición y sentarse en la mesa de negociaciones.
El contraste entre la forma en que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han manejado los pagos es también sorprendente. El gobierno colombiano parece justo y comprensivo, el estadounidense parece altanero y sin corazón. Más importante aún, parece ser una buena política el hacer efectivo los pagos, sobre todo en casos como este.
Los informantes corren grandes riesgos al pasar incluso la información más básica a las autoridades. La promesa de una recompensa monetaria puede llevar a que algunos se conviertan en informantes confidenciales.
Pero, como se ha visto con el caso difundido por Semana, el riesgo es que los informantes que creen que no han recibido una recompensa justa pueden quejarse públicamente. Esto podría desalentar a otros de compartir información de inteligencia con las fuerzas de seguridad. Colombia parece entender esto mejor que Estados Unidos en este momento.