El endurecimiento de las políticas antidrogas puede llevar a un hacinamiento carcelario

Grupos de la sociedad civil en Latinoamérica intentan transformar la lógica de la "guerra contra la droga" evaluando los perjuicios a los derechos humanos de las políticas represivas antidroga, en lugar de medir su éxito según los estándares de seguridad internacionales.

Un arrollador informe reciente (pdf), realizado por 17 organizaciones de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá llama la atención sobre la manera como las políticas antidrogas han violado los derechos humanos. El estudio cubre una amplia gama de temas, desde las prolongadas sentencias en prisión para delitos menores hasta políticas de drogas prohibitivas contrarias a los derechos humanos internacionales, y destaca cómo las políticas de mano dura contra la droga suelen tener un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Luciana Pol, experta en políticas de drogas en la organización argentina que recopiló el informe, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que se enteraron del problema después de ver el impacto que ha tenido la legislación antidroga en las poblaciones carcelarias en Latinoamérica.

"Hace casi ocho años, comenzamos a visitar las cárceles de mujeres por una investigación que hacíamos sobre la violencia en centros penitenciarios", contó Pol a InSight Crime. "Sin buscar el problema de la política de drogas y su impacto en las cárceles, lo teníamos a simple vista".

Muchas otras organizaciones establecidas en la región han observado una dinámica similar en el transcurso de su trabajo normal de defensa, agregó Pol. Aproximadamente 30 por ciento de todos los reclusos en la mayoría de los países de Latinoamérica están pagando penas por drogas, dijo.

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La evaluación de la política antidroga por medio del lente de los derechos humanos recién comienza a despertar un interés serio en la región, declara el informe.
"La llamada 'guerra contra la droga' desplegada en los últimos 50 años ha tenido un impacto enorme en el funcionamiento de los sistemas de seguridad, judicial y penitenciario en Latinoamérica", anota. "Pese a los elevados grados de violencia que ha causado esta lucha en algunas áreas, y a sus graves consecuencias, durante muchos años no se la analizó desde una perspectiva de derechos humanos en ámbitos locales o internacionales. Este escenario ha comenzado a cambiar".

Análisis de InSight Crime

El informe colegiado refleja el sentimiento creciente en Latinoamérica del fracaso de la militarización de las fuerzas de seguridad y el énfasis en la reducción por el lado de la oferta como parte de la "guerra contra la droga" respaldada por Estados Unidos. El informe mismo se escribió en respuesta a la primera audiencia de la historia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la manera como la política antidroga ha impactado los derechos humanos en región, realizada en marzo de 2014.

En años recientes se ha acumulado apoyos para una nueva estrategia para enfrentar el problema de las drogas ilícitas. Uruguay se convirtió en pionero global en 2013 al legalizar la industria de la marihuana, mientras que Guatemala, Jamaica, México y otros países también han dado señales de apartarse del modelo de política antidrogas avalado tradicionalmente por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Incluso Colombia, aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad, ha descriminalizado la posesión de dosis personales y solicitado a la ONU que revalúe sus normas internacionales de estupefacientes.

"Dos cosas están sucediendo", señala Pol, al explicar el decreciente apoyo a los métodos tradicionales de combate a las drogas ilícitas. "En primer lugar, estos países se están dando cuenta de que las políticas están fallando. En segundo lugar, comienzan a cuestioner cuáles son las mejores medidas de éxito".

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No es claro si este impulso regional se traducirá en cambios globales en las normas de la política antidrogas. En abril de 2016, las Naciones Unidas realizarán una sesión especial, conocida como UNGASS (por sus iniciales en inglés), para analizar las prioridades mundiales en el control a la droga. Pero aún está lejos un consenso universal sobre cómo abordar este problema.

"Es probable que muchas de las reformas a la política antidrogas formuladas en Latinoamérica o Europa Occidental tengan que pelear para conseguir apoyo en UNGASS 2016", se lee en un informe de Brookings de abril de 2015 (pdf) referente a las perspectivas globales sobre las drogas. "Tales medidas suelen toparse con apoyo muy limitado en Asia, incluyendo a China, Tailandia y Vietnam; existe fuerte oposición en Rusia y, en el mejor de los casos, ambivalencia en mucha parte de África".

Más aún, el movimiento de reforma sobre las drogas todavía debe acumular consenso en Latinoamérica. El informe señala que las sentencias por casos relacionados con drogas siguen siendo desproporcionadamente elevadas en países como Bolivia, donde la pena máxima por narcotráfico (25 años) excede la pena por homicidio (20 años). La legislación cubana incluso permite a las autoridades castigar a los narcotraficantes con la pena de muerte.

Pol señala que sería un error decir que las políticas de drogas prohibitivas en la región están motivadas por fuerzas puramente externas.

"No podemos decir que ésta sea una imposición activa en los países de Latinoamérica", puntualizó Pol. "Si se analiza la siutación doméstica, la mayoría de los países han acogido este criterio y han actuado en coherencia con él".

La vía hacia la reforma de las políticas de drogas en Latinoamérica sigue llena de obstáculos. Pero un examen más de cerca a cómo dichas políticas debilitan las instituciones estatales y las sociedades en Latinoamérica y violan los derechos humanos de sus ciudadanos deja muy en claro que la situación no será aceptable por mucho tiempo más.