Disidentes de las FARC arrestados en Nariño

A pocas semanas de completar la desmovilización de la guerrilla de las FARC en Colombia, denuncias de robos de armas, narcotráfico, reclutamiento forzoso y homicidios ligados a disidentes de las FARC muestran cómo un nuevo hampa ya está tomando forma para sucederla.

En las últimas dos semanas, han surgido denuncias de actividad de disidentes, que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte, sur, centro y este de Colombia, un indicio de que disidentes de esa guerrilla comienzan a ejercer control sobre territorios claves para el narcotráfico.

Los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, en el centro y este del país, se han convertido en ejes de actividad disidente; hay denuncias que indican que las redes de los ex FARC ahora controlan corredores claves para el narcotráfico, participan en el tráfico de cocaína y en el negocio de la marihuana, y dirigen redes de extorsión.

El 29 de julio, la marina colombiana denunció el decomiso de una tonelada de marihuana de alta potencia perteneciente a disidentes del frente 47 de las FARC, que era transportada por río en el municipio de Solita en Caquetá, según informó El Tiempo. Este decomiso es el segundo de esa magnitud en Caquetá, luego del descubrimiento de otra tonelada en mayo, que las autoridades vincularon a disidentes del frente 14.

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La semana anterior, el 21 de julio, la captura de Eduardo Moreno Montaña, alias "Jairo Pineda" o "Pando", puso al descubierto las operaciones de una célula disidente que tenía actividades en el departamento de Meta, centro-este del país, según Semana. Moreno, quien desertó en abril de un campamento de desmovilización en Meta, dirigía presuntamente una célula de 30 personas especializadas en extorsión, que era responsable de varios ataques recientes con explosivos.

Las fuerzas de seguridad creen que la célula de Moreno hacía parte de una red mayor, conformada por disidentes del séptimo frente, que es una de las tres redes criminales con poder en la región, junto con los dirigidos por antiguos miembros de las FARC, de los frentes primero y Acacías. Estas tres organizaciones controlan el territorio, que constituye en conjunto corredores de narcotráfico claves con salida a Venezuela y Brasil, según la revista Semana.

Estas redes disidentes han continuado la práctica de reclutamiento forzoso de menores de edad, según comentarios hechos por el Defensor del Pueblo del gobierno colombiano, Fernando Carrillo. Su denuncia se refuerza con informes del municipio de Solano en Caquetá, de que el ejército ha puesto a varios jóvenes bajo su protección, pues eran objetivo de reclutamiento forzoso de remanentes del frente primero, separado de las FARC.

Además, el 25 de julio, en el departamento de Nariño, suroeste del país, el ejército notificó la captura de cinco disidentes de las FARC que supuestamente dirigían una red de narcotráfico en el municipio de Policarpa, según información de El Tiempo.

La región —una de las principales zonas de cultivo y procesamiento de coca en el país, asentada sobre rutas de tráfico hacia la costa Pacífica— ha sido un hervidero de actividad disidente. El ejército estima que hay por lo menos 100 disidentes trabajando en tres redes, según El Tiempo, mientras que las FARC mismas acusaron a una pandilla integrada por disidentes del homicidio de un miliciano de las FARC desmovilizado, un hecho ocurrido el 15 de julio.

El mismo día, en el departamento de Antioquia, noroeste de Colombia, se supo que el gobernador Luis Pérez había denunciado que disidentes de las FARC estaban formando bandas criminales en una carta al Ministerio de Defensa.

Según Pérez, en el municipio de Dabeiba, las FARC expulsaron a tres miembros que robaron armas de las caletas entregadas a las Naciones Unidas como parte del acuerdo de desmovilización, y reclutaron a casi una docena de criminales locales para formar su propia red. Pérez también afirmó que en el municipio de Ituango, 14 desertores de las FARC habían robado armas y montado una banda criminal. Tanto Dabeiba como Ituango son lugares de producción y procesamiento de coca.

Análisis de InSight Crime

En muchos aspectos, el proceso de paz con las FARC avanza según lo planeado; las FARC han depuesto sus armas y entregado una lista de sus activos, están formando su nuevo partido político y les faltan pocas semanas para terminar el periodo de desmovilización transicional. Pero los últimos días de las FARC como organización guerrillera han dejado al hampa colombiano en el umbral de una nueva era. Y aunque aún está por verse qué forma tomará exactamente, el flujo consistente de denuncias sobre las actividades de los disidentes de las FARC brinda algunas claves.

Los intereses criminales de estas redes son claros. Cada uno de los informes recientes vienen de territorios que se encuentran en importantes centros de cultivo y procesamiento de estupefacientes; cooptar este lucrativo negocio es casi con certeza el principal objetivo de estos grupos. Sin embargo, como se vio en Meta, el narcotráfico puede no ser la única actividad criminal en su portafolio delincuencial, y si estas células pueden ejercer control territorial en sus zonas de operación, también es probable que creen redes de extorsión.

Las armas incautadas en redadas contra las redes disidentes —que incluían AK-47 en Caquetá, granadas en Meta y rifles y una ametralladora en Nariño— indican que estas redes han logrado evadirse con un poderoso arsenal de armamento.

Las nuevas denuncias también dan pistas importantes sobre la manera como se estructurarán estas células. Hasta el momento, algunas células de antiguos miembros de las FARC que se han identificado siguen siendo relativamente pequeñas. Es probable que la estructura más numerosa llegue a la centena de integrantes, y las denuncias del este indican que los grupos no están tan organizados jerárquica y militarmente como la guerrilla de las FARC.

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Redes pequeñas, ágiles y más descentralizadas con intereses criminales diversificados que controlen eslabones en la cadena del narcotráfico en lugar de todo el proceso son comunes en el hampa colombiano actual. Pero cabe la posibilidad de que Colombia repita la tendencia observada después de la desmovilización de la contrainsurgencia paramilitar, cuando más de 30 grupos iniciales se unieron en menos de media docena de poderosos ejércitos armados, hasta el punto en que hoy no hay más que una organización con genuino alcance nacional: Los Urabeños.

Otra pregunta importante que flota sobre la evolución de estas células es cómo interactuarán con otros elementos del hampa colombiano, en particular con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (que se está expandiendo a los antiguos territorios de las FARC aun cuando estén sentado a la mesa de diálogos con el gobierno), así como los Urabeños y otras redes de ex FARC. Las células de antiguos miembros de las FARC tienen tres opciones en cuanto a su relación con otros actores: o cooperan, enfrentan o son absorbidos.

Es muy probable que continúe la expansión de las células disidentes de las FARC, e incluso que pueda acelerarse cuando los guerrilleros dejen los campamentos de desmovilización, lo cual debilitará la influencia del secretariado sobre los soldados rasos, mientras deja a muchos exguerrilleros enfrentados al abrumador prospecto de la reintegración a la vida civil o a la tentadora promesa de la criminalización.

Las redes que estos informes dibujan bien pueden representar la primera ola de unidades criminalizadas de las FARC, sus intereses, estructura y modus operandi. Mientras el proceso de paz sigue desarrollándose, queda por ver cómo evolucionarán y cómo evolucionará con ellos el resto del mundo criminal colombiano.