Una serie de estratégicos golpes a los grupos criminales de México ha hecho posible que su fragmentación sea constante, y por tanto varios de los grupos más grandes funcionan ahora como colectivos de células aliadas más que como organizaciones coherentes bajo un mando unificado.
Un reciente artículo de Razón, basado en un informe confidencial de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, detalló la desarticulación de algunas de las organizaciones criminales más importantes de México: el Cartel del Golfo, el Cartel de Tijuana, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. En su conjunto, estos grupos prácticamente controlan todas las fronteras, así como algunos de los territorios criminales más apetecidos en todo el territorio nacional, desde ciudades portuarias clave, pasando por áreas de fértil producción, hasta zonas de transporte claves.
Todas ellas surgieron como grandes organizaciones cuya cara pública era un solo individuo o un pequeño grupo de líderes. En otras palabras, eran jerárquicas. Esa percepción pudo haber sido exagerada; el grado de influencia que un capo fugitivo como Joaquín “El Chapo” Guzmán podía ejercer sobre el funcionamiento interno de una vasta organización compuesta por innumerables elementos móviles era probablemente bastante limitado, y quizá diversas figuras dentro de la organización disfrutaban de mucha autonomía. Pero la percepción popular claramente reflejaba sólo una versión de la realidad, y las rivalidades internas entre diferentes facciones de una organización solían ser bastante raras.
El informe de la PGR ofrece nuevas evidencias de que esto ha cambiado. Las grandes organizaciones han sido superadas en diversos grados por células más pequeñas que durante mucho tiempo hicieron parte de aquéllas. La diferencia es que ahora las células son más autónomas, geográficamente más aisladas, y sirven cada vez menos como puntos de referencia para los líderes individuales. Como resultado, se desvanece la vieja idea del cartel como una organización coherente en todo el país y con contactos alrededor del mundo.
Por ejemplo, la PGR informa que el Cartel del Golfo se ha reorganizado en por lo menos 12 células diferentes, la mayoría de las cuales operan en Tamaulipas: Los Metros, Los Rojos, Grupo Lacoste, Grupo Dragones, Grupo Bravo, Grupo Pumas, Los M3, Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera, Los Ciclones y Los Pelones. El esquema de un gran número de células separadas que operan en territorios superpuestos es similar en organizaciones como Los Zetas y el Cartel del Golfo.
Y dichas células no siempre se llevan bien. La mera adopción de diferentes apodos sugiere cierta distancia que las pone en riesgo de terminar en un conflicto abierto. Ya ha habido varios ejemplos de ello. Los Metros y Los Rojos, para mencionar sólo un caso, se enfrentaron en una constante disputa por el liderazgo del Cartel del Golfo en 2012 y 2013. Diferentes elementos de Los Zetas también han estado luchando entre sí incluso desde 2012.
Análisis de InSight Crime
El surgimiento de diferentes facciones hace más difícil erradicar la violencia del crimen organizado. En comparación con las organizaciones transnacionales dirigidas por jefes aparentemente intocables, las pandillas de hoy tienen menos capacidad de amenazar al Estado y están menos dotadas de impunidad. Sin embargo, la mera presencia de un mayor número de actores hace mucho más difícil establecer un tácito conjunto de normas operativas y aumenta la probabilidad de rivalidades violentas.
Si bien el documento de la PGR parece ser más explícito que el informe previo del gobierno sobre el mismo tema, éste no es un fenómeno nuevo. InSight Crime y otros analistas han estado escribiendo sobre el potencial impacto de la desarticulación de las organizaciones tradicionales de México desde hace varios años. Este ya es un aspecto básico del clima de seguridad de México y no hay ninguna razón para esperar que el fenómeno se haga más lento, y mucho menos que se invierta.
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La fragmentación es el producto de diversos factores, el más importante de los cuales es la continua presión del gobierno. Como resultado de los constantes esfuerzos por arrestar a la generación de capos que ha dirigido el hampa de México desde principios de este milenio, decenas de los líderes criminales más prominentes han salido de escena.
Estos cambios requieren un nuevo conjunto de prioridades del gobierno mexicano. Durante su campaña, el presidente Peña Nieto propuso un nuevo enfoque para la seguridad, según el cual reduciría la importancia de la seguridad en su agenda general y minimizaría la estrategia de persecución de capos como parte de su política de seguridad. Y aunque Peña Nieto ha cumplido a cabalidad la primera promesa, su equipo se ha enfocado en acabar con los grandes nombres del crimen organizado mexicano tanto como lo hicieron sus predecesores.
Bajo la actual administración, los líderes de Los Zetas (Miguel Ángel Treviño y Omar Treviño), el Cartel de Sinaloa (Guzmán) y los Caballeros Templarios (Servando Gómez y Nazario Moreno González) han sido arrestados o muertos. Y además de esos nombres famosos, la administración de Peña Nieto compiló una lista de los 122 capos más buscados y se propuso capturarlos o acabar con todos ellos. Hasta marzo de este año, sólo 30 permanecían en libertad.
Hay algunas razones básicas para esta búsqueda constante de capos; es conceptualmente fácil entenderla y planificarla; y cuando funciona, es fácil mostrarla a la opinión pública como un gran logro. Además, después de años de práctica, las autoridades mexicanas han adquirido bastante experiencia.
Sin embargo, en un momento en el que el Cartel del Golfo no es una organización unitaria sino una amalgama de 12 células sin vínculos muy fuertes, ir tras los peces gordos no se justifica mucho si lo que se pretende es alterar la realidad radicalmente. Un Cartel del Golfo liderado por 12 cabecillas de bajo perfil es un reto fundamentalmente diferente a la organización monolítica que operaba bajo la autoridad exclusiva de Osiel Cárdenas. El modelo actual puede generar el mismo derramamiento de sangre, pero sin un representante que se pueda considerar un objetivo claro, no es tan fácil para el gobierno debilitar a la organización.
El enfoque adecuado en este momento consiste en fomentar el crecimiento de instituciones fuertes, honestas y perdurables a nivel federal y local. Por supuesto, las instituciones más importantes son las agencias de seguridad de México, pero el mero hecho de disponer de mejores departamentos de policía no es suficiente. Más que nunca, el reto de seguridad de México no consiste en derrocar enemigos particularmente poderosos, sino en crear un marco social, económico y político que permita enfrentar tanto las causas iniciales como las manifestaciones actuales de la delincuencia organizada.
Desafortunadamente, esta es una tarea más fácil de describir que de realizar.