Según algunos informes, el año pasado el gobierno federal de México destinó 23 veces más recursos en seguridad pública y nacional de lo que estaba presupuestado, pero no existe información pública acerca de adónde van esos recursos, o qué impacto están teniendo para controlar el aumento de los niveles de criminalidad y violencia.
En 2016, el Congreso de México le asignó al gobierno federal sólo 796 millones de pesos (unos US$41,6 millones) para la partida presupuestaria 33701, que corresponde a “Gastos de seguridad pública y nacional”. Pero, según Animal Político, los gastos públicos clasificados dentro de la partida 33701 superaron los 18 mil 500 millones de pesos —casi mil millones de dólares—.
Aunque el gobierno suele excederse en sus gastos de seguridad, 2016 fue un caso excepcional. (Vea el gráfico abajo)
Según Animal Político, la inversión ha superado el presupuesto del Congreso en cuanto a “gastos de seguridad pública y nacional” cada año desde por lo menos 2013, el primer año completo del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. En 2015, por ejemplo, el Congreso aprobó sólo US$30 millones para la seguridad pública y nacional; sin embargo, el gobierno ejecutó más de US$446 millones.
Durante los primeros cuatro años de la administración Peña Nieto, el Congreso asignó unos US$152 millones para seguridad en el partida 33701, pero los desembolsos del gobierno sobrepasaron los US$2 mil millones (todas esta cifras están calculadas según el tipo de cambio al dólar actualmente). Animal Político informó que estos dineros se han asignado a ocho instancias del gobierno diferentes, y que el Secretario del Interior recibió la mayor parte de los fondos entre 2013 y 2015 y el Secretaría de Defensa Nacional recibió la mayor parte el año pasado.
La manera como se invierten estos dineros se desconoce. Según Animal Político, cada instancia asigna los fondos a categorías tan amplias como “servicios de inteligencia” u “operaciones de prevención del crimen”. Pero el gobierno dice que está legalmente prohibido proporcionar más detalles, dado que estos ítems están indicados para la “seguridad nacional y pública”.
Análisis de InSight Crime
El dramático aumento en los gastos de seguridad de la partida presupuestaria 33701 por parte del gobierno federal en el año 2016 se correspondió con el año más violento durante la presidencia de Peña Nieto, cuando la tasa de homicidios llegó a niveles que no se presentaban desde el momento más álgido de la guerra de México contra las drogas en los primeros años de la década de 2010.
Lo más probable es que los crecientes niveles de violencia estimularon los gastos adicionales en seguridad y no al revés. La violencia se está extendiendo a partes del país que hasta hace poco no habían sido afectadas por la guerra contra las drogas, lo que significa que más ciudades y municipios requieren un mayor número de personal de seguridad y recursos. Por ejemplo, las autoridades desplegaron recientemente 500 agentes de la policía militar en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, en la costa Pacífica, dado que los homicidios aumentaron allí en casi 300 por ciento entre septiembre de 2016 y febrero de 2017. Como en otras partes del país, los funcionarios locales dicen que la guerra contra los carteles de la droga es la causa de una gran parte de la violencia.
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Sin embargo, los aumentos simultáneos en los gastos de seguridad y las tasas de homicidio arrojan dudas sobre la viabilidad de la estrategia de seguridad de México. En general, la administración Peña Nieto se ha adherido a la guía de seguridad ideada por su predecesor, Felipe Calderón, que hace énfasis en la militarización de las fuerzas de seguridad. Esta estrategia produjo rápidos resultados, pero no llevó a una mejora de la seguridad a largo plazo.
Y ahora parece que la estrategia militarizada del gobierno está teniendo un impacto menos inmediato. El desmantelamiento de grandes grupos criminales como el Cartel del Golfo y Los Zetas ha llevado a que el narcotráfico y la violencia se distribuyan aún más por el territorio nacional. El gobierno aún no ha propuesto ninguna nueva estrategia que tome en cuenta estas cambiantes realidades.
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Desafortunadamente para México, esta es una de las explicaciones más optimistas acerca de por qué el aumento en los gastos de seguridad aún no ha logado detener el aumento de los homicidios. La falta de transparencia en torno a los fondos para la partida 33701 plantea serias preocupaciones acerca de posibles actos ilícitos y el uso indebido de los fondos públicos. Ante la falta de información más detallada sobre cómo se invierte el dinero, es imposible garantizar que alguna parte no sea desviada por funcionarios corruptos. Esto es especialmente desconcertante dada la tendencia del gobierno mexicano a la corrupción, que ha sido la causa de algunos de los más embarazosos fracasos de seguridad de la administración Peña Nieto hasta la fecha.