Cuatro meses después de ser juramentado como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha implementado algunas iniciativas orientadas a la seguridad con el fin de enfrentarse al aumento de la tasa de homicidios de su país. Además de la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), las fuerzas de seguridad de Hernández lograron la captura de un capo de la droga en marzo, y también han gestionado con éxito presión sobre las empresas de telefonía celular para la creación de un perímetro alrededor de las cárceles que corte la recepción por satélite. Desde que se implementaron estas políticas cerca de 1.000 nuevos soldados se han integrado a la PMOP, el capo de la droga capturado, Carlos Arnoldo Lobo, ha sido extraditado a Estados Unidos, y las extorsiones han disminuido en un 75 por ciento.
Sin embargo todavía existen problemas monumentales que deben que ser abordados por el presidente Hernández. El primero es la masiva falta de fondos del sistema penitenciario de Honduras. El diario hondureño El Heraldo, informó el 17 de abril que desde enero los centros penitenciarios no reciben fondos para alimentar a sus prisioneros. Después de semanas de ser alimentados por las organizaciones humanitarias, el gobierno finalmente transfirió los fondos de mantenimiento necesarios para los centros de detención. Sin embargo, este dinero duró apenas 20 días, a pesar del hecho de que, según El Heraldo, al gobierno le cuesta 12 lempiras por día, lo que equivale a unos US$ 0,65, satisfacer las necesidades básicas de un prisionero.
Este artículo apareció originalmente en el sitio web del Consejo de Asuntos Hemisféricos y fue publicado y traducido con permiso. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las citas, aquí.
Andrés Molina, un empleado del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) en Honduras, afirma que se necesitan 750 millones de lempiras anuales para que las prisiones estatales funcionen correctamente. Estos fondos idealmente serían utilizados ??para pagar a los guardias un salario respetable, alimentar y vestir a los prisioneros, y pagar el mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, actualmente sólo 450 millones de lempiras son asignados a estos fines.
Todavía más preocupante es el hecho de que las prisiones no siempre están a cargo de los guardias. El informe sobre la situación de los prisioneros en Honduras, publicado en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos, revela que las autoridades penitenciarias tienen un poder limitado sobre los internos. Son los prisioneros, a menudo líderes o miembros de alto rango de notorias pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, en lugar de los guardias estatales o federales de las prisiones, quienes buscan mantener la disciplina en los centros de reclusión.
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El informe de 2013 también plantea otro grave problema para las prisiones de Honduras, con el argumento de que el gobierno ha fracasado en su intento de regular su sistema penitenciario en referencia a los estándares mínimos de bienestar de los prisioneros. Los dos grandes incendios que han ocurrido en el lapso de los últimos diez años -uno en 2004 en San Pedro Sula y el segundo en 2012, en Comayagua– que resultaron en la muerte de un total de 500 personas, presentan un sistema con enormes deficiencias estructurales y en el que los derechos humanos son violados de forma rutinaria.
Otro tema a considerar es el de la violencia del Estado hacia sus ciudadanos. El alto nivel de impunidad en Honduras pone de manifiesto la ineficacia del sistema judicial. Con una de las unidades de policía más corruptas de Latinoamérica -la policía causó la muerte de 149 civiles inocentes entre 2010 y 2012- esta fuerza ha demostrado ser “irreformable”. Se sabe que la policía acepta sobornos, pasa información importante a las organizaciones del crimen organizado, y que incluso participa en operaciones criminales violentas. Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de 2012, Honduras tiene el índice de confianza a la policía más bajo en la región. El proceso de reforma establecido en 2011 que incluía el uso del polígrafo y pruebas de drogas, no ha producido avances sustanciales. Sólo 7 de los 33 agentes de policía que fallaron en dichas pruebas fueron despedidos.
Más allá de las deficiencias presupuestarias, la falta de control sobre los internos, las violaciones de derechos humanos, y una deficiencia de políticas que aseguren la seguridad de los internos, el personal y las instalaciones, las prisiones carecen de un método o de una estrategia efectiva para el proceso de rehabilitación. “El Estado no garantiza que los presos dejarán sus celdas listos para reintegrarse como miembros dignos de la sociedad”, dice Molina desesperadamente. “Ellos no asumen la responsabilidad hacia estos ciudadanos”.
La violencia y la inestabilidad han plagado las prisiones desde los años ochenta, cuando el país adoptó una nueva constitución. Sin embargo, la violencia aumentó con la política de “mano dura”, o de tolerancia cero, empleada por el presidente Ricardo Maduro (2002-2006). La política, que demostró ser muy popular en Latinoamérica debido a las altas tasas de criminalidad, se deriva de la teoría de las ventanas rotas, que sostiene que los crímenes más graves ocurren debido a violaciones de menor importancia. En otras palabras, esta política interna a las personas, especialmente a los jóvenes, por crímenes pequeños, y los encarcela para evitar que cometan delitos a gran escala en el futuro. Al tiempo, la política ignora en gran medida a los delitos de cuello blanco. Utilizadas principalmente para enfocarse en los esperanzados votantes, estas políticas han demostrado ser engañosas, pues no han logrado resolver los problemas de inseguridad. Los problemas que Maduro enfrentó y trató de superar -la violencia, el tráfico de drogas, y la continua impunidad dentro de las prisiones- todavía deben ser manejados adecuadamente.
Pequeños avances
A pesar de los abrumadores problemas del sistema penitenciario hondureño se han presentado algunas pequeñas señales de progreso. El gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) estableció una iniciativa en 2013 que dio a los internos algunos motivos para sentirse esperanzados. El proyecto consistió en que los presos construyeran escritorios y pizarras para las escuelas públicas. Lobo explicó que esto daría a los reclusos un trabajo para mantenerse ocupados, al tiempo que daba a los niños una pequeña esperanza de un mejor futuro en un entorno educativo ligeramente mejorado. No obstante, todavía había una escasez de 400 escritorios al comienzo de este año escolar. Se espera que el implacable enfoque de mano dura contra el crimen implementado por Hernández no vaya a impedir la continuación de, incluso, estos pequeños logros.
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Además, iniciativas como la tomada para bloquear las señales de los teléfonos celulares en las prisiones potencialmente ayudarán a restablecer el control en los centros penitenciarios de Honduras. Es un hecho conocido que los presos ingresan celulares de contrabando a las prisiones, y los utilizan para comunicarse con miembros externos del crimen organizado con el fin de planear secuestros, la venta de drogas, e incluso asesinatos.
Otras entidades hondureñas también han tomado la iniciativa de reformar el sistema penitenciario del país. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras recientemente contrató a 100 personas en un programa de cinco meses para ayudar a defender a los presos de las violaciones a los derechos humanos. La universidad cita sus áreas prioritarias como la salud, la educación, la nutrición y la defensa de los derechos humanos.
Apoyo internacional
A nivel internacional se ha producido una considerable cantidad de apoyo para ayudar a redefinir y reconstruir algunas de las peores prisiones de Honduras. Israel ha propuesto una oferta para construir prisiones de máxima seguridad en vista del incendio que tomó lugar en la prisión de Comayagua en febrero de 2012. Por otro lado Europa también está llegando a la ayuda de la nación centroamericana; con el anuncio de la Unión Europea, el pasado 14 de mayo, de que invertirá US$ 1,37 millones en reparaciones penales para combatir el crimen organizada y promover reformas en los países del Sistema de la Integración Centroamericana, de la cual Honduras es miembro. Se supone que el programa debe generar una propuesta regional para unificar la legislación penal de los países. Se enmarca en la Estrategia de Seguridad Centroamericana, que coordina más de 20 iniciativas que tienen como objetivo combatir la criminalidad en la región. Más de 3.300 policías, jueces y abogados han sido designados para esta tarea.
Observaciones finales
El gobierno de Hernández tiene mucho en sus manos. No importa la cantidad de ayuda que la comunidad internacional esté dispuesta a proporcionar para ayudar a fortalecer el sistema penitenciario del país, el mantenimiento, por no hablar de la reforma, de estas prisiones es una enorme tarea que el gobierno de Honduras, con su pobre historial, debe asumir. Una vez las prisiones sean construidas se deben tomar las acciones necesarias para mantener sus operaciones, por no mencionar proceder con las reformas. Guardias calificados y bien pagados reducirían la tentación de la corrupción. En términos más generales, Hernández debe asignar fondos a las organizaciones adecuadas, en lugar de a las billeteras de los congresistas, que no es una tarea fácil.
Lo más importante es que el presidente deberá revisar su enfoque de mano dura. Este sistema de castigo opresivo ha contribuido en gran medida a la sobrepoblación de las prisiones. En la actualidad hay 12.263 personas encarceladas en las 24 prisiones de Honduras, a pesar de que los establecimientos fueron construidos para albergar a 8.120 reclusos. Irónicamente, esto ayuda a que las pandillas se consoliden y proliferen en todo el sistema penitenciario. Por lo tanto, las políticas de tolerancia cero generan una interesante paradoja, creando un terreno fértil para que las pandillas se institucionalicen y mejoren su aplomo para desafiar a las autoridades hondureñas.
La mentalidad de mano dura no logra sentar un precedente positivo para el futuro de Honduras. “Violencia engendra violencia” es un proverbio español común. Si los políticos no se ocupan de las deficiencias del sistema penitenciario, entonces los presos utilizarán el trato injusto para justificar sus acciones. Como el informe de derechos humanos de 2013 aconsejó, el gobierno debe hacer de la reforma penitenciaria una prioridad de su agenda política, y centrarse en la rehabilitación de los reclusos y en su posterior reintroducción en la sociedad. La continuidad de las pocas políticas exitosas actuales, la creación de un marco jurídico adecuado y de un presupuesto responsable, y la integración institucional son elementos cruciales para mejorar el sistema penal. Es poco probable que estas necesarias reformas produzcan frutos si se continua abordando al crimen con enfoques de mano dura.
*Ada Cruz-Torres es una Investigadora Asociada en el Consejo de Asuntos Hemisféricos.
Este artículo apareció originalmente en el sitio web del Consejo de Asuntos Hemisféricos y fue publicado y traducido con permiso. Vea el artículo original en inglés, incluyendo las citas, aquí.