Un lote de autos allanado durante la 'Operación Jaque'. Foto de Fred Ramos/El Faro

La operación masiva que la Fiscalía salvadoreña lanzó la semana pasada contra la Mara Salvatrucha ha reiterado una de las sospechas que rondaron a la tregua pandillera de 2012-2013, establecida entre la MS13, el Barrio 18 y la administración del expresidente Mauricio Funes: durante y después del pacto el Estado salvadoreño ofreció facilidades a líderes pandilleros que terminaron por fortalecer a la pandilla.

La Fiscalía denominó “Operación Jaque” a una investigación que inició en 2015, y que recoge elementos de otra pesquisa más amplia iniciada en 2014 inmediatamente después del rompimiento de la tregua.

Documentos introducidos a un juzgado especializado de San Salvador a propósito de esa operación indican que, según la Fiscalía salvadoreña, la MS13 llegó a ganar hasta US$25 millones durante la tregua, que uno de sus principales líderes ganaba un salario en la alcaldía de un importante suburbio de la capital y que ese líder, de quien hoy los fiscales dicen que es una especie de cerebro financiero de la pandilla, recibió, poco después de salir de prisión en 2013, un permiso de portar armas del Ministerio de Defensa.

La semana pasada, la Fiscalía presentó a los tribunales de San Salvador a 77 pandilleros, entre recién capturados y otros que ya estaban presos, y acusó a media docena de ellos de ser miembros de la estructura financiera nacional de la pandilla. Uno de los principales acusados es Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias Piwa, un miembro del liderazgo histórico de la MS13, la ranfla, que participó en las negociaciones de la tregua de 2012 y salió en 2013, cuando el pacto aún estaba vigente, convertido en pastor evangélico.

“Piwa” ha sido desde entonces, dice la Fiscalía, uno de los cerebros financieros de la MS13; el arquitecto de un emporio que según el Ministerio Público incluye negocios que van desde líneas de autobuses colectivos, “car-wash” y prostíbulos. Según los investigadores, su liderazgo se consolidó en 2015 cuando durante la administración de Sánchez Cerén, la ranfla de la MS13 que había negociado y administrado la tregua, fue trasladada de nuevo al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, de donde la administración Funes los había movido a cárceles de menor seguridad precisamente para que mejoraran su comunicación con los líderes del exterior para afianzar el pacto.

“Él fue señalado por miembros de la misma estructura como uno de los beneficiados por el gobierno que recibieron US$25 millones a consecuencia de la denominada tregua entre pandillas”, dijo el martes 2 de agosto la jueza del caso durante una audiencia en la que decretó la detención para 77 de los pandilleros acusados tras la “Operación Jaque”, incluido “Piwa”.

El tema de los US$25 millones, sin embargo, es vago. Uno de los fiscales asignados al caso dijo que fue algo que escucharon en intervenciones ordenadas a las comunicaciones de “Piwa”. La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado más prueba que esa para justificar esta acusación.

La acusación introducida al Juzgado Especializado A de San Salvador indica que “Piwa” fue clave en el funcionamiento de “La Federación”, una especie de liderazgo espejo que la ranfla histórica de la prisión ayudó a levantar en las calles para fortalecer a la MS13. Sin embargo, como ya señaló InSight Crime, según el fiscal general Douglas Meléndez esos liderazgos, la ranfla y la Federación, no compartían las ganancias de sus negocios con las decenas de miles de pandilleros miembros de la MS13.

Al “Piwa” no le fue mal cuando salió de prisión el 25 de octubre de 2013 después de haber estado ahí 15 años por un homicidio: tres meses después de su salida, en diciembre de 2013, el Ministerio de Defensa, ya entonces liderado por el general David Munguía Payés, el principal arquitecto de la tregua cuando fue Ministro de Seguridad Pública durante la administración Funes, extendió al líder pandillero un permiso para portar armas de fuego.

Defensa, el ministerio cuyo departamento de inteligencia fue esencial para ejecutar la tregua, otorgó un permiso a la misma persona de quien hoy la Fiscalía dice que es el cerebro financiero de la MS13 y uno de los hombres más poderosos de la pandilla. Munguía Payés ha intentado explicar el tema diciendo que Defensa recibió en orden la solvencia policial y de centros penales requeridos para extender este tipo de autorizaciones, pero el jefe de la Policía, el comisionado Howard Cotto, ha dicho que la solvencia policial pudo haber sido falsificada.

Además de legalizar una pistola, el “Piwa” consiguió un trabajo, y no uno sin importancia: el acalde de Ilopango, Salvador Ruano del partido ARENA (oposición), lo puso al frente de la administración de los fondos que otorgaba a jóvenes en riesgo el Programa de Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), un mecanismo de asistencia financiado en parte con fondos estadounidenses. Por esa labor, “Piwa” ganaba entre 300 y 800 dólares al mes.

El alcalde Ruano ha aceptado que Ramos Quintanilla trabajó en su alcaldía, pero ha dicho que quien lo recomendó para el puesto fue, precisamente, el general Munguía Payés. Cuestionado por reporteros, Ruano llegó a decir: “si me van a meter preso a mí, que metan preso a Munguía y a Funes (el ex presidente)”.

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Uno de los principales supuestos de la tregua, según la han explicado algunos de sus protagonistas en la administración Funes así como los llamados mediadores, es que habría una primera fase de reducción de homicidios —de hecho, durante los meses que el pacto estuvo vigente la cifra se redujo hasta en un 60%— y luego una segunda fase en que el Estado invertiría fondos públicos en programas de prevención de violencia como el PATI. Sin embargo, el ex presidente Funes, quien según Munguía Payés estuvo siempre al tanto de todas las decisiones relativas a la tregua, nunca se atrevió a asumir como suyo el pacto, a pesar de que sí intentó sacar raja política de la baja de homicidios.

Esta nueva investigación también ha reiterado que la MS13 ha tenido, desde hace años, acceso a armas largas, buena parte de ellas provenientes del ejército salvadoreño, y, con ello, ha reavivado la sospecha de que existe una red de contrabando de armas al interior de la Fuerza Armada. La acusación de la Fiscalía habla, por ejemplo, de que un grupo de pandilleros tuvo acceso a tres ametralladoras M-60 que compraron en el mercado negro y que habían sido robadas de un depósito del Ejército (la Fiscalía abrió en su momento una investigación por ese robo, pero los militares implicados fueron exonerados).

Análisis de InSight Crime

La “Operación Jaque” parece seguir la línea de acción escogida por Douglas Meléndez, el fiscal general que tomó posesión del cargo a inicios de este año: investigaciones masivas a las finanzas y liderazgos de la pandilla. En esta ocasión, según se percibe en los documentos presentados ante el tribunal, el Ministerio Público ha mapeado una extensa red de negocios que, dice, están relacionados a la MS13.

Algunas de las acusaciones presentadas, no obstante, parecen bastante vagas, como es el caso de los US$25 millones que la pandilla dice haber recibido: aparte de lo escuchado en una conversación telefónica el Ministerio Público no ha presentado por ahora trazas que vinculen erogaciones tan fuertes como esa con los bolsillos de los líderes de la MS13.

Pero, más allá de eso, “Operación Jaque” reitera que el Estado salvadoreño, desde sus niveles más altos, facilitó la tregua e incluso que algunas de sus acciones habrían ayudado al fortalecimiento financiero y organizacional de la ranfla y la Federación. De hecho, según la tesis fiscal, la Federación, esa especie de liderazgo espejo instaurado por “Piwa” en la calle tras su salida de la cárcel durante la tregua, es producto de decisiones que la ranfla tomó mientras el pacto estuvo vigente.

En mayo pasado, el fiscal Meléndez dirigió otra operación similar, aquella orientada a uno de los mediadores de la tregua, Raúl Mijango, y a ex funcionarios de prisiones y de la inteligencia policial a los que acusó de facilitar el pacto. Buena parte de esos acusados ya está libre, aunque el proceso contra ellos continúa.

Tanto en la “Operación Jaque” como después de los operativos de mayo, la Fiscalía ha presentado a los tribunales escritos que hablan de una conspiración estatal y que criminalizan buena parte de los aspectos de la tregua. Meléndez y sus fiscales, sin embargo, han dicho que no tienen suficientes elementos para investigar a funcionarios de alto nivel como el ministro Munguía Payés.