Dilma Rousseff y Luiz Inácio "Lula" da Silva, expresidentes de Brasil

El fiscal general de Brasil acusó a los expresidentes Luiz Inácio "Lula" da Silva y Dilma Rousseff de dirigir una "organización criminal", lo que significa un nuevo intento de los funcionarios judiciales por demostrar que el partido político de los exmandatarios funcionaba más como una estructura criminal. Pero sus acusaciones parecen exageradas y pueden establecer un peligroso precedente para los juicios en el futuro.

La Fiscalía General de Brasil anunció el 5 de septiembre que Lula, Rousseff y otros altos funcionarios del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores - PT) han sido acusados de participar en actividades de corrupción, lavado de dinero y "carteles" durante el período de 14 años que el partido estuvo en la presidencia.

El fiscal general Rodrigo Janot presentó una acusación de 230 páginas ante la Corte Suprema, en la que incrimina a Lula y a su sucesora Rousseff por actuar como líderes de una "organización criminal" que penetró muchos de los principales partidos políticos del país, así como empresas contratadas por el gobierno, altos funcionarios e instituciones financieras.

La acusación dice que el "grupo criminal" estaba dividido en cuatro partes: 1) política, 2) económica, 3) administrativa y 4) financiera. Dice además que cada "núcleo" estaba integrado a los otros y dependía de ellos, pero todos actuaban en contubernio y recibían claras órdenes de Lula y Rousseff.

"Era crimen organizado", escriben los fiscales, "con innumerables actores interconectados en una estructura horizontal, un modelo cooperativista, cuyos integrantes combinaban fuerzas y objetivos, como una estructura vertical y jerarquizada, con centros estratégicos de mando y control que tomaban las decisiones más importantes".

Estas acusaciones representan la primera vez que Rousseff enfrenta cargos criminales relacionados con la expansiva investigación anticorrupción conocida como "Operación Lavado de Autos" ("Operação Lava Jato"), que permitió descubrir masivos y complejos esquemas de influencias políticas y sobornos vinculados a conglomerados del sector privado, así como a empresas estatales. Lula ya había enfrentado otros cargos relacionados con la investigación.

Algunos observadores dicen que Janot, quien está llegando al final de su mandato de cuatro años, pudo haber lanzado estas fuertes acusaciones como "una estocada final" antes de abandonar el cargo.

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Janot indicó en la acusación que, aunque este conjunto particular de cargos se ha levantado contra funcionarios del Partido de los Trabajadores, hay otros partidos políticos que también están siendo investigados por su participación en una "única y compleja organización criminal".

De hecho, una de las figuras que está siendo investigada es el actual presidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Partido do Movimento Democrático Brasileño - PMDB). Según la acusación de Janot, después de que Rousseff fue acusada y destituida el año pasado, el PMDB asumió el liderazgo de la estructura criminal.

En el mes de junio, Janot acusó a Temer de "corrupción pasiva", pero una votación del Congreso en agosto le otorgó protección judicial. En los próximos días podría levantarse un segundo cargo contra Temer, lo que una vez más obligaría al Congreso a votar para decidir si el impopular presidente deberá enfrentar un juicio.

Recientemente han sido arrestados varios políticos vinculados a la administración Temer, entre ellos el exministro Geddel Vieira Lima, en cuyo apartamento la policía encontró maletas y cajas repletas de billetes por un valor de US$16,4 millones ($51 millones de reales) en efectivo.

La corrupción generalizada que azota a Brasil también se ilustra por las acusaciones presentadas por los fiscales el 5 de septiembre, según las cuales hubo altos funcionarios y empresarios brasileños que pagaron sobornos para garantizar que la ciudad de Río de Janeiro ganara la apuesta por ser el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2016 —un mega-evento que ha sido ampliamente investigado por haber propiciado nuevas oportunidades de soborno similares a la Operación Lavado de Autos—.

"Los Juegos Olímpicos se utilizaron como un gran trampolín para actos de corrupción", dijo la fiscal federal Fabiana Schneider.

Análisis de InSight Crime

Los fiscales brasileños habían acusado anteriormente a Lula de ser el "eje" de diversos esquemas criminales que fueron puestos en evidencia gracias a las investigaciones de la Operación Lavado de Autos. Pero esta es la primera vez que se han referido a los líderes del PT como los participantes clave de una estructura criminal organizada. En otras palabras, están argumentando que se trató de una conspiración.

Esto representa un significativo giro de estrategia, con el supuesto fin de enjuiciar a muchos más miembros del PT y quizá a otros políticos corruptos que parecen estar estafando sistemáticamente al gobierno. En efecto, a los fiscales no les resultará difícil probar que aquellos a quienes ellos están señalando participaron realmente en los sobornos o recibieron algún tipo de compensación. Haber tenido alguna posición de liderazgo —como es el caso de Rousseff— puede ser suficiente.

Este nuevo paso se da luego de una serie de juicios poco sólidos que ya han pasado por el sistema judicial. Lula fue acusado inicialmente de conformar y dirigir una extensa red de corrupción en el año 2016. Sin embargo, las graves acusaciones no coinciden con los cargos contra él, que giran en torno a su supuesta aceptación de un soborno de un millón de dólares, cantidad que parece poca en comparación con las que recibieron otros presuntos participantes en el esquema.

En la nueva acusación, Janot intenta construir un caso más sólido y señala no sólo a Lula, sino también a Rousseff, como los principales líderes de una gran "organización criminal" que fue descubierta por la investigación Lavado de Autos. Pero como InSight Crime ha informado previamente, la corrupción que afecta a los sistemas económicos y políticos de Brasil es tan profundamente arraigada y descentralizada que es poco probable que sólo un puñado de personas hayan realmente dirigido las actividades reveladas por la investigación, como la acusación parece sugerir.

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Y aunque las acusaciones recientes han sido interpretadas por muchos medios de comunicación en el sentido de que el PT es en sí una “organización criminal”, la acusación en efecto se refiere al partido político como uno de los muchos actores involucrados en el escándalo de corrupción puesto en evidencia por la investigación Lavado de Autos.

La acusación hace énfasis en que los exmandatarios Lula y Rousseff sabían que dichas actividades de corrupción se estaban llevando a cabo durante su mandato. Y señala que quizá desempeñaron un papel clave para permitir que continuara lo que los funcionarios han descrito como "corrupción sistémica".

¿Pero qué diferencia marcarán los fiscales en la conspiración en el caso del PT y en el de los demás? La corrupción es generalizada y en realidad es una extensión de las redes y prácticas de corrupción que se remontan a la época de la dictadura militar en el país entre las décadas de los sesenta y los ochenta. Si el gobierno logra demostrar su caso, las autoridades podrían vincular a muchas otras personas a esa misma red de corrupción. Y aunque quizá esto se justifica en los casos en los cuales los líderes han sido protegidos o han logrado ocultar las ganancias obtenidas, también podría hacerse un uso abusivo de esta poderosa herramienta fiscal.