Guillermo Gallegos, diputado del partido GANA (Cortesía de Salvador Meléndez/Factum)

Los presidentes del Ejecutivo y el Legislativo salvadoreños hablan de la posibilidad de que el Estado entregue armas a juntas comunales en el interior del país para combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a quienes se atribuye la mayoría de los 10 homicidios diarios que se comenten en el país. Es una idea vieja, que ya había sido propuesta y desechada antes en El Salvador por la posibilidad que implica de crear nuevos grupos fuera de la ley.

Eugenio Chicas, vocero del presidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, dijo el mes pasado que el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de crear "comités ciudadanos de seguridad" con facultades legales para "garantizar la seguridad" en los territorios donde actúan.

El funcionario aseguró que el plan se ejecutaría primero en 100 municipios con bajos índices de violencia para crear "un cordón sanitario" que impida la presencia de pandillas en esos lugares. Luego, aceptó Chicas, se plantearía la posibilidad de armar a los comités.

La semana pasada fue el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y aliado del oficialismo en el Congreso, quien habló de reforma a leyes secundarias que permitan a los grupos civiles "portar de manera permanente sus armas en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de sus vecinos y sus bienes…"

Gallegos, además, admitió que había "donado" dinero para que un grupo de civiles en una zona rural ubicada a unos 50 kilómetros al este de San Salvador. El diputado aseguró, sin mostrar pruebas de ello, que el dinero para comprar las armas salió de su propia bolsa, aunque ya en el pasado el presidente de la Asamblea ha sido señalado por el uso indebido de fondos públicos.

Las propuestas de los funcionarios salvadoreños ocurren en el marco de una ofensiva policial iniciada por el Ejecutivo el año pasado para contrarrestar el control territorial y los altos índices de homicidios que atribuye a la MS13 y al Barrio 18. Esa ofensiva incluye la aplicación de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad que ha incluido, entre otras cosas, la ampliación de plazos de prisión preventiva y de la participación del Ejército en tareas de seguridad.

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Hasta ahora, de acuerdo a voceros de la Policía Nacional Civil (PNC), las medidas han implicado la reducción de hasta el 50 por ciento en los homicidios, y un repliegue relativo de las pandillas. Sin embargo, los números hablan de una reducción más modesta, de acuerdo a la unidad investigación estadística del diario La Prensa Gráfica: de un promedio de 12 homicidios diarios en noviembre de 2016 a uno de 10 al día en marzo de este año, con una baja hasta los 8 diarios en enero.

Las medidas del gobierno han derivado, además, en varios señalamientos de implicación de miembros de la PNC en asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos a los derechos humanos de la población. Investigaciones periodísticas, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y procesos abiertos por la Fiscalía General indican que los señalamientos son certeros.

Hoy, los detractores de la idea de armar a civiles entienden que una medida así, además de ser poco efectiva en el combate a la violencia y a las pandillas, podría generar más abusos a derechos humanos e, incluso, derivar en la creación de nuevos grupos armados al margen de la ley.

Análisis de InSight Crime

La idea de entregar armas a grupos de civiles ya había surgido en la discusión salvadoreña de seguridad pública. Y ya había sido desechada en el marco de la implementación de los acuerdos de paz de 1992.

La primera vez fue en 1994, cuando el entonces viceministro de Seguridad Pública del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Hugo Barrera, propuso la creación de juntas vecinales armadas. En aquel entonces no eran las pandillas la principal amenaza a la seguridad, sino bandas criminales organizadas formadas en parte por excombatientes de la guerrilla y el ejército, así como grupos de contrabandistas que entonces emprendían su transformación al narcotráfico y luego formarían poderosas bandas como Los Perrones o el Cartel de Texis.

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Muy pronto, funcionarios del Ejecutivo y Legislativo salvadoreños y de las Naciones Unidas, que entonces supervisaba el proceso de paz, desecharon la idea debido al peligro que entrañaba de que en El Salvador surgieran grupos paramilitares.

Y, en efecto, en 1995 surgió en el este del país un grupo paramilitar de exterminio que se hizo llamar la Sombra Negra, formado por policías, militares y funcionarios públicos en ejercicio, entre ellos un subcomisionado de la Policía y un exmilitar que luego sería alcalde de San Miguel, la ciudad que se convirtió en centro de operaciones del grupo. La justicia salvadoreña atribuyó 17 homicidios a la sombra negra.

Algunos de los funcionarios implicados en ese grupo terminaron, luego, señalados por tener vínculos con la banda de narcotraficantes Los Perrones.

En general, ideas como esta de armar a civiles o tolerar acciones de grupos paramilitares, así como volver a la propuesta de reinstaurar la pena de muerte en El Salvador, han sido parte del manual de respuestas populistas a la violencia en las últimas tres décadas. Otra fue la llamada "Mano Dura", una política pública ejecutada entre 1999 y 2009 que consistió básicamente en encarcelar temporalmente a cientos de pandilleros, y que dejó como resultado más visible la sofisticación criminal de la MS13 y el Barrio 18.

En un país en el que los ciclos de violencia incluso se acrecentaron tras la guerra civil que duró de 1980 a 1992, en el que la corrupción de los funcionarios públicos ha sido señalada como uno de los principales motivos de impunidad (entre otros por el Departamento de Estado de Estados Unidos), y en el que el mismo Estado, oficialismo y oposición incluidos, no han dudado en negociar votos a cambio de beneficios para las mismas pandillas que con tanto ahínco dice combatir, dar armas a civiles parece solo otra forma de añadir leña al fuego de la violencia.