Edificio de la Procuraduría en Ciudad de México

El presidente de México Enrique Peña Nieto ha presentado un plan para remodelar radicalmente el Departamento de Justicia del país; el último ejemplo de un patrón nacional de larga data de reforma institucional innecesaria disfrazada de progreso.

Como informó Proceso y otros medios de comunicación, el mes pasado el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un proyecto que crearía una nueva agencia llamada la "Fiscalía General de la República", la cual sustituiría a la actual "Procuraduría General de la República", el equivalente mexicano al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Más allá del cambio de nombre, el proyecto de ley también haría de la nueva FGR un organismo autónomo por fuera de la rama ejecutiva.

El jefe de la nueva FGR ya no sería un candidato político sirviendo a discreción del presidente. Más bien, el fiscal general sería seleccionado tanto por el presidente como por el Senado, y serviría un mandato de nueve años.

Peña Nieto ha dicho que el cambio tendría la ventaja de "despolitizar" y "legitimar" el sistema de justicia penal. También ha dicho que este cambio aliviaría un problema de larga data en el que las acusaciones son vistas como una motivación política, debido a la asociación de la PGR con la presidencia.

La propuesta se deriva de un plan de reforma constitucional de gran alcance, que fue presentado por el gobierno de Peña Nieto en febrero. Según informes locales, el cambio a una FGR autónoma probablemente no finalice sino hasta 2018, el último año de Peña Nieto en el cargo.

Análisis de InSight Crime

Aunque no hay nada inherentemente desastroso en el plan para crear una FGR autónoma, Peña Nieto no ha explicado adecuadamente por qué es necesaria. Y, teniendo en cuenta el sustancial costo que implica el cambio, la responsabilidad recae sobre los defensores de la reforma para demostrar que ésta haría de México un país más seguro.

Suena hueca la afirmación de Peña Nieto de que las críticas sobre la parcialidad de la PGR obstaculiza su legitimidad. Él dijo que los mexicanos a menudo sospechan que los políticos utilizan a los fiscales para castigar a sus enemigos, lo que de hecho sería un mal que valdría la pena erradicar de raíz. Sin embargo, él no ofrece ningún ejemplo de algún caso relevante; un indicador obvio de que debemos tratar su justificación con sospecha.

En cualquier caso, al examinar la legitimidad del sistema de justicia penal hay un problema mucho más grande que el de los políticos tratando de castigar a sus enemigos: la incapacidad de poner constantemente a los responsables tras las rejas. La falta de confianza generalizada en el sistema judicial de la nación se manifiesta en el desenfrenado subregistro de crímenes.

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Tampoco está claro cómo una FGR autónoma, con un jefe elegido por el Senado, sería inmune a la presión política. El personal de menor rango, responsable del procesamiento de los casos, puede incluir a muchos individuos ambiciosos y ansiosos de ganarse los favores de los políticos. La independencia y autonomía judicial es un concepto difícil de alcanzar en muchos países, independientemente de cómo esté configurado el sistema de justicia.

La creación y dotación de personal de una nueva agencia es inevitablemente un proyecto largo y costoso. Hay un costo de oportunidad para cualquier iniciativa gubernamental, especialmente cuando se trata de una reforma institucional. Por supuesto, hay momentos en los que la estructura básica de una agencia gubernamental está tan dañada que tiene sentido volver a empezar, pero iniciar tales esfuerzos en busca de poca ganancia tangible es una locura. Además, México ya se encuentra en medio de un gran esfuerzo por reformar su sistema judicial e implementar un sistema de juicio oral; es un error dividir su atención antes de que se complete el proceso.

Los líderes mexicanos tienen una larga historia de perseguir la reforma institucional sin prestar suficiente atención a si el cambio es necesario o si los cambios realmente mejorarán las cosas. Esto es más evidente cuando se trata de la reforma policial. La Policía Judicial Federal fue una de las agencias dominantes en la lucha contra el crimen durante los años noventa, hasta que el presidente Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigación en 2002. Esa agencia, a su vez, fue reestructurada en 2009 bajo la presidencia de Felipe Calderón, convirtiéndose en la Policía Federal Ministerial. Abundan ejemplos similares.

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Incluso antes de este anuncio más reciente, la presidencia de Peña Nieto ha sido un desfile de cambios institucionales. Tras su elección en 2012, Peña Nieto creó la gendarmería, que respondió a una necesidad que la mayoría cree que era inexistente. Él disolvió la Secretaría de Seguridad Pública, anteriormente una de las agencias del gabinete más destacadas en temas relacionados con el crimen organizado. Y ahora él está proponiendo un replanteamiento significativo de otro de los departamentos más importantes, relacionado con la seguridad pública. Es difícil ver cómo estas decisiones se suman a una política coherente.

No hay evidencia de que esta creación y desaparición frenéticas de las agencias haya tenido un impacto positivo en el crimen. Por el contrario, impone un severo costo de oportunidad y probablemente disminuye la moral entre los funcionarios encargados de llevar a cabo las funciones de un departamento. Si hay una falta de razones convincentes que expliquen por qué el liderazgo de México debería reestructurar las instituciones gubernamentales, esa no es la forma de construir una política de seguridad.