Armas destruidas en Ciudad Juárez, México

Latinoamérica tiene una de las tasas de homicidio por armas más altas en el mundo, pese a que algunos países tienen leyes relativamente estrictas de control de armas, lo que plantea la pregunta: ¿en qué medida la legislación más estricta ayuda a reducir las tasas de homicidios y el crimen violento en la región?

La respuesta corta a esta pregunta es que no hay una correlación clara. Una mirada a seis países, con diferentes legislaciones de armas y estadísticas de homicidios con armas -México, Brasil, Venezuela, Honduras, Chile y Uruguay-, muestra que la legislación de armas, por sí sola, significa poco en términos de violencia armada. Entender la violencia armada parece estar más relacionado con la comprensión de la dinámica del crimen en un país y la debilidad de las instituciones del Estado, que en el estudio de las leyes en vigor.

La cuestión sobre cómo reducir la violencia provocada por el uso de las armas es fundamental. Latinoamérica y el Caribe son dos de las regiones más violentas del mundo. Y en 21 de los 23 países países estudiados por Small Arms Survey, el porcentaje total de homicidios cometidos con armas es mayor que el promedio mundial de 42 por ciento.

No es sorprendente que dos de los países más violentos de la región tengan leyes relativamente laxas. En Honduras -el país más peligroso del mundo con base en su tasa total de homicidios de 91,6 por cada 100.000 habitantes- los civiles pueden poseer hasta cinco armas de fuego, aunque la legislación propuesta reduciría este número a uno y exigiría a los ciudadanos la adquisición de dos licencias diferentes para la posesión y el porte de armas.

Por su parte, Venezuela ha ampliado gradualmente las restricciones sobre el porte de armas en público y, en 2012, prohibió la venta comercial de armas. No obstante, hasta hace poco existían pocas regulaciones y las legislaciones recientemente aprobadas permiten la eventual reapertura de las armerías.

Ambos países sufren de violencia armada. En Honduras, el 85 por ciento de los homicidios fueron cometidos con un arma en 2011, con una tasa de homicidios con armas de 78,2 por cada 100.000 habitantes, según las cifras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Venezuela también registró una tasa muy alta de homicidios con armas, de 37 por cada 100.000 habitantes en 2011, según la ONU.

Sin embargo, las leyes de armas laxas o estrictas no parecen relacionarse con la violencia armada en otros países. La legislación de armas en Uruguay y Chile, por ejemplo, es bastante moderada. En Uruguay, una persona debe ser mayor de 18 años para poseer un arma, obtener un permiso y haber sido sometido a un curso de formación básica, pero legalmente puede comprar un arma y ​​el tráfico de armas no es un delito reconocido legalmente. Chile exige a todos los civiles registrar las armas y someterse a controles de antecedentes, prohíbe portar armas automáticas o ametralladoras y el portador debe ser mayor de edad.

A pesar de la disponibilidad, la tasa de homicidios intencionales en Uruguay en 2011 fue de 5,9 por cada 100.000 habitantes, con un 57 por ciento de los homicidios cometidos con armas de fuego en 2005; y la tasa de homicidios en Chile en 2011 fue de 3,1 por 100.000 habitantes, con un 31 por ciento atribuido a las armas de fuego, según las estadísticas de la OEA.

En el otro extremo del espectro legal están México y Brasil, dos países que luchan contra la violencia armada extrema. México es conocido comúnmente por tener una de las legislaciones más esctricta de control de armas en la región -sólo hay una tienda de armas en el país que es propiedad del ejército-. Los civiles tienen prohibido poseer armas de grado militar, no puede portar un arma por fuera de su casa y deben someterse a rigurosos controles de antecedentes para obtener un certificado de propiedad.

En Brasil, los civiles también tienen prohibido poseer armas que son propias de las fuerzas armadas y de portar armas en público, salvo en circunstancias excepcionales. Una persona debe tener 25 años para adquirir un arma. Además, el país ha llevado a cabo campañas de desarme, a través de las cuales un estudio, realizado por el Instituto Brasileño IPEA, encontró que ayudaron a reducir los crímenes violentos en el estado de São Paulo entre 2001 y 2007.

Más de la mitad de los homicidios en México fueron cometidos con un arma y cerca del 90 por ciento de los homicidios en Brasil involucró un arma de fuego.

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¿Cómo se explica el hecho de que seis países con una legislación de armas estricta, moderada o laxa tengan tasas de homicidios con armas tan  diferentes?

El investigador asociado de Small Arms Survey Matthias Nowak dijo a InSight Crime que una serie de otros factores, como la presencia de grupos armados, narcotráfico y la fortaleza de las instituciones, "entran en la ecuación".

"Las instituciones tienen un efecto central", dijo.

Aunque Nowak sostuvo que la legislación es importante, dijo que "es sólo una parte de un panorama más complejo que tiene que unirse para responder a un fenómeno muy complejo". Una parte importante de este "panorama" es la aplicación, como lo demuestra un estudio sobre la prohibición de armas en Colombia en 2009 que encontró que la prohibición había contribuido a reducir la violencia armada, debido a que había estado acompañada de fuertes medidas de confiscación por parte de la policía.

Honduras tiene una confluencia de factores que inhiben la aplicación y fomentan altos niveles de violencia: débiles instituciones judiciales, una policía criminalizada y una fuerte presencia de pandillas. Uruguay, por su parte, es un país con poca presencia histórica de crimen organizado.

Nowak también dijo que la naturaleza altamente concentrada de la violencia armada -en las regiones fronterizas y en los centros de tráfico de drogas, por ejemplo- hace que sea difícil encontrar patrones concluyentes sobre el impacto de la política de control de armas. Los países con leyes de armas más rígidas, como Brasil y México, tienen en general tasas de homicidios más bajas, causados con armas, que Honduras o Venezuela, pero tienen áreas con focos de violencia extrema.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, Guerrero y Chihuahua -dos estados muy afectados por la guerra contra las drogas en el país- tuvieron tasas de homicidio mucho más elevadas que en el resto del país en 2012, por lo que es probable que los homicidios con armas también estuvieran concentrados en gran medida en estas áreas.

En Brasil, la tasa nacional de homicidios con armas se mantuvo bastante estable entre 2000 y 2010, según un recuento de una ONG. No obstante, un estudio reciente encontró que había disminuido significativamente en los estados de Río de Janeiro y São Paulo, atribuido a las inversiones en materia de seguridad, mientras que se incrementó vertiginosamente en los estados del norte, como Alagoas. Esto se atribuyó a la incapacidad institucional de esos estados para enfrentar la migración del crimen.

El ejemplo de Brasil también señala que la violencia alimentada por factores sociales y la delincuencia común puede tener un mayor potencial de ser mitigada por los sistemas de ejecución y de desarme, que la violencia causada, por ejemplo, por los carteles de la droga.

La relación entre la legislación de armas y la violencia armada se vuelve aún más confusa si se introduce otro factor en la mezcla: la disponibilidad de armas. 

El tráfico de armas es una industria ilegal en la región. Un gran número de armas de fuego no registradas se concentran en México, con cerca de 13 millones, y Brasil, con hasta 9,6 millones de armas sin registrar.

El tráfico es difícil de controlar, incluso con el establecimiento de políticas prohibitivas de armas. Brasil, el segundo mayor productor de armas de fuego en el hemisferio occidental, exporta muchas de sus armas a otros países de la región, aunque a menudo son contrabandeadas de vuelta al país a través de sus fronteras porosas. Se cree que muchas de las armas de México son traficadas a partir de la industria de armas, en gran medida, no regulada de Estados Unidos, mientras que existe evidencia de que algunas de las armas más letales utilizadas por los carteles mexicanos provienen de Centroamérica.

Las instituciones estatales corruptas obviamente también juegan un papel. Se cree que tanto en Venezuela como en Honduras, las armas terminan en las manos criminales de los elementos corruptos de las fuerzas de seguridad.

Aún así, "no hay una relación clara entre la posesión de armas y la violencia armada a nivel internacional", según Nowak.

"Usted no necesita una gran cantidad de armas para cometer una gran cantidad de homicidios si están en las manos equivocadas", explicó.

Esto se ve en el caso de Honduras y Uruguay. Pese a la dramática diferencia entre las tasas de homicidio, tienen un número muy similar de armas de fuego no registradas, con alrededor de 600.000 en Honduras, y un estimado de 500.000 en Uruguay. Aún más sorprendente es que el número per cápita de armas en Uruguay es el doble del de Honduras: 15 por cada 100 personas frente a 7 por cada 100, respectivamente.

Un estudio del Banco Mundial de 2011 encontró algo similar: en Centroamérica, a partir de 2007, hubo poca correlación entre el número estimado de armas de fuego de propiedad civil y las tasas de homicidio. Los países con las tasas de homicidios más altas -Honduras y El Salvador- tenían menos de la mitad de las armas estimadas per cápita que Guatemala, mientras que Panamá, con la segunda tasa de homicidios más baja, tenía el segundo mayor número de armas de fuego.

En resumen, un enfoque regulado probablemente reducirá la posesión de armas y tendrá un impacto en la delincuencia común y la violencia ocasional, pero la legislación de armas, por sí sola, poco hará para controlar a los grupos criminales, responsables de la violencia rampante, en las zonas más peligrosas de la región.