Cinco expresidentes de Brasil se han visto implicados en el escándalo por los sobornos

Un escándalo de corrupción que va de largo en Brasil, e implica a numerosos miembros de la élite se ha ensanchado aún más después de que un juez aprobara solicitudes de apertura de investigaciones a docenas de otros políticos, entre ellos varios altos representantes del actual gobierno, por sospecha de participación en un masivo esquema de sobornos.

El 11 de abril, el juez Edson Fachin del Tribunal Federal Supremo de Brasil autorizó nuevas investigaciones a más de 70 de los sospechosos que resultaron implicados en actividades corruptas dentro del testimonio de declaración de culpabilidad rendida por ejecutivos de la mayor firma constructora del país, Odebrecht S.A.

Los testimonios se obtuvieron de docenas de ejecutivos activos y retirados de Odebrecht, una empresa que ha admitido en público que su "División de Operaciones Estructuradas" pagó a funcionarios de gobiernos de toda Latinoamérica un total de casi US$800 millones en coimas por más de una década, con el objetivo de asegurarse la concesión de contratos de obras públicas. Casi la mitad del monto total de los pagos de coimas se hicieron en Brasil.

Según una base de datos compilada por O Globo, la decisión de Fachin eleva a 97 el número de políticos brasileños investigados por el Tribunal Supremo en conexión con el esquema. (El sistema legal brasileño requiere aprobación y ejecución del Tribunal Supremo en ciertos tipos de investigaciones contra altos funcionarios de gobierno).

Un fiscal asignado al caso comentó en marzo que los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht podrían conducir a "más de 350 nuevas investigaciones" relacionadas con el caso.

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Entre los nombres de " la lista de Fachin", como la llamaron los medios brasileños, se encuentran los de ocho ministros de la administración del actual presidente Michel Temer, incluyendo al jefe de Cámara, su secretaria general, su ministro de relaciones exteriores, entre otros.

Además, más de 60 senadores y congresistas del total de 594 representantes del país, incluyendo la presidente de la cámara baja Rodrigo Maia, aparecieron nombrados en la lista, y varios gobernadores.

En relación con lo anterior, los cinco últimos presidentes que ha tenido Brasil resultaron salpicados por el escándalo de Odebrecht. Cuatro de ellos: Dilma Rousseff, Luiz Inácio "Lula" da Silva, Fernando Henrique Cardoso y José Sarney enfrentarán investigaciones por corrupción en un juzgado de primera instancia.

El expresidente restante, Fernando Collor, será investigado por el Tribunal Supremo por su condición de senador en ejercicio. El actual presidente Temer también ha sido vinculado al escándalo, pero no puede investigársele porque goza de "inmunidad temporal" como presidente.

El expresidente de Odebrecht Marcelo Odebrecht declaró como parte de una sentencia negociada que tanto Rousseff como Da Silva tenían conocimiento de que la firma hacía cuantiosos pagos ilícitos para apoyar sus campañas presidenciales.

Da Silva negó cualquier delito y criticó a los fiscales por "acusar a cualquiera sin pruebas" en una entrevista reciente con Rádio Metrópole. Temer también desechó las acusaciones en su contra. Rousseff y Cardoso no han hecho comentarios en público.

Otros miembros de la élite de toda la región también se han visto ligados al escándalo. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht declaró que el expresidente peruano Ollanta Humala recibió de Odebrecht unos US$3 millones en financiación para su campaña. Otro expresidente de Perú, Alejandro Toledo, es buscado en su país por aceptar presuntamente unos US$20 millones en coimas de Odebrecht.

Análisis de InSight Crime

La continua expansión de las investigaciones de Odebrecht podría impactar la estabilidad política y económica de Brasil, que ya enfrenta la peor recesión de su historia. Las investigaciones que se están abriendo contra tantos altos funcionarios, combinados con los atroces índices de aprobación de Temer, que apenas superan el dígito, podrían complicar los esfuerzos por implementar políticas y aprobar la legislación necesaria para hacer frente a los apremiantes problemas económicos del país.

Esto podría tener implicaciones en la situación de seguridad más general del país. Por ejemplo, a comienzos de este año se atribuyó a los déficits presupuestarios la culpa por la ola de crimen y violencia en el estado de Espírito Santo, donde una una crisis presupuestaria militar salió a las calles y generó escasez de agentes. De igual manera, una crisis presupuestaria en Rio de Janeiro motivó que el gobierno federal enviara a miles de agentes de la policía militar a reforzar la seguridad de la ciudad antes de la celebración de su Carnaval de fama mundial, a finales de febrero.

Adicionalmente, la falta de fondos crónica en el infernal sistema carcelario del país ha permitido que las pandillas conviertan las prisiones en bases de reclutamiento y de operaciones, así como en sangrientos campos de batalla por conflictos con grupos rivales.

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En ausencia de una acción efectiva del gobierno brasileño para devolver el rumbo a la economía, es probable que esos problemas persistan —y empeoren— hasta convertirse en una grave amenaza para la seguridad en el país más grande y populoso de Latinoamérica.

Al mismo tiempo, quedan muchas preguntas por responder sobre el horizonte de las nuevas investigaciones. La experiencia previa indica que estos casos transitarán a paso lento por el sobrecargado Tribunal Supremo de Brasil, y cabe la posibilidad de que algunos de los acusados acepten negociar sus sentencias para reducir penas a cambio de suministrar información relevante para las investigaciones. También es posible que las élites políticas se unan para aprobar alguna especie de amnistía para los acusados de participación en el escándalo de Odebrecht, aunque esa medida tendría que superar importantes obstáculos políticos.

Aunque las recientes investigaciones contra la corrupción en Brasil han tenido apoyo popular generalizado porque ayudan a exponer la naturaleza sistémica de la corrupción en el país, aún está por verse su impacto final. Ejemplos históricos de esfuerzos similares de amplio alcance contra la corrupción en otros países, como Italia, indican que esos esfuerzos no siempre terminan con resultados del todo exitosos.