Pandilleros de la facción 'Sureños' en la prisión Cojutepeque

Este martes 2 de septiembre se cumplen 10 años desde que el Estado salvadoreño asignó cárceles exclusivas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. La medida es hoy señalada por académicos e investigadores como una de las que provocó la radicalización del fenómeno de las maras, pero muy pocas voces la adversaron mientras se gestaba. Casualmente, el aniversario llega en medio de un incipiente debate sobre si revertir la segregación es viable o no.

El 2 de septiembre de 2004 no es fecha que se estudia en escuelas ni está en libros de la historia reciente de El Salvador; ni siquiera los expertos en seguridad la tienen muy presente. Pero aquel día se consumó un hecho trascendental: aquel día el Estado elevó a la categoría de política pública la entrega de cárceles exclusivas a las principales pandillas, una arriesgada medida que ningún otro país de la región se atrevió a replicar.

La madrugada de aquel jueves, cerca de 1.100 privados de libertad –casi el 10 por ciento de la población penitenciaria– fueron movilizados de forma simultánea entre cuatro cárceles del país: Apanteos (Santa Ana), Sonsonate, Quezaltepeque (La Libertad) y Ciudad Barrios (San Miguel). Más de 700 eran pandilleros activos de la Mara Salvatrucha (MS13), que celebraron como una victoria que el gobierno les concediera al fin uno de sus reclamos más sentidos.

Los siguientes son extractos de un artículo publicado originalmente en Sala Negra de El Faro y fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí. 

Dos semanas atrás, los celebradores habían sido sus archirrivales del Barrio 18, aunque tuvieran que hacerlo un día después de la masacre carcelaria más mortífera del siglo –no menos de 32 fallecidos– la del 18 de agosto en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Unos 360 dieciocheros fueron llevados a Cojutepeque, a una cárcel que paradójicamente había sido clausurada oficialmente un año antes por céntrica y obsoleta, y de la que se anunció que se convertiría en un centro cultural.

En una nota publicada en su edición del 3 de septiembre, El Diario de Hoy sintetizó en un párrafo el nuevo escenario: “Desde ayer, los penales de Quezaltepeque y Ciudad Barrios están asignados para los de la Mara Salvatrucha; y los de Chalatenango y Cojutepeque, para los de (Barrio) 18”.

El operativo, desarrollado en la misma semana que el expresidente Antonio Saca presentaba con bombo y platillo su Plan Súper Mano Dura, no levantó polvareda alguna. No la adversaron los partidos de oposición; ni siquiera las oenegés e instituciones que en esos años renegaban consuetudinariamente contra cualquier paso que daba el gobierno de Arena en materia de seguridad pública.

Rodolfo Garay Pineda, el director general de Centros Penales que ejecutó la segregación, cree tener la explicación al por qué una de las medidas que más parece haber influido en la radicalización del fenómeno de las maras se digirió sin debate en la sociedad salvadoreña: “Si no se separaban las pandillas, conservar la estabilidad era imposible… ¡imposible! La separación fue un instrumento indispensable para conservar el control de los centros”.

Las consecuencias

El 2 de septiembre de 2004 el Estado prácticamente fijó el esquema de segregación de pandillas vigente en la actualidad: a la Mara Salvatrucha le entregó por completo los penales de Ciudad Barrios y Quezaltepeque; al Barrio 18, los de Cojutepeque y Chalatenango. La cárcel de Sonsonate se reservó para pandilleros retirados, aquellos a los que los activos llaman pesetas.

En la década transcurrida, sin embargo, ha habido algunos movimientos que, si bien no han alterado el orden establecido, conviene consignar: en 2006 el Estado realizó una permuta de pandillas entre los penales de Chalatenango y Quezaltepeque; el crecimiento de la población penitenciaria permitió a los emeeses ganar sectores en los penales de San Francisco Gotera y de Apanteos; en 2007 al Barrio 18 le fue asignada Izalco, de nueva construcción; y la posterior ruptura de la 18 en dos facciones, consumada en 2009-2010, hizo que Cojutepeque se convirtiera en el centro de mando de los Sureños, y Quezaltepeque, en el de los Revolucionarios, y que en Izalco se adecuaran dos sectores independientes.

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La estrategia de los centros penales exclusivos se vendió en 2004 como la única que permitiría el manejo del sistema penitenciario y que evitaría violencia y masacres, pero parece que no se valoraron las consecuencias de retener bajo un mismo techo a 1.000 o a 2.000 homies ociosos.

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Sin el lenguaje florido-retorcido de los académicos, Sleepy, el aka falso de un pandillero retirado que aceptó hablar para este reportaje bajo condición de anonimato, dice en esencia lo mismo: “En la historia de las pandillas hay dos momentos importantes: el primero, cuando les dieron las cárceles; y luego, la tregua”.

Génesis y evolución

Lo que ocurrió aquel 2 de septiembre de 2004 no fue una calentura, una improvisación del Estado con la que nadie contaba. Al contrario. Si se amplía el encuadre y se mira lo sucedido desde mediados de los años noventa, el operativo se asemeja más a la colocación de la última pieza de un rompecabezas.

Es cierto que la masacre de Mariona lo aceleró todo, pero la entrega de cárceles se hubiera consumado también sin esa matanza. “Quizá no en ese momento, pero sí seis meses o un año después”, dice el exdirector Garay Pineda, el arquitecto de la segregación. Él está convencido de que, ante el deplorable estado de las cárceles, el hacinamiento y la propia evolución del fenómeno de las pandillas, era la única alternativa real.

Cuesta dilucidar si es un agravante o un atenuante de la decisión del exdirector Garay Pineda, pero las maras no son lo que eran. Los números y las letras no han cambiado, pero poco tienen que ver la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 de los años noventa con esas mismas agrupaciones en 2003; y mucho menos con las estructuras del crimen organizado que mantienen en jaque al país en 2014.

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En los años noventa, los pandilleros detenidos eran asignados por lo general al centro penal más cercano: el emeese de San Miguel, al penal de San Miguel; el de Chalchuapa, a Apanteos; el dieciochero de Soyapango, a Mariona… Así se hizo por años, hasta que los pandilleros comenzaron a ganar no solo presencia numérica dentro del sistema, sino también determinación para hacer frente a los grupos de poder de reos comunes establecidos.

Observada hoy desde la distancia, la segregación fue la consecuencia de un complejo y sangriento proceso que se prolongó casi una década. Arrancó a mediados de los noventa con el mismo inicio de la guerra entre las pandillas; hubo cesiones intermedias del Estado, primero con la asignación de celdas exclusivas dentro de las cárceles, luego pabellones, luego sectores enteros... hasta aquellos traslados del 2 de septiembre de 2004.

No es tan conocido que, en la génesis del largo debate, los protagonistas no fueron los privados de libertad adultos, sino los pandilleros encerrados en centros de internamiento de menores. “La medida se tomó con los adolescentes primero y luego se trasladó a los adultos”, dice María Teresa de Mejía, directora general entre 1993 y 2000 del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM, el actual ISNA).

Siendo el fenómeno de las pandillas una expresión mayoritariamente juvenil, de alguna manera la lógica se impuso. Fueron los niños pandilleros a los que el Estado primero les asignó recintos exclusivos: para finales del año 2000, el Centro de Internamiento de Menores Tonacatepeque el de la Mara Salvatrucha, y El Espino (Ahuachapán), el del Barrio 18.

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Pasaron cuatro años hasta que la segregación se replicó con los adultos, pero la semilla se había sembrado.

“En mi época ya discutíamos si se separaban o se dejaban juntos”, dice Francisco Bertrand Galindo, ministro de Seguridad Pública desde junio de 1999 hasta mayo de 2002. “La idea de que no podían estar juntos nació tras los sucesos de Ciudad Barrios”, apuntala. Se refiere al sangriento amotinamiento entre menores de septiembre de 1999, que se saldó con un destazado y más de 40 heridos.

Aunque la segregación no se consumó bajo su mandato, Bertrand Galindo admite que estaba a favor: “Había argumentos a favor y en contra, y yo tenía claro que crear cárceles para cada pandilla se vuelve una retaguardia para ellos, pero el punto era que si los dejábamos en un mismo recinto, con el nivel de violencia que tenían y la debilidad de las infraestructuras, el Estado no podía evitar que se mataran”.

Con el nuevo milenio el Estado fue dosificando la segregación. Para 2002 ya había varios centros con fuerte presencia de pandilleros: Quezaltepeque, Chalatenango, Apanteos e incluso Ciudad Barrios, que cuando fue reabierto como cárcel para adultos recibió en primera instancia a un nutrido grupo de dieciocheros, encabezados por Carlos Mojica Lechuga (a) Viejo Lyn.

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Inés de Medina era en esos años la presidenta de Confraternidad Carcelaria, una oenegé vinculada a la Iglesia Católica que trabaja en los penales. “Los pandilleros trataban de imponerse en cada cárcel –dice– y las autoridades no sabían qué hacer. Por eso surgió la idea de la separación: quisieron evitar las confrontaciones y los muertos, pero no pensaron en lo que iba a pasar después”.

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El penal de Mariona, el más poblado del país, tuvo su propia dinámica. Los pandilleros siempre fueron minoría ante el poderío de la banda de un civil llamado Bruno, que tenía el control absoluto del centro.

Sleepy, el dieciochero hoy retirado, estuvo preso entre 2000 y 2003: “Cuando yo entro en Mariona, en mi celda había veintipico, y éramos tres de la 18, cuatro de las letras, y los demás, civiles. Y ahí dormíamos y bromeábamos porque todos sabíamos quién mandaba, ¿ya? Bruno y su raza sí mantenían el control, y los pandilleros, callados, porque media vez sabían que nos estábamos reuniendo para algo, nos caía la gran garroteada. En otras cárceles no era así. El grupo que domina es el que impone sus reglas, y si en otro penal los civiles eran minoría, los pandilleros hasta los obligaban a brincarse. Por eso Mariona hay que verlo separado del resto”.

Para agosto de 2004, ya habían evacuado a los emeeses de Mariona, y los dieciocheros sumaban unos 400; siempre minoría, pero un número que juzgaron suficiente para plantar cara a La Raza, los despojos del otrora omnipresente grupo de Bruno, después de que este fuera trasladado a otro penal. Ese choque de poderes es el que se saldó con no menos de 32 fallecidos de ambos lados.

Al día siguiente, el Estado entregó a los dieciocheros supervivientes de Mariona el penal de Cojutepeque.

Y dos semanas después, aquel 2 de septiembre, el Estado entregó Ciudad Barrios y Quezaltepeque a la Mara Salvatrucha.

“Nadie previó. Nadie protestó”

Tres, seis, 10 años después de consumada la segregación, son incontables los analistas académicos, políticos, jueces, investigadores, periodistas y oenegeros que claman contra la medida. “Cuando dividimos a los pandilleros en los penales, comenzamos a fortalecerlos”, dice Benito Lara, el nuevo ministro de Seguridad Pública.

Pero esas voces no se oyeron en 2002 ni en 2003 ni en 2004.

“¡Nunca! Nadie previó. Nadie protestó. Al contrario. Hubo un apoyo tácito incluso de aquellos que clásicamente nos cuestionaban con fines políticos. Fespad calló. IEJES calló. El Idhuca calló”, responde enérgico el exdirector Garay Pineda cuando se le pregunta si alguien advirtió la posibilidad de que las pandillas se volvieran más peligrosas.

“Yo creo que Fespad sí se pronunció en algún informe en contra de esa decisión, pero sí, tiene razón, sin ser tan beligerantes. Frente al drama de una matanza, siempre es más difícil decir que era algo equivocado”, dice Jaime Martínez.

“El problema es que algo había que hacer. No era necesariamente lo correcto, pero era una respuesta a la situación”, dice la juez Astrid Torres.

“No hubo debate público, no”, sentencia el exministro Bertrand Galindo.

La hemeroteca también da la razón a Garay Pineda. Contra el manodurismo, una política pública contemporánea, desde el entramado político-oenegero se respondió con una batería de recursos de amparo, comunicados de rechazo y campos pagados en diarios, pero contra la segregación apenas se dijo algo.

Quizá había alternativa

En los años en los que la segregación se gestaba, el CNSP tuvo un perfil relativamente alto; era de las siglas con presencia constante en las redacciones. Entre 1999 y 2004 el presidente de la institución fue Salvador Samayoa, un exdirigente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) que asumió el reto de involucrarse en la seguridad pública durante la administración del expresidente Francisco Flores.

Samayoa insiste en que estuvo tan al margen del debate de la segregación que ni siquiera le pidieron opinión. Esa lejanía, anómala si se tiene en cuenta su cargo, la apoya en el hecho de que, en un gobierno tan ideologizado como el del expresidente Flores, él era visto con recelo por su pasado guerrillero. Justo antes de que asumiera las riendas del CNSP, un decreto ejecutivo circunscribió sus labores a tareas de prevención en zonas de riesgo.

“La separación de las pandillas la cocinaron ellos”, dice –donde ‘ellos’ es el gabinete de seguridad–, pero “yo creo que las decisiones de ese tipo no son buenas o malas per se. Yo, por ejemplo, tuve contacto con el lado positivo de la decisión”.

Samayoa comprendió que, cuando se trataba de zonas con alta incidencia de pandillas, lo más productivo era dialogar con los líderes. Y lo hizo.

—Rehabilitar a privados de libertad no era mi trabajo, pero comencé a hablar con ellos por razones de orden práctico: estaban prácticamente en todos los barrios en los que trabajábamos, y tenían la influencia para obstruir o ayudar.


—¿Trabajó con las dos pandillas?


—No, solo con la MS y fue una intuición: me pareció que los de la 18 tenían un perfil más loco, más impredecible, menos confiable.

En los primeros años del nuevo milenio, el líder indiscutible de la Mara Salvatrucha era Borromeo Henríquez Solórzano (a) Diablito de Hollywood. Una década después, está preso en Ciudad Barrios. Él fue uno de los 30 palabreros que en marzo de 2012 el gobierno trasladó desde el Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca, lo que supuso el pistoletazo de salida de la tregua. Sigue siendo una de las voces más respetadas dentro de la MS13.

—El liderazgo de Borromeo era muy sólido y muy responsable –dice Samayoa–. Yo todo, absolutamente todo, lo traté con él, porque la palabra suya valía plenamente. Por supuesto, valía mucho más que la de los políticos.


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Se aleja tantito del tema principal de este reportaje, pero lo que Salvador Samayoa sugiere entre líneas es la validez y la utilidad de la negociación con los líderes de las pandillas. Él asegura que El Salvador tuvo beneficios concretos por sus esfuerzos en el CNSP: “El salto de las pandillas no fue en el quinquenio 1999-2004, sino después”. Sea causa-consecuencia o pura casualidad, lo cierto es que el fenómeno se descontroló cuando el gobierno dinamitó los espacios de entendimiento con las maras y apostó por el manodurismo.

—Yo siempre pensé, y lo sigo pensando, que una de las deficiencias inmensas que hemos tenido en El Salvador con el tema de las pandillas es que nadie, o muy poca gente, se ha tomado siquiera la molestia de intentar comprender el fenómeno, de entenderlo desde el punto de visto antropológico, sociológico e histórico.

Las cárceles de las maras, hoy

Dice Roberto Valencia, periodista de la Sala Negra:

“En los últimos tres años he entrado repetidas veces en Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Cojutepeque e Izalco. Supongo que será por ser la más reciente, pero Izalco sí da la sensación de que el Estado tiene cierto control sobre lo que sucede adentro; por de pronto, los reos están uniformados, y cuando se mueven de un sector a otro lo hacen encadenados de pies y manos. Cojutepeque y Quezaltepeque el gobierno se las dio al Barrio 18, Sureños y Revolucionarios respectivamente. En los dos el Estado prácticamente se limita a controlar los muros y las oficinas administrativas, al punto que ni siquiera está en capacidad de repartir la comida entre los internos; la entregan en grandes recipientes en los portones y las pandillas la distribuyen entre sus homies. Cuando uno entra como periodista, lo hace solo si tiene el aval de los palabreros –de nada sirve la autorización del director del penal– e ingresa, literalmente, por su propio riesgo. Pero la cárcel más impresionante sin duda es Ciudad Barrios, el cuartel general de la Mara Salvatrucha, que tiene los mismos males que las dos anteriores, solo que multiplicados, ya que alberga a unos 2.500 activos. Sin las rígidas normas de convivencia y de disciplina de las pandillas, sería una auténtica jungla, pero milagrosamente cada día amanece y anochece sin que esa bomba de tiempo genere titulares. Ciudad Barrios es también un mercado en el que todo se compra y todo se vende, pero con un orden tan improbable como real; los internos se encierran en las celdas por las noches porque ellos así lo quieren, como una cortesía con el sistema; y cuando uno ingresa, los custodios te dejan solo con los anfitriones y cierran con llave el portón a tu espalda. Adentro, la sensación de que el Estado se desvaneció es inevitable”.

¿Es reversible la segregación?

Desde el 11 de junio de 2014 hay en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria que propone agregar un inciso al artículo 68. Este: “Para efectos de destino o ubicación de los internos, no podrá hacerse distinción entre centros penitenciarios en razón de su pertenencia a maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”.

La pieza de correspondencia se enmarca en el ambiente preelectoral por las legislativas de 2015, y la firmó Guillermo Gallegos (del partido Gana), paradójicamente uno de los diputados que con sus votos enalteció el manodurismo.

Cuando en 2004 el Estado entregó sus cárceles a las maras había 12.000 personas encerradas, y hoy son casi 28.000, en un sistema diseñado para poco más de 8.000. A pesar de estas cifras, el ministro Benito Lara ha dejado entrever en un par de ocasiones que el gobierno está considerando volver a juntar en el mismo patio carcelario a dieciocheros, emeeses y civiles.

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—¿Juntarán pandilleros de la MS y de la 18 en un mismo penal? –encaró un periodista al ministro Benito Lara durante una conferencia de prensa celebrada el 30 de julio.


—Lo que nosotros hemos planteado es que no podemos estar asignando centros penales cada vez que las pandillas se dividan o cuando tengan dificultades entre ellas. Es imposible. Nosotros no estamos en la disposición, porque… ¿dónde los íbamos a acomodar? O construirles nuevas instalaciones, porque… ¿con qué fondos?


—Pero, a corto o medio plazo, ¿van a convivir en cárceles salvadoreñas emeeses y dieciocheros, como usted ha sugerido?


—Eso es algo que vamos a tener que afrontar, pero a futuro. Ahora lo que tenemos claro es que no se pueden adecuar penales para cada grupo.

Gallo-gallina. Ambigüedad absoluta. La respuesta propia de un político que no lo tiene claro.

Más pragmático, el dieciochero retirado Sleepy tiene su opinión: “Juntarlos ahora sería tan absurdo como en su momento fue separarlos”. Aunque todo se puede negociar…

*Los anteriores fueron extractos de un artículo publicado originalmente en Sala Negra de El Faro y fue publicado con permiso. Vea el artículo original aquí.