La organización criminal Los Zetas y las fuerzas del gobierno de México encargadas de combatirla podrían ser culpables de crímenes de lesa humanidad, según un informe reciente en el que se pide el establecimiento de un organismo internacional independiente que investigue las atrocidades y luche contra la impunidad en el país.
Un análisis judicial (pdf) publicado el 7 de junio por Open Society Foundations sostiene que la violencia perpetrada por Los Zetas podría encajar en la definición jurídica de crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Es decir, que al recurrir al asesinato, la tortura y las desapariciones en estados como Tamaulipas y Veracruz, hacen “parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil y con conocimiento de dichos ataques”.
En su lucha por el control, Los Zetas aterrorizan a comunidades civiles para expulsar a las bandas rivales y a las autoridades. El informe sostiene que estos crímenes no son actos de violencia al azar relacionados con las drogas, sino que en realidad son “sistemáticos” y “generalizados”.
El informe señala también que el gobierno mexicano podría ser culpable de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de su represión contra el crimen organizado. La campaña se inició en 2006 bajo el entonces presidente Felipe Calderón y ha dado lugar a un aumento en los asesinatos y en las violaciones de los derechos humanos. A pesar de la existencia de una alta cantidad de registros de abusos por parte de la policía y el ejército, el personal de seguridad raramente es judicializado.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México
Un conjunto de datos del Ministerio de Defensa, mencionado en el informe, muestra que entre 2007 y 2013 solamente se llevaron a cabo 29 investigaciones militares por asesinatos perpetrados por miembros del ejército, pero ninguna de ellas resultó en condenas.
Los autores del informe dicen que su objetivo no es encarar al presidente Peña Nieto con la CPI, sino más bien sacudir a México de su apatía fiscal y empezar a castigar a los responsables de tales atrocidades. Ese proceso podría ser sustentado, agrega el informe, con la creación en México de algo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Análisis de InSight Crime
Aunque es noble en su intención de fomentar un nuevo marco jurídico para abordar la aberrante situación de derechos humanos que prevalece en muchas partes de México, el informe al parecer no logrará sus ambiciosas metas, al menos en el corto plazo.
Las organizaciones criminales como Los Zetas están diseñadas para aterrorizar, asesinar y secuestrar con el fin de alcanzar sus objetivos. Pueden ser altamente organizadas en cuanto a su estructura y funcionamiento —aunque el liderazgo de Los Zetas comenzó a agrietarse y fragmentarse en 2012 y ha continuado haciéndolo—, pero estos grupos criminales no están en la misma categoría que las organizaciones estatales como la policía o el ejército. No son una corporación política sensible a la consideración de organismos internacionales y las leyes, y es fácil imaginar que sus dirigentes se sienten halagados por este análisis de sus actos.
A nivel regional, algunas organizaciones criminales han sido acusadas de crímenes similares en el pasado.
El gobierno ha tomado algunas medidas para judicializar a los agentes del Estado responsables de crímenes como asesinatos y desapariciones. Sin embargo, la corrupción y la impunidad siguen siendo la norma, así como la tolerancia hacia la tortura, pese a las presiones de la comunidad internacional. El secuestro masivo de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, fue sólo un caso en que sin duda hubo participación de la policía local, y posiblemente policías federales y soldados estaban presentes allí y lo toleraron.
Aunque el lenguaje de los delitos internacionales como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es impactante, se refiere a crímenes de los cuales el gobierno mexicano ya es consciente pero que no ha logrado enjuiciar.
Esta no es la primera vez que la CPI y el Estatuto de Roma han sido mencionados como herramientas para llevar a juicio a los responsables de la “guerra contra las drogas” de México. En 2011, un grupo de periodistas, abogados y activistas enviaron una petición formal a la corte para tratar de acusar al presidente Felipe Calderón y a otros altos funcionarios de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Su intento fue en vano.
La posibilidad de crear un organismo investigativo internacional e independiente en México parece poco probable, debido a que el gobierno mexicano tiende a oponerse a tal decisión. Sin duda, México tiene instituciones mucho más sólidas que las que tenía Guatemala cuando se estableció la CICIG, y la Procuraduría General de México (PGR) no es muy independiente de la presidencia.
Si la colusión entre las autoridades y el crimen organizado en México es tan común como lo afirman los informes, aprobar una entidad de investigación independiente no estaría dentro de los intereses de las autoridades.
Lo más cercano que México ha estado de establecer un organismo similar en años recientes consistió en dejar que un panel internacional de expertos llegara al país para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Aquello terminó mal, dado que los miembros del panel acusaron a la actual administración de una campaña continuada de hostigamiento, obstruccionismo e intimidación contra ellos.
Por lo tanto, este nuevo informe se suma a un creciente cuerpo de trabajos relacionados con el abuso del poder por parte de actores estatales y no estatales, y podría contribuir a modificar la definición internacional de las guerras actuales, abriendo la posibilidad para que haya más ayuda internacional en países como México.
Las pandillas y la violencia relacionada con las drogas, como las que se presentan actualmente en muchas partes de Latinoamérica, no son clasificadas todavía como conflictos armados en el Derecho Internacional Humanitario, lo cual complica la tarea para organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Informes como éste permiten sustentar el argumento según el cual la definición debe ampliarse, lo cual simplificaría las cosas para las organizaciones cuya misión es ayudar a las víctimas de los conflictos armados.