Miembros de pandilla callejera MS13, de El Salvador

Un nuevo informe de El Salvador señala que las pandillas callejeras del país fueron las responsables del 84 por ciento de los desplazamientos forzados en 2016, en la guerra no declarada que azota al país.

Según el informe de la Mesa de la Sociedad Civil contra el desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado —conformado por diez organizaciones no gubernamentales— la Mara Salvatrucha (MS13) fue responsable de casi una tercera parte de los desplazamientos forzados causados por las pandillas, mientras sus rivales de Barrio 18 incidieron en otro tercio. 

En muchos casos, sin embargo, da la impresión de que los investigadores no lograron determinar cuál era la pandilla responsable o las víctimas no quisieron suministrar esa información. 

La policía dio cuenta de otro seis por ciento de los desplazamientos, seguida del ejército, con dos por ciento. 

De los 144 casos específicos en los que las víctimas suministraron información de su lugar de residencia y dónde ocurrió la violencia, la Mesa de la Sociedad Civil halló que 81 de  los 144 desplazamientos forzados ocurrieron en el departamento de San Salvador, seguido de 11 en La Paz. En San Salvador, el municipio de Mejicanos fue escenario de la mayoría de los desplazamientos con 21, seguido de los municipios de San Salvador y Soyapango con 16, y Ciudad Delgado con 5. 

El informe citó una amplia variedad de factores que contribuyeron al desplazamiento forzado. Las víctimas citaron amenazas como la causa más común de desplazamiento; el asesinato de un pariente, lesiones físicas y extorsión, entre otros. En 138 del total de 193 casos de desplazamiento forzado, una combinación de causas llevaron a que una persona saliera de la zona.

El informe documentó 193 casos de desplazamiento forzado en 2016, para un total de 699 víctimas. Sin embargo, la concentración de víctimas en la zona conurbada de San Salvador da la impresión de que la situación es más generalizada.

Análisis de InSight Crime 

El desplazamiento está muy asociado con la guerra, y las guerras motivan la acción, en especial de organismos multilaterales y organizaciones de asistencia internacional. Pero la guerra de pandillas en El Salvador nunca ha alcanzado esa categoría, pese al hecho de que cada vez se parece más a las guerras que han enfrentado muchos países. 

Durante años, las dos principales pandillas del país han estado enfrascadas en una cruenta batalla por el control territorial. En los últimos años, la policía y el ejército entraron al enfrentamiento. Y los grupos de vigilantes cobran cada vez más importancia en este conflicto de múltiples caras. 

El conflicto puso a El Salvador como país más violento de Latinoamérica en 2016 con una tasa de homicidios de 81,2 por 100.000, por debajo de una tasa de 102,9 por 100.000 habitantes en 2015. Los 907 homicidios denunciados en agosto de 2015 marcaron el pico en un solo mes desde que terminara la guerra civil de El Salvador en 1992.

Los combates desplazan personas, porque son luchas por territorio. Para las pandillas, el territorio implica ingresos, seguridad y reputación. Cuando una pandilla callejera impone control sobre cierta comunidad, puede extorsionarlos y vender drogas ilegales. Esto también les permite controlar información. Y les da espacio simbólico, que pueden usar para fortalecer su reputación y reclutas. Cualquier potencial enemigo o informante es expulsado, porque ese territorio es literalmente su fortaleza.

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Es en este contexto que la gente se desplaza. Una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) divulgado a finales del año en San Salvador revelaba que el 40,3 por ciento de los encuestados manifestaba el deseo de emigrar a otro país. Según el IUDOP, esta es la mayor tasa de personas que desean migrar con respecto a lo observado en sus encuestas de sondeo de fin de año a lo largo de la última década.

Otras encuestas también expresan este punto. Según el informe global de 2016 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, 500 personas se desplazaron en El Salvador en 2015 debido al conflicto y la violencia.